La voz de los líderes ambientales

Es difícil creer que en Cundinamarca existen 194 organizaciones y grupos comunitarios que trabajan en la defensa de los recursos naturales desde sus remotos municipios y veredas. Precisamente para conocer la trayectoria de estas comunidades, saber cuáles son los principales conflictos socioambientales que las preocupan y cuáles son las propuestas que tienen para lograr un departamento más sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Universidad Javeriana realizaron la investigación Gestión ambiental territorial, un trabajo que se presentará el próximo 6 de agosto.

La escasez de información acerca de las iniciativas de estas organizaciones en Cundinamarca llevó a la CAR a crear el documento, elaborado tras ocho meses de trabajo y cuyo objetivo primordial es construir un nuevo modelo de participación ciudadana en el que se tengan en cuenta las experiencias, los saberes y los conocimientos de los habitantes del departamento.

Tres investigadores de la Javeriana tuvieron a cargo el desarrollo del estudio: Manuel Pérez, Fernando Vargas y Jane Guerrero, que hicieron mesas de trabajo en cinco subregiones del departamento: Valle del Magdalena, Vertiente Occidental Norte, Vertiente Occidental Sur, Valle de Ubaté y Montaña Oriental.

Para Manuel Pérez, investigador del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Javeriana, estas mesas mostraron la preocupante situación ambiental que vive Cundinamarca. Según este sociólogo, hay una clara urbanización de los espacios rurales, pues tres cuartas partes de los 98 municipios tienen proyectos de construcción. Además, de acuerdo con los resultados de las reuniones con la comunidad, cada vez se agudizan las problemáticas que más aquejan a los cundinamarqueses, como la pérdida de biodiversidad, los peligros que corren las fuentes hídricas, el incremento de basuras y la falta de lugares para su ubicación y la extracción minera.

“De 2’037.000 hectáreas de suelo, 223.000 son para la extracción extranjera, 242.000 son áreas protegidas y 166.000 para usos agrarios. Estas cifras son desfavorables para la conservación de recursos, la planeación de lugares sostenibles y las prácticas agrícolas de nuestra región”, afirmó Pérez.

Los investigadores creen que el libro es un gran paso para entender cómo se abordan los conflictos ambientales en Cundinamarca. Sin embargo, el mismo estudio muestra que las comunidades están desamparadas, lo que lleva a que no haya sostenibilidad en los lugares y a que los planes de ordenamiento territorial no se estructuren a partir de las necesidades de los habitantes. A pesar de esta situación, a partir de la idea de la publicación se empezó a dar más voz a las organizaciones en la implementación de proyectos como la Ruta del Sol (la carretera que pretende unir el centro del país con la costa Caribe), el cual tiene 250 propuestas de los ciudadanos.

La CAR y los investigadores del estudio creen que la deuda ambiental y social por parte de las autoridades es muy grande. “Los municipios de Cundinamarca y el Distrito deben trabajar en conjunto con la comunidad, si quieren que el panorama cambie. Debe existir una unión en la planificación de proyectos sostenibles en el departamento y pensar que nuestra esencia es rural y no tan urbana, como la hemos convertido”, agregó Pérez.

A continuación presentamos algunas de las principales problemáticas identificadas por las organizaciones que participaron en la investigación.

La deforestación por la Ruta del Sol

Una de las preocupaciones de los participantes de la mesa de trabajo de Guaduas es la construcción de la Ruta del Sol (para ir desde el centro del país hacia la costa Caribe), que afecta la degradación de los ecosistemas aledaños.

Según ellos, cerca del municipio de Caparrapí está el río Negro, del cual se extrae agua para la construcción del megaproyecto, y se desplaza la fauna por asfalto.

Otros de los testimonios de los participantes en el taller de esta zona dicen que “la explotación del río Negro se da por la construcción de la Ruta del Sol, de él se extraen materiales para repavimentar la vía”, y que lo consideran “un severo problema de pérdida del recurso hídrico”.

Inquietud por el páramo Guerrero

Otro de los temas que preocupan a las  organizaciones sociales es el páramo de Guerrero. En el taller realizado en el municipio de Sopó, uno de los habitantes dijo que un conflicto grave para los municipios de Zipaquirá, Cogua y Tausa, que cubren el ecosistema, es que “por el avance de las zonas agrícolas, los campesinos van talando y agrandando sus potreros, y ya no queda páramo”. Además, otros pobladores están inquietos por la minería en la zona. Cuentan que aunque están a punto de vencerse las licencias de explotación autorizadas por el Ministerio de Minas, en Guerrero encontraron un yacimiento de carbón y tienen la autorización para explotar más minas en áreas por donde pasan ríos como el Frío.

Las curtiembres

“Hablo como doliente del río, porque mi abuelo es de Chocontá y mi papá de Villapinzón, y recuerdo que cuando yo era niño ellos pasaban por el río y había truchas, veía cómo el ganado tomaba agua y pasaba por el río. Ahora ya no hay nada. Todas las veredas se volvieron una cloaca municipal por la irresponsabilidad de los señores curtiembreros. Si yo tengo un negocio debo ser consecuente con el mismo, y si tengo que sacar un residuo, debo tener una planta que aunque cueste millones de pesos es necesaria”. Uno de los participantes de la mesa de Sopó describe así el conflicto social y ambiental que se ha vivido por la existencia de las curtiembres.

A pesar de esta percepción, la investigación de la CAR y la Universidad Javeriana también resalta que en el tema de las curtiembres hay estigmatización y por ello tuvieron en cuenta otras perspectivas, como la de otros habitantes que relatan que “el problema no es la curtiembre, sino el uso irresponsable de algunos de nuestros gremios de los productos químicos para procesar esos cueros”.

