El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, marca el ritmo de lo que será su gestión. En 100 días al frente del ente de control fiscal muestra avances en su tarea de buscar posibles detrimentos en las entidades públicas de la ciudad. A obras con retrasos o sin ejecución, proyectos con problemas desde la planeación y hallazgos fiscales en áreas como tecnología, catastro y vivienda, destacó un caso emblemático: la pérdida de dineros en la Universidad Distrital.
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Zuluaga analizó el proceso de responsabilidad fiscal, con fallo de primera instancia, por el manejo de COP 30.000 millones que, durante años, se gastaron en la institución sin registro, sin soportes y sin posibilidad de rastrear su destino. Tras analizar las evidencias, el funcionario confirmó en segunda instancia la decisión contra funcionarios y exfuncionarios de la institución educativa, por hechos ocurridos entre 2012 y 2019.
La decisión quedó en firme y ahora comienza el proceso para tratar de recuperar los recursos, bien sea, a través de pólizas —si existen— o cobrándoles a los responsables. “No es una cifra menor y hay unos responsables identificados, que están en obligación de devolver cada peso comprometido”, señaló el contralor.
Una “caja menor” que operó por fuera del sistema
El caso gira en torno al manejo de recursos provenientes de contratos y convenios interadministrativos, que fueron canalizados a través de una cuenta que operó, en la práctica, como una “caja menor” paralela. Durante años, ese dinero no se registró en los estados financieros y salían sin trazabilidad, soportes o justificación. “Salía y salía plata, pero nunca hubo un registro”, resumió el contralor.
Lejos de ser un hecho aislado, se trató de un esquema sostenido en el tiempo. No fue un gasto puntual, sino una práctica reiterada desde 2012, que incluyó compras de bienes, pagos sin relación con la misión institucional e incluso adquisiciones como vehículos. La falta de control impidió establecer el destino final de los recursos, lo que derivó en un detrimento patrimonial y evidenciando fallas graves en los sistemas de control interno, contable y financiero de la entidad.
Más control… pero sobre un problema que persiste
El contralor Zuluaga destacó que en los últimos meses ha priorizado procesos, que buscan proteger los recursos de los bogotanos. En total, hay 40 casos, con presuntos hallazgos fiscales que suman COP 340.000 millones. Sin embargo, las cifras reflejan una realidad incómoda: una Contraloría más activa también implica un mayor número de irregularidades detectadas. Como reconoce el propio contralor, “son resultados positivos para la entidad, pero negativos para la ciudad.”
Un sistema que no alcanza
El problema de fondo es estructural, dice el funcionario. La Contraloría vigila más de COP 103 billones en recursos públicos en Bogotá, distribuidos en sectores como Hacienda (COP 39,5 billones), Movilidad (COP 17,6 billones), Servicios Públicos (COP 12,4 billones), Salud (COP 10,4 billones) y Educación (COP 10,4 billones), entre otros. También incluye áreas como participación ciudadana, hábitat, integración social, cultura, seguridad, desarrollo económico y gestión jurídica.
Con una planta cercana a los 1.060 funcionarios, el reto es evidente: auditar un universo que supera la capacidad operativa. ¿El resultado? un modelo que llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Frente a ese panorama, la entidad ha intentado ajustar su enfoque. En estos primeros meses, según el contralor, se ha incrementado la presencia en territorio con visitas en las 20 localidades y más de 200 recorridos en campo, en un intento por acercar el control fiscal a la ejecución real de los recursos.
La apuesta, en palabras de Zuluaga, es “sacar el control fiscal del escritorio y llevarlo al territorio”. En ese proceso —según cifras de la entidad— más de 2.143 ciudadanos han sido escuchados, se han posesionado más de 400 contralores estudiantiles y se han tramitado 811 solicitudes a través de canales de atención.
Más allá de los números, el enfoque apunta a que la ciudadanía participe como canal de alerta. Sin embargo, el propio contralor reconoce dos límites clave: por un lado, que “la gente no sabe qué hace la Contraloría”, y por otro, que muchas de las demandas ciudadanas desbordan sus funciones. En los encuentros en territorio, explica, es frecuente que los ciudadanos pidan soluciones directas —terminar obras, tapar huecos o ejecutar proyectos—, tareas que no le corresponden a la entidad.
Esa confusión, admite, termina generando un desgaste institucional y evidencia una brecha entre lo que la ciudadanía espera y el alcance real del control fiscal, que, en esencia, se limita a vigilar el uso de los recursos públicos y no a resolver problemas operativos.
Obras detenidas y fallas de planeación
Según el balance de la Contraloría de Bogotá, uno de los hallazgos más recurrentes tiene que ver con obras que no avanzan o que nunca arrancan. Ese diagnóstico se refleja en campo. Más del 60 % de los proyectos con dificultades presentan fallas desde la planeación, especialmente por problemas de licencias, predios sin titularidad clara o estudios incompletos. “La principal causa de los detrimentos en el país, es la falta de planificación”, explicó Zuluaga.
El TransmiCable de Potosí, en Ciudad Bolívar, por ejemplo, es uno de los más claros. La obra, de COP 529.000 millones y adjudicada en 2023, sigue suspendida y sin iniciar su fase de construcción, con 0 % de avance físico pese a los recursos ya comprometidos. El proyecto, clave para la movilidad de más de 600.000 habitantes, hoy permanece detenido mientras se resuelven problemas con los predios.
De acuerdo con el contralor, en muchos casos las obras se adjudican sin tener resueltos aspectos esenciales: “La mayoría de las obras que no arrancan es por falta de titulación (…) o porque no tienen licencia de construcción”.
