Bogotá

10 Mar 2012 - 9:00 p. m.

La primera crisis de Petro

Lo que empezó como una protesta pacífica, terminó convertido en el peor caos que ha afrontado el sistema en su historia y en una dura confrontación entre el alcalde Gustavo Petro y su antiguo partido, el Polo Democrático.

Redacción Bogotá

La crisis de Transmilenio estaba cantada. Con 500.000 usuarios nuevos desde 2006, cuando dejó de crearse un metro más de vía para el sistema, tarde o temprano el sobrecupo, la insuficiencia de los buses o la falta de articulados en horas pico iban a provocar la reacción ciudadana. Hoy se discute si hubo móviles políticos en la protesta o quién tiene la responsabilidad por los desórdenes, pero el tema de fondo es que el sistema se volvió insuficiente y las soluciones son urgentes.

Hace once años y tres meses, cuando fue inaugurada la primera ruta de Transmilenio en la administración de Enrique Peñalosa, el sistema impactó en una ciudad que vivía en la cotidianidad de buses atestados de pasajeros librando la guerra del centavo. En ese momento, Transmilenio se volvió una especie de joya de la corona para los bogotanos, a tal punto que en otras ciudades empezó a implementarse el mismo modelo. Pero la capital también fue creciendo en población y problemas, y el sistema se quedó corto.

En la actualidad, este modelo de transporte plantea una infraestructura de siete portales y 114 estaciones, que está siendo atendida por 1.291 buses articulados más los alimentadores. En promedio y, según cifras oficiales, se movilizan en Transmilenio diariamente 1’730.000 pasajeros, aunque la capacidad sólo es de 1’200.000 usuarios.

Salta a la vista que hoy es el sistema de transporte más importante de la ciudad, pero hoy es insuficiente. A mediano plazo está previsto que entre en funcionamiento la Fase III de Transmilenio, que incluye las troncales de la calle 10ª y calle 26, pero aún así nada puede garantizar que no se sigan presentando los dilemas de hoy.

En el trasfondo de la discusión y más allá del propio Transmilenio hay un problema que, junto a la seguridad, se ha convertido en el tema más complejo para la sociedad capitalina: la movilidad. Desde los días de la administración Garzón estaba diagnosticado el problema. Por eso puede hablarse de una crisis de vieja data con muchas omisiones acumuladas y pocos dolientes.

En eso es ineludible otorgarles la razón a los usuarios, pero a todas luces censurable el vandalismo que se tomó el viernes las principales estaciones del sistema. Sebastián Galeano, uno de los artífices de las protestas de los últimos días y vocero de la Unión de usuarios de Transmilenio, tras recalcar que no es cierto que existan motivaciones políticas y que su grupo rechaza las acciones violentas, resume en pocas frases cuáles son sus razones: “Pedimos reducción de tarifas, aumento de buses, disminución del hacinamiento y que el sistema revise sus contratos, porque hoy sólo se están beneficiando económicamente 12 familias”.

Es la voz de quienes todos los días, desde las primeras horas de la madrugada, tienen que apretujarse en los buses del “Transmilleno”, como lo denominan coloquialmente. Eso si se tiene suerte de ocupar alguno de los rincones del articulado. El destino alterno es esperar con sobredosis de paciencia y el riesgo de llegar tarde a clase, al trabajo. Además, con los riesgos de ser robados, manoseados, o expuestos a cualquier accidente que puede ser fatal.

De alguna manera, lo acaba de diagnosticar la Procuraduría General de la Nación, al advertir que Transmilenio hoy adolece de múltiples fallas. Hubo irregularidades en la planeación del servicio, no se calculó cómo iba a crecer la demanda de los pasajeros y, en general, no es adecuada la cobertura frente a las necesidades del servicio. En su criterio, tiene que primar la integridad del usuario, y así se lo hizo saber la Procuraduría Delegada para la Función Pública al alcalde Gustavo Petro Urrego.

Es decir, hay una realidad que no puede ocultarse y que se vive a diario, al margen de las discusiones políticas. No obstante, por los dilemas de los últimos tiempos en la ciudad, no cabe duda de que también Transmilenio se convirtió en el caballito de batalla de la discusión por el poder. Del peñalosismo, sacando pecho porque su líder fue el artífice de este aporte; o de sus opositores, que no han dejado de fustigar el sistema, muchas veces sin aportar otra idea para superar los problemas de movilidad en Bogotá.

Desde antes de que se creara la elección popular de alcaldes, se habló de la necesidad de un metro en Bogotá. Otras capitales de Latinoamérica, con menos posibilidades de expansión en número de habitantes, lo construyeron a tiempo. Hoy Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes y el metro sigue siendo una quimera. Y qué decir de otras opciones y promesas incumplidas como el tren de cercanías.

