La reparación que pide Bogotá por el carrusel de la contratación

En medio de las recientes excarcelaciones de Guido Nule, Mauricio Galofre y Emilio Tapia, condenados por su participación en el carrusel de la contratación, el Distrito dio a conocer los procesos en los que se exige la reparación económica por el desfalco en la construcción de la Fase III de Transmilenio y otros casos de corrupción, como el carrusel de las ambulancias.

Los procesos, que se han surtido posteriores a las condenas penales, se presentaron contra los hermanos Nule y otros involucrados en el escándalo, como el abogado Álvaro Dávila (puente entre los hermanos Nule y los Moreno Rojas), y Liliana Pardo (exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU) cuyos desfalcos suman más de $600.000 millones. Por esto, el Distrito considera que deben ser reparados los perjuicios que se generaron en la ciudad.

De acuerdo con Luz Helena Rodríguez, directora de Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica, actualmente se adelantan 19 procesos jurídicos en los que el Distrito exige reparación económica por los carruseles que se originaron durante la alcaldía de Samuel Moreno. Entre estos procesos hay dos contra los hermanos Nule, por $366.000 millones, en los que figura como víctima el IDU en representación del Distrito.

En uno de esos procesos, que está en el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, el IDU solicita que se le reconozcan a la ciudad los daños que produjeron las irregularidades en el cumplimiento del contrato de construcción de la tercera fase de Transmilenio. Según Rodríguez, este proceso se abrió en 2015 y se espera que el 1° de febrero se lleve a cabo la audiencia en que se dicte un fallo.

El otro proceso lo abrió el año pasado el Juzgado 38 Administrativo del Circuito, por los perjuicios que se habrían producido por el conocido carrusel de las ambulancias, por el que el Distrito exige $90.000 millones. El proceso tendrá audiencia de etapa probatoria el próximo 29 de abril, en la que deberán demostrar los estudios técnicos en los que se identifiquen los daños.

Rodríguez asegura que algunos de los demandados han optado por el principio de oportunidad y han ofrecido indemnizaciones al Distrito, mientras surten los procesos administrativos, de los cuales hasta el momento ninguno se ha fallado.

Mientras tanto, se espera que la Fiscalía termine con la identificación de los bienes y activos del Grupo Nule. Dentro de estos se destaca la incautación, con fines de extinción de dominio, de bienes que fueron encontrados en Florida (Estados Unidos) y que fueron avaluados en $6.000 millones.

Por ahora, ante el rechazo por la orden de libertad que se le dio a Guido Nule, condenado a 19 años y cinco meses de prisión por el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, el CTI empezó la inspección judicial al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, que autorizó la medida, en medio de la investigación que abrió la Fiscalía.

La Procuraduría también se pronunció y señaló que el juzgado no valoró la gravedad del delito ni la afectación a la administración y al erario por parte de Guido Nule, teniendo en cuenta que el desfalco fue de miles de millones.

Vale recordar que, además de Guido Nule, el martes quedó en libertad el excontratista Emilio Tapia, quien aceptó los cargos y fue condenado a siete años de prisión. Asimismo, Mauricio Galofre Amín, quien fue condenado a 13 años y siete meses, salió ayer de la cárcel El Bosque de Barranquilla, habiendo cumplido siete años de su condena.

En medio de las recientes excarcelaciones de Guido Nule, Mauricio Galofre y Emilio Tapia, condenados por su participación en el carrusel de la contratación, el Distrito dio a conocer los procesos en los que se exige la reparación económica por el desfalco en la construcción de la Fase III de Transmilenio y otros casos de corrupción, como el carrusel de las ambulancias.

Los procesos, que se han surtido posteriores a las condenas penales, se presentaron contra los hermanos Nule y otros involucrados en el escándalo, como el abogado Álvaro Dávila (puente entre los hermanos Nule y los Moreno Rojas), y Liliana Pardo (exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU) cuyos desfalcos suman más de $600.000 millones. Por esto, el Distrito considera que deben ser reparados los perjuicios que se generaron en la ciudad.

De acuerdo con Luz Helena Rodríguez, directora de Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica, actualmente se adelantan 19 procesos jurídicos en los que el Distrito exige reparación económica por los carruseles que se originaron durante la alcaldía de Samuel Moreno. Entre estos procesos hay dos contra los hermanos Nule, por $366.000 millones, en los que figura como víctima el IDU en representación del Distrito.

En uno de esos procesos, que está en el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, el IDU solicita que se le reconozcan a la ciudad los daños que produjeron las irregularidades en el cumplimiento del contrato de construcción de la tercera fase de Transmilenio. Según Rodríguez, este proceso se abrió en 2015 y se espera que el 1° de febrero se lleve a cabo la audiencia en que se dicte un fallo.

El otro proceso lo abrió el año pasado el Juzgado 38 Administrativo del Circuito, por los perjuicios que se habrían producido por el conocido carrusel de las ambulancias, por el que el Distrito exige $90.000 millones. El proceso tendrá audiencia de etapa probatoria el próximo 29 de abril, en la que deberán demostrar los estudios técnicos en los que se identifiquen los daños.

Rodríguez asegura que algunos de los demandados han optado por el principio de oportunidad y han ofrecido indemnizaciones al Distrito, mientras surten los procesos administrativos, de los cuales hasta el momento ninguno se ha fallado.

Mientras tanto, se espera que la Fiscalía termine con la identificación de los bienes y activos del Grupo Nule. Dentro de estos se destaca la incautación, con fines de extinción de dominio, de bienes que fueron encontrados en Florida (Estados Unidos) y que fueron avaluados en $6.000 millones.

Por ahora, ante el rechazo por la orden de libertad que se le dio a Guido Nule, condenado a 19 años y cinco meses de prisión por el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, el CTI empezó la inspección judicial al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, que autorizó la medida, en medio de la investigación que abrió la Fiscalía.

La Procuraduría también se pronunció y señaló que el juzgado no valoró la gravedad del delito ni la afectación a la administración y al erario por parte de Guido Nule, teniendo en cuenta que el desfalco fue de miles de millones.

Vale recordar que, además de Guido Nule, el martes quedó en libertad el excontratista Emilio Tapia, quien aceptó los cargos y fue condenado a siete años de prisión. Asimismo, Mauricio Galofre Amín, quien fue condenado a 13 años y siete meses, salió ayer de la cárcel El Bosque de Barranquilla, habiendo cumplido siete años de su condena.