La sin salida de las URI, agravada por el COVID-19
Los centros de paso para los recién capturados llevan años de hacinamiento. La reciente orden del Inpec de no permitir nuevos ingresos a las cárceles, para evitar contagios en los presos, empeoró la situación en estas instalaciones de la Fiscalía. Autoridades esperan que un decreto del Ministerio de Justicia ayude a descongestionarlas. Las estaciones de Policía también están desbordadas.
José David Escobar Moreno - @JoseDEM18
El avance del COVID-19 en el mundo desató, entre febrero y marzo de este año, motines en algunos centros de detención. Por ejemplo, en Italia e Irán hubo desórdenes de los presos, quienes exigían quedar en libertad ante la delicada situación de salubridad tras las rejas. Hace seis días, lo mismo sucedió en varios penales del país, siendo la cárcel La Modelo el epicentro de la situación más crítica: murieron 23 reclusos y 85 resultaron heridos, en circunstancias que las autoridades investigan. Dos días después, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy se presentó un motín en el que se fugaron 65 presos, 58 de los cuales fueron recapturados.
El Espectador habló con autoridades y miembros de la rama Judicial que conocen de cerca la situación que viven estas unidades en Bogotá, a cargo de la Fiscalía (administrativamente) y de la Policía en otros aspectos. Las fuentes, entre ellos miembros de la Policía, fiscales y abogados, dicen que la reciente situación se generó cuando el presidente Iván Duque restringió el ingreso de ciudadanos a las prisiones del país, para evitar la propagación del coronavirus. Tras la orden, las URI, que en enero tenían un hacinamiento del 127 %, se empezaron a llenar en las últimas dos semanas de más de detenidos.
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Esta semana la Personería de Bogotá volvió a denunciar las “dramáticas condiciones de salubridad” en las URI y en las estaciones de Policía, que también las usan para recluir a personas recién detenidas, las cuales (en teoría) deben permanecer máximo 36 horas allí, mientras un juez define si las envía a prisión o las deja en libertad. El ministerio público distrital aseguró que en algunas de estas instalaciones no hay antibacterial, alcohol ni agua potable permanente. Asimismo, que debido al hacinamiento (ver infografía) los detenidos están aglomerados.
Un viejo problema
La congestión en las URI es una situación que ha sido recurrentemente denunciada por varias entidades distritales. En octubre pasado, la propia Personería y la Secretaría de Salud volvieron a prender las alarmas sobre la violación de derechos humanos en las URI de Kennedy. Incluso, pusieron en evidencia cómo se propaga fácilmente un virus, al detectar un brote de varicela, por lo que se ordenó intensificar las medidas de limpieza y desinfección, protección respiratoria y cuarentena para las personas afectadas.
Lea: Presentan estrategia para crear 4.000 Unidades de Cuidados Intensivos en Bogotá
En enero de este año, la expersonera Teresa Castañeda volvió a denunciar la situación cuando se presentó un motín en la URI de Puente Aranda y, de paso, pidió que se declarara la emergencia sanitaria. En su momento, indicó que el Distrito, el Inpec y la Fiscalía no habían tomado medidas para hacer frente al hacinamiento. “Esto está desbordado, esto ya no tiene una posibilidad de solucionar el problema”.
La declaración de la emergencia carcelaria solo ocurrió cuando la situación, definitivamente, se salió de control: el 23 de marzo pasado, dos días después de que se presentara la trágica noche en La Modelo. Sobre la condición de salubridad en las URI la responsabilidad es compartida, admite un capitán de la Policía a cargo de una URI en Bogotá, quien pidió reserva de su nombre. Aseguró, además, que la congestión del sistema judicial y las cárceles en el país es una de las causas del hacinamiento.
“Cuando la capturamos es nuestro deber que esa persona esté bien de salud y que reciba alimentos. La custodia es nuestra. Una vez los miembros de la Fiscalía entran a investigar, la responsabilidad recae sobre ellos. Entonces, sobre la situación que se vive dentro de las URI, la Fiscalía, la Policía y el Distrito se echan la pelota y nadie se hace cargo”, señaló el uniformado.
Otro agravante del que tampoco nadie se hace responsable es del cierre de las URI de Ciudad Bolívar y de La Granja, en Engativá, las cuales llevan más de cinco meses fuera de servicio. Un funcionario de la Fiscalía, quien pidió anonimato, señaló que estas dos unidades estarían siendo readecuadas.
¿Cómo solucionarlo?
Una de las esperanzas que tienen las autoridades para descongestionar las cárceles está precisamente en la declaratoria de la emergencia carcelaria en el país, una medida que le permite acciones excepcionales, especialmente en términos de contratación y solicitud de apoyo de autoridades sanitarias.
A su vez, el Ministerio de Justicia prepara un decreto que contempla que los jueces otorguen prisión domiciliaria a los reclusos que hagan parte de grupos vulnerables. Por ejemplo, mayores de sesenta años, madres gestantes o con hijos menores de tres años que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica y diabetes insulinodependiente, entre otros.
