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A los cinco meses de gestación Rocío del Castillo tuvo que adelantar su parto, debido a una ruptura de membranas que ponía en peligro la vida de su primer hijo. Tras la intervención, Cristian Camacho nació de 25 semanas, pesó 750 gramos y a sólo tres días de nacido empezó la lucha por su vida: sufrió tres paros respiratorios, que afectaron su movilidad. Fue diagnosticado con parálisis cerebral y diplejía espástica. Hoy Cristian tiene 22 años, le han practicado 86 cirugías y está a punto de graduarse de la universidad. Es aficionado al deporte, pero si lo ponen a escoger, elige el fútbol. Aunque afirma que nada lo ha detenido en su vida, acepta que no es fácil vivir en una ciudad que, para él, “está en deuda con las personas con discapacidad”.
No sólo Cristian vive la realidad de una ciudad carente de accesibilidad y conciencia ciudadana. Como él, hay otras 227.234 personas en condición de discapacidad (PCD), que enfrentan sus mismos problemas, debido al déficit de infraestructura para quienes deben movilizarse en sillas de ruedas, muletas o con algún tipo de asistencia. Según cifras de la Secretaría de Integración Social, en Bogotá hay 27.300 PCD que aseguran tener dificultades permanentes para desplazarse.
El estado de los andenes, puentes y espacio público le da la razón a Cristian. Un 67 % de las PCD reconocen barreras en las calles de la ciudad y un 48 % cree que las aceras son un obstáculo para la movilidad. No obstante, este no es un problema nuevo: hace un año Integración Social hizo la misma encuesta y los porcentajes se mantienen, pese a la entrega de nueva infraestructura y espacio público.
En contraste, el IDU asegura que todas las adecuaciones que ha hecho en los últimos tres años se han ejecutado bajo los lineamientos de las normas superiores para las PCD. Sobre el estado del mobiliario urbano, la entidad afirmó que adelanta un diagnóstico que tendrá antes de 2019.
“El IDU está haciendo un inventario de daños en los andenes, ciclorrutas, separadores y rampas de la ciudad. Las obras de infraestructura que emprende se hacen siguiendo los parámetros de las normas vigentes, entre otras, las disposiciones de la Cartilla de Andenes de Bogotá, con lo que se garantizará el acceso de las PCD. Entre 2016 y 2018, un total de 425.000 metros cuadrados de espacio público se han realizado siguiendo esa normatividad”.
Los problemas de Cristian para transitar no son sólo cuando está en su silla de ruedas. Otro impedimento aparece cuando va en el vehículo de su madre, algo que hace a menudo, no solo por comodidad sino porque él estudia periodismo, así que debe hacer constantes desplazamientos1 en la ciudad. Ella es una de las 81.463 acompañantes permanentes de PCD y considera que para una persona con movilidad reducida es difícil no tener un carro del que pueda disponer todo el tiempo. Aún así, asegura que los trámites para acreditar que un vehículo va con una PCD son engorrosos.
“Nosotros tenemos pico y placa normal. Hicimos el trámite para no tenerlo, pero llevamos tres meses esperando respuesta. El permiso toca renovarlo cada año y estamos en ese proceso. Este trámite me parece absurdo, porque es una PCD con una condición que no se le va a quitar, así que no veo por qué se deben volver a tramitar los papeles. Es una pérdida de tiempo y un trámite engorroso”, comenta Del Castillo.
Pero para Movilidad las reglas son claras y anualmente se debe acreditar la condición de la persona que se beneficiará con la exención del pico y placa. “La condición de discapacidad debe ser acreditada con certificación médica expedida por la EPS, IPS o ESE. Sólo aplica para la inscripción de un vehículo por PCD. El trámite se demora hasta 45 días hábiles”.
