La política de las proteínas

Supongamos que hay un niño bogotano, un niño que tiene 12 años y que todos los días, a media mañana, recibe una bolsita de refrigerio, cortesía de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es probable que este niño desconozca que, al tomarse el kumis y comerse el bizcocho y el queso, se está comiendo el 30% de los nutrientes que necesita para sobrevivir diariamente.

También es probable que este niño no sepa que, desde hace diez días, está recibiendo un poco menos de hierro, calcio, carbohidratos, proteínas, grasas y calorías. Mucho menos sabrá que esta imperceptible reducción tiene al alcalde Gustavo Petro y a su secretario de Educación, Óscar Sánchez, en un complicado lío político del que no han podido salirse.

A finales de abril, con el argumento de que quería romper el monopolio en la provisión de refrigerios y reducir el alto costo de los mismos, el secretario de Educación se lanzó a contratar la provisión de alimentos en las 20 zonas en las que está dividida la ciudad a través de una subasta inversa operada por la Bolsa Mercantil de Colombia.

Desde el momento en que Sánchez anunció su intención, le llovieron críticas y advertencias, especialmente de los concejales Antonio Sanguino y Roberto Hinestrosa, quienes en su momento advirtieron que obligar a un grupo de empresas anónimas a ofrecer un producto al menor precio posible degradaría necesariamente el valor nutricional de los refrigerios.

Pues bien, El Espectador conoció el informe oficial elaborado por el equipo de nutricionistas de la Universidad Nacional de Colombia a cargo de la interventoría a este programa desde 2005. El reporte confirma que, en efecto, el mecanismo de contratación a través de la bolsa mercantil redujo la cantidad de nutrientes de los alimentos, en especial los refrigerios tipo B, que son entregados a estudiantes de 3 a 7 de bachillerato.

Esta reducción le ha dado la oportunidad a críticos de la secretaría, en especial el concejal Sanguino, de atacar la gestión de Sánchez y acusarla de reducir el bienestar de los niños, en especial los más pobres.

Para aquellos que apoyan a Sanguino, incluyendo algunos nutricionistas consultados por este diario que prefirieron mantener su nombre en reserva, hay que tener en cuenta que es probable que para muchos niños el refrigerio otorgado por la secretaría sea la mejor comida que ingieran en el día. “La secretaría debería darles lo mejor, especialmente a este tipo de niños”, asegura una especialista.

Otro de los detractores del experimento de la secretaría es el contralor Diego Ardila, quien ayer mismo se pronunció en contra del modelo. Según verificaron sus auditores, los contratistas tuvieron que reducir el tamaño de los alimentos para poder competir en la subasta y los menú tipo B perdieron un 12% de las calorías que debían suministrar.

Sin embargo, el debate no es tan sencillo. Al secretario Sánchez lo apoyan concejales como Angélica Lozano, que han celebrado el ahorro del Distrito gracias al mecanismo de subasta inversa. Sólo en la pasada adjudicación, la secretaría se ahorró cerca de $3.000 millones. “Con este dinero pensamos extender la entrega de refrigerios a niños y jóvenes que actualmente no los reciben”, asegura José Ricardo Puyana, subsecretario de Acceso y Permanencia, y quien tiene a cargo este proceso.

La misma directora de la interventoría del programa, Sandra Cubillos, parece estar del lado del Distrito. Según la especialista en nutrición de la Universidad Nacional, la reducción de nutrientes —y la reducción de las porciones de carbohidratos como bizcochos — “no es estadísticamente significativa”. “Desde el punto de vista nutricional, no podemos decir que el impacto sea alto”, asegura Cubillos, especialmente porque la subasta ideada por el Distrito obligó a los operadores a cumplir con unos mínimos estipulados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Debe el Distrito darles menos nutrientes a más niños o debe darle mejores refrigerios a un grupo más reducido de ellos? La ausencia de respuestas definitivas a esta pregunta caldeó el debate ayer en el Concejo de Bogotá, como promete seguir haciéndolo durante el resto de la semana.

