16 Oct 2021 - 2:00 a. m.

La sin salida de los indígenas en el Parque Nacional en Bogotá

Las lluvias de los últimos días han profundizado las necesidades de las 13 comunidades que se encuentran en cambuches. En su mayoría son embera katío, en busca de ayudas y el retorno a sus territorios. El Gobierno Nacional prometió un censo. Indígenas se reunirán el martes.
Mónica Rivera Rueda

Mónica Rivera Rueda

Periodista Bogotá
Campamento Indigena en el Parque Nacional
Campamento Indigena en el Parque Nacional

Es imposible no percatarse de lo que está pasando en el Parque Nacional. Centenares de familias indígenas completan 18 días viviendo en cambuches que improvisaron con carpas y colchonetas, en busca de nuevas ayudas del Gobierno Nacional y distrital, pero detrás de esto se han develado varias circunstancias que no parecen tener pronta solución.

Lo primero por entender es que esta imagen se ha repetido a lo largo del último año. En septiembre de 2020, emberas katíos y chamís de Bagadó (Chocó), Pueblo Rico y Mistrato (Risaralda) se asentaron en uno de los costados del parque Tercer Milenio, pidiendo al Distrito ayudas para poder conseguir vivienda, dado que por las cuarentenas no habían tenido posibilidades de salir a trabajar y, por consiguiente, los habían sacado de los pagadiarios y lugares donde estaban viviendo.

La solución fue darles arriendo y un subsidio básico de alimentación por cuatro meses, que se fue renovando, pero a la par se han dado más desplazamientos forzados de indígenas a Bogotá, por lo que en marzo otro grupo llegó en similares circunstancias al parque en busca de asistencia. Según el Distrito, se han destinado $1.895 millones en atención humanitaria a 1.277 emberas, que han sido entregados en bonos canjeables por alimentos, transferencias monetarias de Bogotá Solidaria y pago de arrendamientos y mercados.

Pero para este último asentamiento indígena en el Parque Nacional, que se dio desde el pasado 29 de septiembre, la respuesta que ha dado el Distrito es que ya no puede destinar más fondos, porque la asistencia humanitaria solo es por un año y el llamado a dar soluciones permanentes es el Gobierno Nacional.

Al parque no solo llegaron emberas katíos, chamís y dobidás, sino representantes de otras trece comunidades como kubeos, coreguajes, pijaos, nasas y wayuus, en apoyo y con otras solicitudes como la construcción de una política pública étnica en la ciudad, que se estipuló en el artículo 66 del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López.

Como alternativa se ofreció a los indígenas un albergue temporal en el parque La Florida, en el occidente de la ciudad, como medida temporal mientras la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas garantiza los procesos de retorno, que se estima, se podrían dar en dos meses.

Los emberas chamís aceptaron y se trasladaron a la zona, pero los katíos decidieron quedarse en el Parque Nacional. Solicitaron al Distrito establecer el diálogo y se declararon en minga permanente, como respuesta de resistencia.

De acuerdo con Leonibal Campo, líder de los indígenas en la zona, los últimos días han sido difíciles, no solo por la alimentación sino por las condiciones en las que se encuentran, pues han tenido que dormir prácticamente en el piso y, debido a las lluvias de los últimos días, han presentado problemas en la piel y afectaciones respiratorias. “Aquí se sufre en la noche por el frío y porque todo está mojado. Se están llevando a los niños a atenderlos. Al mío se lo llevaron hoy para allá, porque tenía gripa y fiebre”.

Un menor de mes y medio tuvo que ser trasladado a un centro médico en los últimos días por complicaciones de salud, mientras que tres mujeres embarazadas han dado a luz estas semanas que han estado en el parque. Por todo esto, los entes de control que acompañan a los indígenas han insistido al Distrito que los escuchen.

“No tenemos cifras exactas, pero calculamos que más o menos el 60 % son niños, niñas, mujeres embarazadas o lactantes. Después de la granizada del jueves secaron, organizaron y la UAESP les dio bolsas y escobas para sacar la basura”, indicó Patricia Villegas, personera delegada para la protección de víctimas del conflicto armado interno, quien agregó que en el caso de los indígenas que se trasladaron a La Florida han evidenciado hacinamiento, ya que hay 1.496 en el lugar. Además, requieren soluciones de algunos inconvenientes, como las aguas negras, la cocina en leña y las dificultades que presentan para salir a vender sus artesanías, dado que el parque está en las afueras de la ciudad.

A la espera de nuevos diálogos, la alcaldesa Claudia López exigió a la Unidad de Víctimas garantizar el retorno seguro de los indígenas al territorio, ya que la mayoría buscan regresar. “Es obligación del Gobierno Nacional garantizar a los colombianos que puedan vivir dónde quieren vivir. Aquí están desplazados en Bogotá, porque no fueron capaces de garantizar la seguridad en sus territorios”, mencionó.

En respuesta, la Unidad de Víctimas ha dicho que se encuentran haciendo una caracterización de los indígenas para identificar quiénes se quieren reubicar en Bogotá y quiénes retornan, para lo que se requiere unas condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.

Sumado a esto, el director de la entidad, Ramón Rodríguez, ha dicho a medios que lo que ocurre con los indígenas es que no pagan los arriendos y por eso los terminan sacando y llegando a los parques, por lo que estarían buscando otras alternativas para entregar ayudas y garantizar el retorno.

Lo cierto es que esas alternativas deben garantizar el bienestar de las comunidades, así como que este tipo de hechos no se vuelvan panorama en la ciudad, pues se deben garantizar acciones permanentes y no temporales, como se han visto en el último año, en especial cuando se presentan hechos adversos como los que hoy viven los indígenas por cuenta de las lluvias.

De igual forma, se solicitan intervenciones oportunas, pues tanto el cabildo indígena muisca de Bosa como la Asociación de Cabildos Indígenas Embera Katío del Chocó han indicado que muchos que se identifican como líderes en la zona no son autoridades ni cuentan con la legitimidad de sus gobiernos, situación que se debe tener en cuenta a la hora de dar soluciones. Por ahora, los indígenas esperan una nueva reunión el próximo martes con un inspector, mientras se obtienen tanto nuevas respuestas del Gobierno Nacional como del Distrital para superar esta emergencia.

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