Pamela Ruiz, abogada penalista de la firma Sampedro & Torres, señaló que la Fiscalía usa excesivamente la figura de la prisión preventiva en cárcel para los investigados pues, en su consideración, hay otras medidas como la prisión domiciliaria o la prohibición de salir del país. Sobre este punto también coinciden reconocidos abogados como Fabio Humar, Camilo Burbano y Mauricio Pava. En Colombia, dice la abogada Ruiz, tenemos casos de detenidos que duran cuatro o cinco meses en estos centros de paso, esperando que el Inpec los asigne a una prisión donde haya cupo. Incluso, en estaciones de Policía hay 36 personas que tiene casa por cárcel y no han sido enviados a sus hogares (ver infografía).
“Mi invitación es que entendamos que estar privado de la libertad no significa haber perdido la dignidad y los derechos. Todos somos seres humanos y todos cometemos errores, unos más graves que otros, pero siempre merecemos un perdón y una segunda oportunidad. Ellos, por diferentes situaciones o circunstancias cometieron un error, pero ellos hacen parte de nuestra sociedad y no los podemos olvidar”, señaló la penalista, quien además señaló que la construcción de nuevas cárceles sería inútil ya que la política criminal colombiana es muy reactiva y se llenaría al instante.
La Personera, Carmen Castañeda, dice que las autoridades deben adoptar medidas y protocolos urgentes para “prevenir y manejar el Covid-19 en las estaciones de policía y las uris, así como la dotación de insumos y suministros para la prevención del contagio, como tapabocas y jabón antibacterial, entre otros. También se deben establecer lugares especiales para el aislamiento sanitario de las personas que presenten síntomas de enfermedad, garantizando las debidas condiciones de seguridad”. También pidió que se abra centros temporales para alojar a los recién detenidos por la Policía.
El secretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero dice que desde esa entidad se le ha pedido al Ministerio de Justicia la construcción de una nueva cárcel y que, según él funcionario, la propuesta no ha tenido acogida. “Propusimos construir una nueva cárcel en La Picota con un cupo para 3.300 personas, que desde luego no soluciona el problema de manera inmediata, pero si no pensamos en el mediano y largo plazo nunca vamos a solucionar este tema que, ayudaría a descongestionar las URI y las estaciones de Policía” señaló el alto funcionario de la administración local, quien también señala que el decreto del Ministerio de Justicia sea un alivio para quienes ingresan al sistema carcelario.
En tiempos de emergencia sanitaria, hallar una solución es más que urgente, para evitar que el confinamiento termine convirtiendo las cárceles y centros temporales de reclusión en los principales focos de propagación del COVID-19.
El avance del COVID-19 en el mundo desató, entre febrero y marzo de este año, motines en algunos centros de detención. Por ejemplo, en Italia e Irán hubo desórdenes de los presos, quienes exigían quedar en libertad ante la delicada situación de salubridad tras las rejas. Hace seis días, lo mismo sucedió en varios penales del país, siendo la cárcel La Modelo el epicentro de la situación más crítica: murieron 23 reclusos y 85 resultaron heridos, en circunstancias que las autoridades investigan. Dos días después, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy se presentó un motín en el que se fugaron 65 presos, 58 de los cuales fueron recapturados.
El Espectador habló con autoridades y miembros de la rama Judicial que conocen de cerca la situación que viven estas unidades en Bogotá, a cargo de la Fiscalía (administrativamente) y de la Policía en otros aspectos. Las fuentes, entre ellos miembros de la Policía, fiscales y abogados, dicen que la reciente situación se generó cuando el presidente Iván Duque restringió el ingreso de ciudadanos a las prisiones del país, para evitar la propagación del coronavirus. Tras la orden, las URI, que en enero tenían un hacinamiento del 127 %, se empezaron a llenar en las últimas dos semanas de más de detenidos.
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Esta semana la Personería de Bogotá volvió a denunciar las “dramáticas condiciones de salubridad” en las URI y en las estaciones de Policía, que también las usan para recluir a personas recién detenidas, las cuales (en teoría) deben permanecer máximo 36 horas allí, mientras un juez define si las envía a prisión o las deja en libertad. El ministerio público distrital aseguró que en algunas de estas instalaciones no hay antibacterial, alcohol ni agua potable permanente. Asimismo, que debido al hacinamiento (ver infografía) los detenidos están aglomerados.
Un viejo problema
La congestión en las URI es una situación que ha sido recurrentemente denunciada por varias entidades distritales. En octubre pasado, la propia Personería y la Secretaría de Salud volvieron a prender las alarmas sobre la violación de derechos humanos en las URI de Kennedy. Incluso, pusieron en evidencia cómo se propaga fácilmente un virus, al detectar un brote de varicela, por lo que se ordenó intensificar las medidas de limpieza y desinfección, protección respiratoria y cuarentena para las personas afectadas.