Es difícil creer que en Cundinamarca existen 194 organizaciones y grupos comunitarios que trabajan en la defensa de los recursos naturales desde sus remotos municipios y veredas. Precisamente para conocer la trayectoria de estas comunidades, saber cuáles son los principales conflictos socioambientales que las preocupan y cuáles son las propuestas que tienen para lograr un departamento más sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Universidad Javeriana realizaron la investigación Gestión ambiental territorial, un trabajo que se presentará el próximo 6 de agosto.

La escasez de información acerca de las iniciativas de estas organizaciones en Cundinamarca llevó a la CAR a crear el documento, elaborado tras ocho meses de trabajo y cuyo objetivo primordial es construir un nuevo modelo de participación ciudadana en el que se tengan en cuenta las experiencias, los saberes y los conocimientos de los habitantes del departamento.

Tres investigadores de la Javeriana tuvieron a cargo el desarrollo del estudio: Manuel Pérez, Fernando Vargas y Jane Guerrero, que hicieron mesas de trabajo en cinco subregiones del departamento: Valle del Magdalena, Vertiente Occidental Norte, Vertiente Occidental Sur, Valle de Ubaté y Montaña Oriental.

Para Manuel Pérez, investigador del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Javeriana, estas mesas mostraron la preocupante situación ambiental que vive Cundinamarca. Según este sociólogo, hay una clara urbanización de los espacios rurales, pues tres cuartas partes de los 98 municipios tienen proyectos de construcción. Además, de acuerdo con los resultados de las reuniones con la comunidad, cada vez se agudizan las problemáticas que más aquejan a los cundinamarqueses, como la pérdida de biodiversidad, los peligros que corren las fuentes hídricas, el incremento de basuras y la falta de lugares para su ubicación y la extracción minera.

“De 2’037.000 hectáreas de suelo, 223.000 son para la extracción extranjera, 242.000 son áreas protegidas y 166.000 para usos agrarios. Estas cifras son desfavorables para la conservación de recursos, la planeación de lugares sostenibles y las prácticas agrícolas de nuestra región”, afirmó Pérez.

Los investigadores creen que el libro es un gran paso para entender cómo se abordan los conflictos ambientales en Cundinamarca. Sin embargo, el mismo estudio muestra que las comunidades están desamparadas, lo que lleva a que no haya sostenibilidad en los lugares y a que los planes de ordenamiento territorial no se estructuren a partir de las necesidades de los habitantes. A pesar de esta situación, a partir de la idea de la publicación se empezó a dar más voz a las organizaciones en la implementación de proyectos como la Ruta del Sol (la carretera que pretende unir el centro del país con la costa Caribe), el cual tiene 250 propuestas de los ciudadanos.

La CAR y los investigadores del estudio creen que la deuda ambiental y social por parte de las autoridades es muy grande. “Los municipios de Cundinamarca y el Distrito deben trabajar en conjunto con la comunidad, si quieren que el panorama cambie. Debe existir una unión en la planificación de proyectos sostenibles en el departamento y pensar que nuestra esencia es rural y no tan urbana, como la hemos convertido”, agregó Pérez.

A continuación presentamos algunas de las principales problemáticas identificadas por las organizaciones que participaron en la investigación.

La deforestación por la Ruta del Sol

Una de las preocupaciones de los participantes de la mesa de trabajo de Guaduas es la construcción de la Ruta del Sol (para ir desde el centro del país hacia la costa Caribe), que afecta la degradación de los ecosistemas aledaños.

Según ellos, cerca del municipio de Caparrapí está el río Negro, del cual se extrae agua para la construcción del megaproyecto, y se desplaza la fauna por asfalto.

Otros de los testimonios de los participantes en el taller de esta zona dicen que “la explotación del río Negro se da por la construcción de la Ruta del Sol, de él se extraen materiales para repavimentar la vía”, y que lo consideran “un severo problema de pérdida del recurso hídrico”.

Inquietud por el páramo Guerrero

Otro de los temas que preocupan a las  organizaciones sociales es el páramo de Guerrero. En el taller realizado en el municipio de Sopó, uno de los habitantes dijo que un conflicto grave para los municipios de Zipaquirá, Cogua y Tausa, que cubren el ecosistema, es que “por el avance de las zonas agrícolas, los campesinos van talando y agrandando sus potreros, y ya no queda páramo”. Además, otros pobladores están inquietos por la minería en la zona. Cuentan que aunque están a punto de vencerse las licencias de explotación autorizadas por el Ministerio de Minas, en Guerrero encontraron un yacimiento de carbón y tienen la autorización para explotar más minas en áreas por donde pasan ríos como el Frío.

Las curtiembres

“Hablo como doliente del río, porque mi abuelo es de Chocontá y mi papá de Villapinzón, y recuerdo que cuando yo era niño ellos pasaban por el río y había truchas, veía cómo el ganado tomaba agua y pasaba por el río. Ahora ya no hay nada. Todas las veredas se volvieron una cloaca municipal por la irresponsabilidad de los señores curtiembreros. Si yo tengo un negocio debo ser consecuente con el mismo, y si tengo que sacar un residuo, debo tener una planta que aunque cueste millones de pesos es necesaria”. Uno de los participantes de la mesa de Sopó describe así el conflicto social y ambiental que se ha vivido por la existencia de las curtiembres.

A pesar de esta percepción, la investigación de la CAR y la Universidad Javeriana también resalta que en el tema de las curtiembres hay estigmatización y por ello tuvieron en cuenta otras perspectivas, como la de otros habitantes que relatan que “el problema no es la curtiembre, sino el uso irresponsable de algunos de nuestros gremios de los productos químicos para procesar esos cueros”.