La política para los habitantes de calle en Bogotá

Han pasado tres años y medio desde que el alcalde Gustavo Petro intervino en su primer cabildo abierto con habitantes de calle, en la plaza del Voto Nacional. A partir de ese momento su administración asumió oficialmente el compromiso de hacer más digno el día a día de esa población. Hoy, después de tanto trecho recorrido, el mandatario firma un decreto que consigna lo que su administración considera que debe hacerse de aquí a 2025, al menos desde el Distrito.

Se trata, de entrada, de un mandato legal. En 2013 el Congreso aprobó la Ley 1641, que esboza las líneas generales que debe tener una política pública integral para atender a esas personas y obliga al Ministerio de Salud y los entes territoriales (como Bogotá) a diseñar e implementar programas que vayan en esa dirección.

La propuesta del Distrito precisa medidas que deberán aplicarse en salud, trabajo y desarrollo urbano. En el primer punto, por ejemplo, propone acceso integral a servicios de salud, manejo básico del consumo de sustancias psicoactivas y una red que garantice la salud oral.

En lo laboral propende por incluirlos en la industria del reciclaje, sea formalizando a quienes ya trabajan en ella o apoyando proyectos de emprendimiento en ese campo. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Integración Social, la principal fuente de ingresos de 54 de cada 100 habitantes de calle es la recolección de objetos reciclables. Serían cerca de 6.400, si se tiene en cuenta que esa dependencia calcula que puede haber entre 11.000 y 13.000. El censo más reciente, de 2011, contó 9.670.

El decreto considera, por otra parte, la posibilidad de que las empresas integren a esta población en sus procesos mediante acciones de responsabilidad social.

Y sobre desarrollo urbano, la propuesta es incluir en el ordenamiento territorial (el nuevo Concejo discutirá la modificación del POT) el fenómeno de la habitabilidad en la calle, de tal forma que se regulen los hospedajes, inquilinatos y sitios donde se paga a diario, y reasentar a personas que, aunque no viven en la calle, están en riesgo de quedar en esa condición.

Son intenciones que la administración de Enrique Peñalosa deberá concretar, aunque el secretario de Integración Social, Jorge Rojas, resalta lo alcanzado hasta ahora: “Dejaremos una hoja de ruta para la atención, una metodología y una infraestructura instalada”, como los centros Humanidad y Bacatá, en el centro.

La administración, sin embargo, considera que es insuficiente firmar una nueva norma si el panorama estructural no cambia. Rojas agrega: “Podemos tener todos los centros de atención y los recursos, pero mientras el control sobre esa población lo tengan los narcotraficantes a través de la adicción, será muy difícil que el Estado les gane la pelea a la drogodependencia y al microtráfico en Bogotá”. De ahí que insista en la propuesta de implementar centros regulados de consumo de drogas para que, por ejemplo, suministrando marihuana baje la ansiedad de los adictos al bazuco. Es algo que el gobierno Petro ha puesto sobre la mesa desde el comienzo, pero que depende de cambios normativos nacionales.

Han pasado tres años y medio desde que el alcalde Gustavo Petro intervino en su primer cabildo abierto con habitantes de calle, en la plaza del Voto Nacional. A partir de ese momento su administración asumió oficialmente el compromiso de hacer más digno el día a día de esa población. Hoy, después de tanto trecho recorrido, el mandatario firma un decreto que consigna lo que su administración considera que debe hacerse de aquí a 2025, al menos desde el Distrito.

Se trata, de entrada, de un mandato legal. En 2013 el Congreso aprobó la Ley 1641, que esboza las líneas generales que debe tener una política pública integral para atender a esas personas y obliga al Ministerio de Salud y los entes territoriales (como Bogotá) a diseñar e implementar programas que vayan en esa dirección.

La propuesta del Distrito precisa medidas que deberán aplicarse en salud, trabajo y desarrollo urbano. En el primer punto, por ejemplo, propone acceso integral a servicios de salud, manejo básico del consumo de sustancias psicoactivas y una red que garantice la salud oral.

En lo laboral propende por incluirlos en la industria del reciclaje, sea formalizando a quienes ya trabajan en ella o apoyando proyectos de emprendimiento en ese campo. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Integración Social, la principal fuente de ingresos de 54 de cada 100 habitantes de calle es la recolección de objetos reciclables. Serían cerca de 6.400, si se tiene en cuenta que esa dependencia calcula que puede haber entre 11.000 y 13.000. El censo más reciente, de 2011, contó 9.670.

El decreto considera, por otra parte, la posibilidad de que las empresas integren a esta población en sus procesos mediante acciones de responsabilidad social.

Y sobre desarrollo urbano, la propuesta es incluir en el ordenamiento territorial (el nuevo Concejo discutirá la modificación del POT) el fenómeno de la habitabilidad en la calle, de tal forma que se regulen los hospedajes, inquilinatos y sitios donde se paga a diario, y reasentar a personas que, aunque no viven en la calle, están en riesgo de quedar en esa condición.

Son intenciones que la administración de Enrique Peñalosa deberá concretar, aunque el secretario de Integración Social, Jorge Rojas, resalta lo alcanzado hasta ahora: “Dejaremos una hoja de ruta para la atención, una metodología y una infraestructura instalada”, como los centros Humanidad y Bacatá, en el centro.

La administración, sin embargo, considera que es insuficiente firmar una nueva norma si el panorama estructural no cambia. Rojas agrega: “Podemos tener todos los centros de atención y los recursos, pero mientras el control sobre esa población lo tengan los narcotraficantes a través de la adicción, será muy difícil que el Estado les gane la pelea a la drogodependencia y al microtráfico en Bogotá”. De ahí que insista en la propuesta de implementar centros regulados de consumo de drogas para que, por ejemplo, suministrando marihuana baje la ansiedad de los adictos al bazuco. Es algo que el gobierno Petro ha puesto sobre la mesa desde el comienzo, pero que depende de cambios normativos nacionales.