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En enero de este año, la expersonera Teresa Castañeda volvió a denunciar la situación cuando se presentó un motín en la URI de Puente Aranda y, de paso, pidió que se declarara la emergencia sanitaria. En su momento, indicó que el Distrito, el Inpec y la Fiscalía no habían tomado medidas para hacer frente al hacinamiento. “Esto está desbordado, esto ya no tiene una posibilidad de solucionar el problema”.
La declaración de la emergencia carcelaria solo ocurrió cuando la situación, definitivamente, se salió de control: el 23 de marzo pasado, dos días después de que se presentara la trágica noche en La Modelo. Sobre la condición de salubridad en las URI la responsabilidad es compartida, admite un capitán de la Policía a cargo de una URI en Bogotá, quien pidió reserva de su nombre. Aseguró, además, que la congestión del sistema judicial y las cárceles en el país es una de las causas del hacinamiento.
“Cuando la capturamos es nuestro deber que esa persona esté bien de salud y que reciba alimentos. La custodia es nuestra. Una vez los miembros de la Fiscalía entran a investigar, la responsabilidad recae sobre ellos. Entonces, sobre la situación que se vive dentro de las URI, la Fiscalía, la Policía y el Distrito se echan la pelota y nadie se hace cargo”, señaló el uniformado.
Otro agravante del que tampoco nadie se hace responsable es del cierre de las URI de Ciudad Bolívar y de La Granja, en Engativá, las cuales llevan más de cinco meses fuera de servicio. Un funcionario de la Fiscalía, quien pidió anonimato, señaló que estas dos unidades estarían siendo readecuadas.
¿Cómo solucionarlo?
Una de las esperanzas que tienen las autoridades para descongestionar las cárceles está precisamente en la declaratoria de la emergencia carcelaria en el país, una medida que le permite acciones excepcionales, especialmente en términos de contratación y solicitud de apoyo de autoridades sanitarias.
A su vez, el Ministerio de Justicia prepara un decreto que contempla que los jueces otorguen prisión domiciliaria a los reclusos que hagan parte de grupos vulnerables. Por ejemplo, mayores de sesenta años, madres gestantes o con hijos menores de tres años que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica y diabetes insulinodependiente, entre otros.
Pamela Ruiz, abogada penalista de la firma Sampedro & Torres, señaló que la Fiscalía usa excesivamente la figura de la prisión preventiva en cárcel para los investigados pues, en su consideración, hay otras medidas como la prisión domiciliaria o la prohibición de salir del país. Sobre este punto también coinciden reconocidos abogados como Fabio Humar, Camilo Burbano y Mauricio Pava. En Colombia, dice la abogada Ruiz, tenemos casos de detenidos que duran cuatro o cinco meses en estos centros de paso, esperando que el Inpec los asigne a una prisión donde haya cupo. Incluso, en estaciones de Policía hay 36 personas que tiene casa por cárcel y no han sido enviados a sus hogares (ver infografía).
“Mi invitación es que entendamos que estar privado de la libertad no significa haber perdido la dignidad y los derechos. Todos somos seres humanos y todos cometemos errores, unos más graves que otros, pero siempre merecemos un perdón y una segunda oportunidad. Ellos, por diferentes situaciones o circunstancias cometieron un error, pero ellos hacen parte de nuestra sociedad y no los podemos olvidar”, señaló la penalista, quien además señaló que la construcción de nuevas cárceles sería inútil ya que la política criminal colombiana es muy reactiva y se llenaría al instante.
La Personera, Carmen Castañeda, dice que las autoridades deben adoptar medidas y protocolos urgentes para “prevenir y manejar el Covid-19 en las estaciones de policía y las uris, así como la dotación de insumos y suministros para la prevención del contagio, como tapabocas y jabón antibacterial, entre otros. También se deben establecer lugares especiales para el aislamiento sanitario de las personas que presenten síntomas de enfermedad, garantizando las debidas condiciones de seguridad”. También pidió que se abra centros temporales para alojar a los recién detenidos por la Policía.
El secretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero dice que desde esa entidad se le ha pedido al Ministerio de Justicia la construcción de una nueva cárcel y que, según él funcionario, la propuesta no ha tenido acogida. “Propusimos construir una nueva cárcel en La Picota con un cupo para 3.300 personas, que desde luego no soluciona el problema de manera inmediata, pero si no pensamos en el mediano y largo plazo nunca vamos a solucionar este tema que, ayudaría a descongestionar las URI y las estaciones de Policía” señaló el alto funcionario de la administración local, quien también señala que el decreto del Ministerio de Justicia sea un alivio para quienes ingresan al sistema carcelario.
En tiempos de emergencia sanitaria, hallar una solución es más que urgente, para evitar que el confinamiento termine convirtiendo las cárceles y centros temporales de reclusión en los principales focos de propagación del COVID-19.