Atrapados en la ciudad
Cuando el vehículo en el que viaja Cristian tiene pico y placa, él debe enfrentar las barreras físicas que hay en el transporte público. “He visto buses del SITP supuestamente adaptados para PCD, pero algunos tienen escaleras, complicando el acceso para personas en silla de ruedas”, asegura la madre de Cristian, quien considera que en Transmilenio (TM) también hay condiciones difíciles de desplazamiento. “Invito a los ingenieros a subir solos en una silla de ruedas para saber sí pueden hacerlo sin ayuda”.
Llama la atención la situación de Transmilenio, sistema que según un informe de la entidad de 2017, una PCD que no tiene acceso a vehículo particular se moviliza hasta 18 veces al mes, representando la solución más económica de transporte. Teniendo en cuenta que el 93 % de PCD pertenecen a estratos 1, 2 y 3, el sistema sigue en deuda en ofrecerles mayor accesibilidad.
Si bien el sector movilidad reconoce que hay déficit de infraestructura amigable con esta población, asegura que está adelantando las labores necesarias para adecuar estaciones, articulados y paraderos del SITP. “Hemos destinado recursos de la vigencia 2017 y con TM se adelantó una licitación para adecuar paraderos con alta demanda de usuarios en condición de discapacidad. Se evaluaron 426 paraderos y se concluyó que 187 paraderos debían ser intervenidos de manera prioritaria”, indicó el IDU.
Por ahora, de los 187 paraderos el Distrito está trabajando en 25 y tiene plazo hasta marzo de 2019 para finalizar esta tarea. Movilidad, por su parte, tras un estudio a las barreras de acceso al transporte público, inició la implementación de 939 buses del SITP accesibles para PCD y capacitó a 8.816 trabajadores para sensibilizarlos respecto a la atención de esta población.
Las intervenciones en el mobiliario público se están realizando en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Engativá, Suba y Usaquén. Según las cifras que maneja el Distrito, dos de esas localidades (Suba y Rafael Uribe U.) son zonas muy difíciles para las PCD. Sin embargo, hay localidades que presentan índices más elevados de insatisfacción de esta población en cuanto a discriminación e infraestructura: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar (ver gráfico).
Ignorados por la gente
La indiferencia, intolerancia, falta de generosidad y poca bondad de los ciudadanos son las llamadas “barreras actitudinales”, que hacen más complejo el hecho de movilizarse en la capital. Cristian relató cómo hace unas semanas salió a un sitio a departir con unos amigos y luego de un rato salió con una amiga a recorrer los alrededores. “Ese día me tocó andar por la ciclovía, pues el andén estaba en muy mal estado. Mientras ella me llevaba por esta ruta, los ciclistas nos empezaron a chiflar. Ella se sorprendió y yo, ya acostumbrado, le expliqué que era normal, porque estábamos usando el campo que creen exclusivo de ellos. Ella quiso alegar, pero no valía la pena, ese es el pan de cada día”.
Margarita Barraquer, directora de población de la Secretaría de Integración Social, afirmó que dentro de todas las barreras, las actitudinales son las causantes de dichas acciones de intolerancia e irrespeto. No obstante, Barraquer aseguró que cuando la gente está informada y tiene el conocimiento necesario, empieza a reconocerlas como sujetos de derecho y a eliminar barreras.
“Cuando una PCD pide un servicio de atención no puede existir una barrera actitudinal de quien lo atiende, solamente por su condición. Es lo mismo en el sector educativo o laboral. El primer paso es buscar que en la oferta pública esas barreras sean eliminadas. También hay que hacer un voz a voz, trabajar con el señor de la tienda, el policía, los vecinos y las familias”, concluyó.
En resumen, la situación de movilidad para las PCD no mejora. Espacio público en mal estado y falta de empatía ciudadanía son los problemas que a diario obstaculizan la autonomía de esta población. Como manifiesta la madre de Cristian, “las PCD están atrapadas en la ciudad y para movilizarse necesitan a una segunda persona”. Aunque la administración ya tenía conocimiento de esta situación y ha demostrado labores para mitigar el déficit en esta materia, hay acciones más visibles para el corto plazo con mecanismos como el teletrabajo.
