La recusación a la CAR que retrasaría el POT

La Procuraduría pedirá en los próximos días a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revocar las decisiones que tomó después del 13 de mayo, relacionadas con la concertación de los puntos ambientales del proyecto Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) y la discusión sobre la solicitud de modificar la reserva Van der Hammen.

Esto, debido a que el ente de control debe resolver una recusación que interpuso la Veeduría Ciudadana para la protección de la Reserva Forestal del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” contra el director de la CAR, Néstor Franco, por “faltar al principio de imparcialidad, para decidir sobre asuntos de interés para la Alcaldía de Bogotá”. Para ellos, el directivo estaría incurso en un posible conflicto de intereses, en el plan parcial que se propone en la zona donde se encuentra la antigua sede de la Corporación.

En caso de prosperar la recusación en el ente de control, el principal afectado sería el Distrito, ya que uno de los documentos que tendrían que ser revocados sería el acta de conciliación ambiental del POT, indispensable para presentar el proyecto ante el Concejo, para su discusión y aprobación.

La recusación

El pasado 13 de mayo la Veeduría Ciudadana interpuso la recusación para que el director de la CAR se apartara de las decisiones alrededor de cualquier solicitud radicada por la Alcaldía, especialmente las relacionadas con la reserva y el proyecto del POT. En respuesta, Franco aseguró que no había razones para declararse impedido. Aquí fue donde comenzó el conflicto pues, aunque el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) señala que la recusación debía ser entregada a su superior jerárquico, hay dos versiones sobre quién debe resolver este asunto.

Según Franco, “lo primero es señalar que en materia de recusaciones ha existido un vacío legal que ha solucionado la jurisprudencia”, por lo que se apega a un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitido en agosto de 2018, en el que se analiza un caso similar en Cortolima, que al final resolvió su consejo directivo.

“El concepto considera que el consejo directivo ejerce actos de autoridad al ser nominador del director de la corporación. En tal sentido, tendría la autoridad de resolver recusaciones”, dijo Franco. Fue así como él citó el pasado 28 de mayo a reunión extraordinaria, en la que este órgano directivo de la CAR resolvió que Franco no tendría conflicto de intereses.

No obstante, otra es la versión de María Mercedes Maldonado, una de las integrantes de la Veeduría Ciudadana que firmó la recusación, quien señala que, si bien, el consejo directivo “nombra el director, le da vacaciones y nombra remplazo”, como parte de sus funciones no está resolver este tipo de casos, pues no se puede considerar un superior jerárquico.

En este mismo sentido, la semana pasada la Procuraduría se pronunció y en una primera comunicación a la CAR le advirtió que el mismo Código Administrativo dice que en el caso de las instituciones descentralizadas, como las corporaciones autónomas, las recusaciones deberán ser remitidas a este ente de control, por lo que solicitó suspender cualquier actuación relaciona con el Distrito.

Cómo el director de la CAR omitió este oficio y tramitó el recurso con el consejo directivo de la corporación, la Procuraduría le recordó un antecedente: la recusación que interpuso por Promoambiental en la discusión por la licencia ambiental de Mondoñedo. En dico caso, la CAR reconoció que este tipo de procesos los debía estudiar la Procuraduría.

Teniendo en cuenta este hecho, el ente de control le pidió a la CAR entregar las pruebas suficientes para resolver en segunda instancia la recusación. “Como ministerio público estamos advirtiendo que el consejo directivo no es el llamado a resolver estas acciones. Es decir, creemos que la decisión se tomó sin fundamento”, señala Gilberto Blanco, procurador Ambiental.

Franco aseguró que el consejo directivo de la CAR se reunirá hoy para reponder a la solicitud de la Procuraduría. "No se pueden convertir  las acciones del funcionario público en argumentos para construir acusaciones so pretexto que existe un interés institucional". 

Si bien se espera que la recusación se resuelva en las próximas semanas, la procuradora encargada pedirá a la CAR revocar las acciones que se han tomado los últimos días, es decir, la audiencia que se adelantó en medio del estudio de la sustracción de la reserva Van der Hammen y el acta de conciliación del POT.

Esto podría ser una traba para el Distrito, pues con la firma del acta de conciliación, la Secretaría de Planeación espera, en los próximos días, presentar una segunda versión del proyecto de POT, en el que incluirá los acuerdos a los que llegó con la CAR, así como las propuestas que se hicieron durante estos seis meses con la ciudadanía, académicos y demás organizaciones que participaron en el debate.

Así, el siguiente paso consistiría en presentar el proyecto ante la Consejo Distrital de Ordenamiento Territorial (CDPT), que tendrá un mes para dar un concepto que no es vinculante, es decir que el Distrito podrá acoger o no.

Si todo sigue su curso normal,en el segundo semestre de este año, el alcalde Enrique Peñalosa radicaría ante el Concejo de Bogotá el proyecto del POT, sobre el que los cabildantes tendrán 90 días para evaluar y definir si aprueba o no. De presentarse inconvenientes con la recusación de Franco todo podría cambiar para el Distrito, pues cada decisión influiría directamente en los tiempos para tratimar la expedición de un nuevo POT para la ciudad.

Nota del editor: esta fue modificada porque se decía que Franco, logró que el Distrito aprobara un plan parcial, que beneficiaría a la Corporación y este no se ha aprobado aún.