El problema no se queda ahí. Hay proyectos que, incluso después de iniciados, se frenan durante años por trámites que debieron resolverse antes. El contralor puso como ejemplo obras que tardaron hasta tres años en obtener licencias luego de haber sido contratadas, lo que termina traducido en retrasos, sobrecostos y pérdida de recursos públicos.
A esto se suma una dinámica que agrava el panorama: la acumulación de estudios sin decisiones de fondo. En algunos proyectos, explicó, se han hecho múltiples evaluaciones técnicas sin que exista una definición clara sobre su viabilidad, lo que prolonga la incertidumbre y mantiene congeladas inversiones millonarias.
Desde el control fiscal, los procesos también toman tiempo. Pueden durar años porque pasan por varias etapas, dependen de la priorización de cada administración y requieren fallos en primera y segunda instancia. Esto, según reconoció el contralor, termina generando la percepción de que “no pasa nada”, incluso cuando los casos siguen en curso.
Frente a ese escenario, la Contraloría ha intentado asumir un rol más activo, aunque limitado por su naturaleza. “Nuestra función es auditar después de ejecutar”, insistió Zuluaga, al explicar que la entidad no puede intervenir directamente en la ejecución de obras, sino vigilar el uso de los recursos y establecer responsabilidades.
Aun así, en la práctica ha optado por acompañar algunos proyectos a través de estrategias de seguimiento y articulación. En ese marco, priorizó 19 obras por cerca de COP 1,8 billones con el objetivo de evitar que se conviertan en nuevos “elefantes blancos”.
Ese acompañamiento, sin embargo, no elimina las consecuencias. El contralor fue claro en que los retrasos y las adiciones presupuestales siguen constituyendo posibles detrimentos: obras que costaban menos terminan valiendo el doble o el triple, y esa diferencia —en términos fiscales— también debe ser investigada.
Alertas fiscales que preocupan
El caso de la Universidad Distrital no es aislado. En los primeros meses de auditoría, la Contraloría ha identificado irregularidades en distintos sectores que, aunque ocurren en escenarios distintos, comparten un mismo problema de fondo: decisiones mal ejecutadas y controles insuficientes.
Uno de los casos más representativos es el de COP 4.069 millones invertidos en tres módulos del sistema de información LegalBog, que nunca entraron en operación ni generaron utilidad para la Secretaría Jurídica Distrital. Es decir, recursos públicos destinados a una herramienta tecnológica que, en la práctica, no cumplió ninguna función.
A esto se suma un hallazgo por COP 2.069 millones en Américas Business Process Services S.A., relacionado con deficiencias en las medidas de contingencia adoptadas tras el ciberataque de 2025. Las fallas no solo evidenciaron debilidades en la gestión del riesgo, sino que afectaron la continuidad del servicio.
En el frente catastral, la entidad identificó inconsistencias por COP 806 millones, asociadas a errores en avalúos, clasificación de predios y procesos de actualización. Estas fallas terminaron impactando directamente la correcta liquidación del impuesto predial, es decir, el bolsillo de los ciudadanos y las finanzas del Distrito.
Finalmente, en materia de vivienda, se evidenció un posible detrimento por COP 767 millones, relacionado con pagos de ayudas de relocalización y servicios públicos tras el abandono o terminación de obras, sin que se garantizara la entrega efectiva de viviendas a los beneficiarios en proyectos de la Caja de la Vivienda Popular.
Más allá de las cifras, los casos muestran un patrón que se repite: recursos que se ejecutan sin que necesariamente se traduzcan en resultados concretos, proyectos que se quedan a mitad de camino y decisiones que terminan generando costos adicionales para la ciudad.
otro los puntos críticos que ha identificado la Contraloría es la capacidad del sistema de reclusión en Bogotá. el hacinamiento sigue siendo una presión constante para la ciudad y evidencia un problema que no se resuelve únicamente con operativos o medidas de corto plazo.
En ese contexto, la entidad puso el foco en la segunda fase del centro de reclusión distrital, una obra cercana a los COP 25.000 millones que busca ampliar la capacidad instalada y aliviar la sobrecarga en estaciones de Policía y centros de detención. El proyecto hace parte de las obras priorizadas dentro del programa de seguimiento, con el que la Contraloría busca evitar retrasos y detectar a tiempo riesgos en su ejecución.
Según explicó el contralor, el papel de la entidad será hacer un seguimiento cercano al avance del proyecto y articular con las entidades responsables para que la obra llegue a término, sin que eso implique sustituir sus funciones. “Nuestra tarea es vigilar y hacer control”, insistió, al reconocer que, aunque no ejecuta, sí puede incidir para que este tipo de proyectos no se queden a mitad de camino.
Lo que viene: más control y más tecnología
Para los próximos meses, la entidad proyecta aumentar el trabajo en territorio, intensificar las visitas a proyectos de alto impacto y cerrar auditorías clave, con resultados desagregados por sector y localidad.
El otro frente es la transformación digital. La apuesta es implementar un modelo que integre inteligencia artificial, analítica de datos, interoperabilidad de sistemas y herramientas predictivas para anticipar riesgos en el uso de los recursos públicos.
La meta, en palabras de la entidad, es clara: pasar de un control reactivo a uno preventivo.
El fondo del problema
El balance deja una tensión evidente. Por un lado, hay más fallos, mayor recaudo y una presencia más activa en terreno. Por otro, los casos muestran que las fallas siguen ocurriendo en lo esencial. El caso de la Universidad Distrital no es un hecho aislado. Es un síntoma, es un reflejo de cómo, durante años, los recursos públicos pueden moverse sin controles efectivos. El reto ahora es que el control fiscal deje de llegar tarde. Y, como lo ha planteado el propio contralor, que la entidad logre anticiparse a los problemas antes de que el daño esté hecho.
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Por Ana Rodríguez Novoa