Pero prevalece la política. Empezando por el propio alcalde Gustavo Petro, quien decidió emprenderla contra sus excopartidarios del Polo Democrático y particularmente contra su presidenta y exalcaldesa Clara López. Con duras palabras, como manifestar que no piensa gobernar con mafias y que quienes organizaron la protesta del viernes pasado son contratistas de la administración de Clara López.

Como era de esperarse, la respuesta no tardó. Y provino de quien ayer era su compañero en la política, el senador Jorge Enrique Robledo. “No es con falsos positivos como el alcalde Gustavo Petro debe atender los reclamos de los bogotanos en contra del pésimo servicio de Transmilenio. Él no debe inventarse falsas causas para explicar la protesta, sino buscar soluciones porque Transmilenio tiene el pasaje más caro de América Latina, obligando a sus usuarios a amontonarse en condiciones que lesionan la dignidad de las personas”.

A su vez, la exalcaldesa Clara López le contestó recordándole al alcalde Petro que la protesta es un derecho y que no sabe qué tan útil sea pasarse el día trinando acusaciones cuando la ciudad exige soluciones. La exalcaldesa no desaprovechó la ocasión para cobrar que en su administración dejó listos los diseños para la construcción de la primera línea del metro y concretó el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que debe iniciarse a mediados de este año.

Desde otros sectores políticos hay defensas y críticas. El representante conservador a la Cámara Telésforo Pedraza sostiene que no se le puede endilgar toda la culpa a Gustavo Petro y que las administraciones pasadas tenían la obligación de adoptar medidas. Pero de todos modos el desborde del sistema estaba advertido y hoy es urgente superar la realidad de sobrecupos, abusos, robos y los cerca de $300 mil millones que se requieren para reparar las losas estropeadas de las troncales.

El concejal Miguel Uribe Turbay opina en la misma dirección: “No creo que el colapso del sistema sea responsabilidad de una sola administración. Es la acumulación del inconformismo, pero las soluciones están a la vista: nuevas troncales, metro, tren y el Sistema Integrado de Transporte Público”. El representante a la Cámara por Bogotá Alfonso Prada redondea el comentario con una afirmación: “Hay un retraso de cinco años y total ausencia de gerencia para las cosas pequeñas. Además, sí creo que es necesario ver los contratos”.

En este último punto, el representante de los operadores, Víctor Raúl Martínez, tiene una advertencia: “Rechazamos todas las expresiones de violencia, pero hay que respetar los contratos por aquello de la estabilidad jurídica. Además, es absurdo que el alcalde insinúe que tenemos que ver con el sabotaje. Es el gobierno distrital el que tiene que mejorar la infraestructura. Lo demás es especulación y el alcalde está actuando precipitadamente al señalarnos”.

El exalcalde Peñalosa asume que seguramente las protestas no son espontáneas, pero cree que hoy no existe una forma distinta a solucionar la movilidad masiva que con los sistemas de tipo Transmilenio. “Las que fallaron fueron las administraciones del Polo Democrático, que no hicieron nuevas troncales para ampliar el sistema y ahora el error se está repitiendo con Petro, quien se ha dedicado toda su vida a criticar y a echar carreta, pero sin una sola página de estudios sobre lo que hay que hacer para salir del colapso”.

En síntesis, el alcalde Gustavo Petro vive su primer desafío como gobernante. Un reto que significa recobrar cinco estaciones destruidas a un precio de más $1.000 millones y saber que la jornada de protestas, que dejó 60 detenidos y 10 heridos leves, más allá de las connotaciones políticas de quienes hayan sido los causantes, constituye un polvorín que requiere medidas para no convertirse en un gran incendio. Lo resumió la Mesa Amplia Nacional Estudiantil: “Rechazamos las medidas represivas”. Las autoridades también rechazan el vandalismo.

Movilidad: el dolor de cabeza capitalino

El presidente entonces se llamaba Alfonso López Pumarejo y el alcalde de la ciudad Jorge Eliécer Gaitán, quien con ocho meses en el cargo decidió poner en cintura a los transportadores de Bogotá organizándolos y evitando que privatizaran el tranvía. Pero se armó la de Troya cuando los empresarios, en respuesta al mandatario, bloquearon vías, dejaron de prestar el servicio y, en resumen, colapsaron la capital. El resultado: el presidente sugiere a Gaitán renunciar al cargo para parar el caos. La historia la cuenta María Valencia, nieta de Gaitán y quien actualmente ocupa el despacho principal de la Secretaría de Hábitat, y no dista mucho de la que tuvieron que vivir otros alcaldes como Antanas Mockus y Samuel Moreno. A Mockus le tocó enfrentar un paro de taxistas que duró siete días por su propuesta del pico y placa a esos vehículos. A Moreno, en marzo de 2010, un paro general del transporte en rechazo al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

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