Bogotá

7 Dec 2020 - 2:00 a. m.

La Sabana: ¿sin planes parciales de vivienda?

La prohibición de la magistrada Nelly Villamizar, que apunta a priorizar la estructura ecológica sobre la construcción en los municipios sobre la cuenca del río Bogotá, no cayó bien entre los constructores. Ellos consideran que la decisión no solo afectará el empleo, sino que extralimita sus capacidades judiciales.

Un nuevo auto expedido por la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, en el marco de la sentencia que ordena recuperar el río Bogotá, es centro de críticas. No solo por la determinación sino por el alcance que puede tener, ya que ordenó frenar la autorización de nuevos planes parciales hasta que se ajusten los planes de ordenamiento territorial (POT), tanto en Bogotá como en los 46 municipios de la cuenca del afluente.

En sí, los planes parciales son proyectos de planificación de vivienda, en áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, con los que se busca un mejor uso del suelo, con el reparto equitativo de las cargas y beneficios, teniendo en cuenta las condiciones de construcción en altura, preservación y demás componentes especificados en los planes de ordenamiento.

Los argumentos de la magistrada se centran en que las obras en la región no se estaría planeando con una visión regional, sino solo a partir de una necesidad de construcción, que estaría dejando de lado aspectos importantes, como acueductos y alcantarillados, vías, hospitales y nuevos colegios. “Los municipios no tienen agua. La disponibilidad a la que se apegan es que Bogotá les va a vender en bloque, cuando a la ciudad ni siquiera le alcanza e, incluso, no la está dando, porque no tienen plan maestro de acueducto y alcantarillado”.

Además, resalta que tampoco se estaría teniendo en cuenta el aumento en la carga de sedimentos que ingresan al río Bogotá con la habilitación de nuevas viviendas, pues ante la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) se estaría contaminando más de lo que hasta el momento se ha logrado detener con la adecuación hidráulica y la ampliación de la PTAR Salitre. Esto se contemplaría como un incumplimiento de la sentencia, que obliga a los entes territoriales a trabajar por la descontaminación del afluente.

“En algunos municipios lo que hay son lagunas de oxidación, que están mandadas a recoger, porque no se han actualizado, solo optimizado. En otros casos, como la PTAR II de Chía, el aumento de viviendas la tiene colmada. O mire el problema de Bogotá con la falta de separación de las redes de acueducto y alcantarillado. Las aguas lluvias van por el mismo conducto que el de las aguas residuales, porque hay conexiones erradas. Si bien se está cumpliendo con identificarlas, siguen ocurriendo inundaciones en los barrios de siempre. Son temas que hay que solucionar y la magistrada no puede seguir dando plazos que la sentencia no concedió”, dijo Villamizar.

Para María Mercedes Maldonado, veedora de la reserva Van der Hammen, si solamente se ve así, sería una propuesta muy buena, pero cree que no está bien detener todos los planes parciales, así como tampoco está bien desconocer que detrás de cada plan hay una serie de determinantes previas a su aprobación, que pasa por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que debe hacer la concertación ecológica; por las secretarías de planeación, encargadas de que se velen todas las condiciones y, finalmente, por los concejos, que determinan la aprobación o negación de los proyectos.

“Eso se debe discutir a otro nivel. Ella se excede en sus competencias, porque después de una sentencia dentro del seguimiento no se pueden expedir más órdenes, pero ella las ha multiplicado. En octubre, el magistrado de la sentencia de los cerros sacó un auto en el que respondió muchas solicitudes, asegurando que no le compete expedir nuevas órdenes cuando la sentencia ya está, pero ella (Villamizar) ha hecho lo contrario y ha expedido un montón de incidentes de incumplimiento, multiplicando las órdenes de la sentencia del río Bogotá, que ella vela”, afirmó Maldonado.

Camacol también ha mostrado su malestar, pero desde la orilla de los constructores, que ven con preocupación el alcance de la sentencia sobre los planes ya aprobados, que serían eje fundamental de la reactivación económica de la ciudad, tras la cuarentena. Al respecto, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, señala que se detendrían tres planes parciales en adopción y cuatro en concertación ambiental, que representarían casi 100.000 nuevos empleos y una inversión de $7 billones.

Ante esto, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá, aseguró que “en este momento nos encontramos reunidos con los equipos técnicos, analizando el impacto del auto. A priori, consideramos que necesitamos hacer la solicitud de algunas aclaraciones, para entender la decisión y como gremio tomar algunas decisiones”.

Desde el Concejo, Lucía Bastidas (Alianza Verde) considera que esto no hubiera pasado si se hubiera aprobado el POT, que presentó Peñalosa y se cayó en el último debate, tras las elecciones. “Las razones fueron políticas, no técnicas y claro que quisieron congraciarse con la alcaldesa, ella misma dijo que le gustaban los cambios de la ponencia”.

En este punto, para Maldonado, la preocupación entonces  se centraría en agilizar el trámite del POT, que en el caso de Bogotá sigue en estructuración y cuyo proceso se surtiría el próximo año. “En efecto, va a haber una presión para sacar rápido el POT y sin los sustentos técnicos bien elaborados y la debida participación ciudadana. Eso me preocupa en Bogotá, donde de hecho casi todo el Pomca ya está en el POT vigente y de hecho se tienen medidas de protección mucho mejores, como por ejemplo una zona de protección ambiental sobre el río Bogotá más grande que en el plan de ordenamiento de la cuenca”.

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