Supongamos que hay un niño bogotano, un niño que tiene 12 años y que todos los días, a media mañana, recibe una bolsita de refrigerio, cortesía de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es probable que este niño desconozca que, al tomarse el kumis y comerse el bizcocho y el queso, se está comiendo el 30% de los nutrientes que necesita para sobrevivir diariamente.

También es probable que este niño no sepa que, desde hace diez días, está recibiendo un poco menos de hierro, calcio, carbohidratos, proteínas, grasas y calorías. Mucho menos sabrá que esta imperceptible reducción tiene al alcalde Gustavo Petro y a su secretario de Educación, Óscar Sánchez, en un complicado lío político del que no han podido salirse.

A finales de abril, con el argumento de que quería romper el monopolio en la provisión de refrigerios y reducir el alto costo de los mismos, el secretario de Educación se lanzó a contratar la provisión de alimentos en las 20 zonas en las que está dividida la ciudad a través de una subasta inversa operada por la Bolsa Mercantil de Colombia.

Desde el momento en que Sánchez anunció su intención, le llovieron críticas y advertencias, especialmente de los concejales Antonio Sanguino y Roberto Hinestrosa, quienes en su momento advirtieron que obligar a un grupo de empresas anónimas a ofrecer un producto al menor precio posible degradaría necesariamente el valor nutricional de los refrigerios.

Pues bien, El Espectador conoció el informe oficial elaborado por el equipo de nutricionistas de la Universidad Nacional de Colombia a cargo de la interventoría a este programa desde 2005. El reporte confirma que, en efecto, el mecanismo de contratación a través de la bolsa mercantil redujo la cantidad de nutrientes de los alimentos, en especial los refrigerios tipo B, que son entregados a estudiantes de 3 a 7 de bachillerato.

Esta reducción le ha dado la oportunidad a críticos de la secretaría, en especial el concejal Sanguino, de atacar la gestión de Sánchez y acusarla de reducir el bienestar de los niños, en especial los más pobres.

Para aquellos que apoyan a Sanguino, incluyendo algunos nutricionistas consultados por este diario que prefirieron mantener su nombre en reserva, hay que tener en cuenta que es probable que para muchos niños el refrigerio otorgado por la secretaría sea la mejor comida que ingieran en el día. “La secretaría debería darles lo mejor, especialmente a este tipo de niños”, asegura una especialista.

Otro de los detractores del experimento de la secretaría es el contralor Diego Ardila, quien ayer mismo se pronunció en contra del modelo. Según verificaron sus auditores, los contratistas tuvieron que reducir el tamaño de los alimentos para poder competir en la subasta y los menú tipo B perdieron un 12% de las calorías que debían suministrar.

Sin embargo, el debate no es tan sencillo. Al secretario Sánchez lo apoyan concejales como Angélica Lozano, que han celebrado el ahorro del Distrito gracias al mecanismo de subasta inversa. Sólo en la pasada adjudicación, la secretaría se ahorró cerca de $3.000 millones. “Con este dinero pensamos extender la entrega de refrigerios a niños y jóvenes que actualmente no los reciben”, asegura José Ricardo Puyana, subsecretario de Acceso y Permanencia, y quien tiene a cargo este proceso.

La misma directora de la interventoría del programa, Sandra Cubillos, parece estar del lado del Distrito. Según la especialista en nutrición de la Universidad Nacional, la reducción de nutrientes —y la reducción de las porciones de carbohidratos como bizcochos — “no es estadísticamente significativa”. “Desde el punto de vista nutricional, no podemos decir que el impacto sea alto”, asegura Cubillos, especialmente porque la subasta ideada por el Distrito obligó a los operadores a cumplir con unos mínimos estipulados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Debe el Distrito darles menos nutrientes a más niños o debe darle mejores refrigerios a un grupo más reducido de ellos? La ausencia de respuestas definitivas a esta pregunta caldeó el debate ayer en el Concejo de Bogotá, como promete seguir haciéndolo durante el resto de la semana.