La Procuraduría pedirá en los próximos días a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revocar las decisiones que tomó después del 13 de mayo, relacionadas con la concertación de los puntos ambientales del proyecto Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) y la discusión sobre la solicitud de modificar la reserva Van der Hammen.

Esto, debido a que el ente de control debe resolver una recusación que interpuso la Veeduría Ciudadana para la protección de la Reserva Forestal del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” contra el director de la CAR, Néstor Franco, por “faltar al principio de imparcialidad, para decidir sobre asuntos de interés para la Alcaldía de Bogotá”. Para ellos, el directivo estaría incurso en un posible conflicto de intereses, en el plan parcial que se propone en la zona donde se encuentra la antigua sede de la Corporación.

En caso de prosperar la recusación en el ente de control, el principal afectado sería el Distrito, ya que uno de los documentos que tendrían que ser revocados sería el acta de conciliación ambiental del POT, indispensable para presentar el proyecto ante el Concejo, para su discusión y aprobación.

La recusación

El pasado 13 de mayo la Veeduría Ciudadana interpuso la recusación para que el director de la CAR se apartara de las decisiones alrededor de cualquier solicitud radicada por la Alcaldía, especialmente las relacionadas con la reserva y el proyecto del POT. En respuesta, Franco aseguró que no había razones para declararse impedido. Aquí fue donde comenzó el conflicto pues, aunque el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) señala que la recusación debía ser entregada a su superior jerárquico, hay dos versiones sobre quién debe resolver este asunto.

Según Franco, “lo primero es señalar que en materia de recusaciones ha existido un vacío legal que ha solucionado la jurisprudencia”, por lo que se apega a un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitido en agosto de 2018, en el que se analiza un caso similar en Cortolima, que al final resolvió su consejo directivo.

“El concepto considera que el consejo directivo ejerce actos de autoridad al ser nominador del director de la corporación. En tal sentido, tendría la autoridad de resolver recusaciones”, dijo Franco. Fue así como él citó el pasado 28 de mayo a reunión extraordinaria, en la que este órgano directivo de la CAR resolvió que Franco no tendría conflicto de intereses.

No obstante, otra es la versión de María Mercedes Maldonado, una de las integrantes de la Veeduría Ciudadana que firmó la recusación, quien señala que, si bien, el consejo directivo “nombra el director, le da vacaciones y nombra remplazo”, como parte de sus funciones no está resolver este tipo de casos, pues no se puede considerar un superior jerárquico.

En este mismo sentido, la semana pasada la Procuraduría se pronunció y en una primera comunicación a la CAR le advirtió que el mismo Código Administrativo dice que en el caso de las instituciones descentralizadas, como las corporaciones autónomas, las recusaciones deberán ser remitidas a este ente de control, por lo que solicitó suspender cualquier actuación relaciona con el Distrito.

Cómo el director de la CAR omitió este oficio y tramitó el recurso con el consejo directivo de la corporación, la Procuraduría le recordó un antecedente: la recusación que interpuso por Promoambiental en la discusión por la licencia ambiental de Mondoñedo. En dico caso, la CAR reconoció que este tipo de procesos los debía estudiar la Procuraduría.

Teniendo en cuenta este hecho, el ente de control le pidió a la CAR entregar las pruebas suficientes para resolver en segunda instancia la recusación. “Como ministerio público estamos advirtiendo que el consejo directivo no es el llamado a resolver estas acciones. Es decir, creemos que la decisión se tomó sin fundamento”, señala Gilberto Blanco, procurador Ambiental.

Franco aseguró que el consejo directivo de la CAR se reunirá hoy para reponder a la solicitud de la Procuraduría. "No se pueden convertir  las acciones del funcionario público en argumentos para construir acusaciones so pretexto que existe un interés institucional". 

Si bien se espera que la recusación se resuelva en las próximas semanas, la procuradora encargada pedirá a la CAR revocar las acciones que se han tomado los últimos días, es decir, la audiencia que se adelantó en medio del estudio de la sustracción de la reserva Van der Hammen y el acta de conciliación del POT.

Esto podría ser una traba para el Distrito, pues con la firma del acta de conciliación, la Secretaría de Planeación espera, en los próximos días, presentar una segunda versión del proyecto de POT, en el que incluirá los acuerdos a los que llegó con la CAR, así como las propuestas que se hicieron durante estos seis meses con la ciudadanía, académicos y demás organizaciones que participaron en el debate.

Así, el siguiente paso consistiría en presentar el proyecto ante la Consejo Distrital de Ordenamiento Territorial (CDPT), que tendrá un mes para dar un concepto que no es vinculante, es decir que el Distrito podrá acoger o no.

Si todo sigue su curso normal,en el segundo semestre de este año, el alcalde Enrique Peñalosa radicaría ante el Concejo de Bogotá el proyecto del POT, sobre el que los cabildantes tendrán 90 días para evaluar y definir si aprueba o no. De presentarse inconvenientes con la recusación de Franco todo podría cambiar para el Distrito, pues cada decisión influiría directamente en los tiempos para tratimar la expedición de un nuevo POT para la ciudad.

Nota del editor: esta fue modificada porque se decía que Franco, logró que el Distrito aprobara un plan parcial, que beneficiaría a la Corporación y este no se ha aprobado aún.