Las carencias de los habitantes de los cerros orientales de Bogotá

La polémica alrededor de la urbanización de los cerros orientales se ha enfocado en los intereses que los grandes constructores tienen en la zona y en las suntuosas edificaciones que se propagaron sobre la reserva natural más importante de la ciudad. Sin embargo, hay una problemática de dimensiones mayores que ha permanecido a la sombra: la de las decenas de barrios populares que desde hace años empezaron a emplazarse en esas montañas.

Aunque el sellamiento de las lujosas e ilegales construcciones en El Bagazal se llevó los titulares de prensa a mediados de este año, la población de estratos altos (4, 5 y 6) sólo representa el 19 % de los 91.000 habitantes de la franja de adecuación de los cerros. Los estratos 1 y 2, en cambio, comprenden el 80 % de pobladores de esa zona que se extiende por cinco localidades. Y la mayoría de ellos comparten la misma sensación sobre su porvenir. El limbo jurídico que implica ocupar un espacio que terminó convertido en reserva los tiene rezagados en las garantías de una vida digna: faltan servicios públicos, carreteras e incluso presencia policial.

A la loma donde vive Rosalba Tarquino, en el barrio El Triángulo, no llegan carros. La vía es estrecha, con mucho barro y poco concreto. En el camino se cruzan más perros callejeros que gente. Alrededor de la hilera de casas de madera y zinc que trepan la montaña, hay cientos de árboles de copas altas. La postal de la ciudad abajo se ve casi completa.

Así como se quebraron las vías, una grieta de 20 centímetros de ancho rompió el suelo de la casa de Rosalba Tarquino. Desde la entrada, la fisura se extiende cuatro metros hasta una especie de sala. Esa es la factura que pasaron las corrientes de agua que se encauzan bajo su piso y son una amenaza para la vida de las ocho personas —entre ellos dos niños y dos ancianos— que viven allí. Un riesgo que se hace manifiesto cuando Rosalba Tarquino recuerda que este mes, a unos cuantos metros de su vivienda, la tierra se deslizó y se llevó las casas de varios vecinos.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger), luego de visitar su predio, le recomendó “realizar la revaluación del sistema estructural actual de la vivienda, orientada a mejorar su resistencia y propender por una mejora de su condición estructural y de cimentación”. Cuando quiso atender la orientación, la Secretaría de Planeación le impidió hacer los arreglos en su casa, puesto que está en la zona de reserva y el barrio no ha sido legalizado.

El caso se repite con otras familias y es muestra del limbo en el que están muchos de los pobladores de esos barrios. En 2013, el Consejo de Estado ordenó que se evaluara su situación y se adelantara su normalización, además de que quienes vivieran en predios en “riesgo no mitigable” fueran reubicados. Sin embargo, esos procesos no han concluido. Desde la Secretaría de Planeación explican que, de los 60 barrios informales de esa zona, 34 fueron legalizados antes del fallo. De los restantes, 11 ya terminaron el trámite para la normalización, y a los demás les faltan estudios, particularmente sobre la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado.

“No podemos legalizar si no tenemos garantizados los servicios y la presencia de agua, y no se puede pensar en hacer vías sin garantizar antes los servicios”, asegura Glenda Luna, directora de legalización de esa cartera distrital. Luna explica que los habitantes de 406 predios de esa zona ya han sido reubicados porque sus viviendas estaban en áreas de riesgo no mitigable. Sin embargo, la incertidumbre de los pobladores sobre el tiempo que tendrán que esperar para que sus condiciones de vida mejoren persiste.

Los Fandiño Forero fueron los primeros en llegar a El Triángulo (localidad de San Cristóbal), hace 70 años. Raúl Cárdenas, vicepresidente de la junta del barrio, es pariente de esa familia y ha pasado toda su vida en esas calles. Apenas hace cinco años, cuenta, el Distrito puso agua y montó el alcantarillado. Explica que muchos ranchos siguen pegados ilegalmente a los postes de electricidad porque el servicio no se ha normalizado. No tienen escuela; la más cercana queda en el barrio Manantial.

Tampoco hay bachillerato. A los colegiales les toca caminar tres kilómetros hasta la secundaria más próxima. Según datos de 2014, el ingreso promedio de la población de esa zona apenas ronda la mitad de un salario mínimo mensual. Y el 20 % de la población no tiene ningún nivel de escolaridad, mientras que el 34 % apenas hizo algún grado de primaria.

Ante ese panorama, la Mesa de Cerros Orientales, que agrupa varias organizaciones sociales de ese sector, pide celeridad en la implementación de las órdenes que emitió el Consejo de Estado y, sobre todo, que se escuche a las comunidades, que sus necesidades sean atendidas. De otra parte, desde el Distrito aseguran que están avanzando en esos procesos. Los habitantes de esos barrios sobre las montañas dicen que están cansados de esperar.

La polémica alrededor de la urbanización de los cerros orientales se ha enfocado en los intereses que los grandes constructores tienen en la zona y en las suntuosas edificaciones que se propagaron sobre la reserva natural más importante de la ciudad. Sin embargo, hay una problemática de dimensiones mayores que ha permanecido a la sombra: la de las decenas de barrios populares que desde hace años empezaron a emplazarse en esas montañas.

Aunque el sellamiento de las lujosas e ilegales construcciones en El Bagazal se llevó los titulares de prensa a mediados de este año, la población de estratos altos (4, 5 y 6) sólo representa el 19 % de los 91.000 habitantes de la franja de adecuación de los cerros. Los estratos 1 y 2, en cambio, comprenden el 80 % de pobladores de esa zona que se extiende por cinco localidades. Y la mayoría de ellos comparten la misma sensación sobre su porvenir. El limbo jurídico que implica ocupar un espacio que terminó convertido en reserva los tiene rezagados en las garantías de una vida digna: faltan servicios públicos, carreteras e incluso presencia policial.

A la loma donde vive Rosalba Tarquino, en el barrio El Triángulo, no llegan carros. La vía es estrecha, con mucho barro y poco concreto. En el camino se cruzan más perros callejeros que gente. Alrededor de la hilera de casas de madera y zinc que trepan la montaña, hay cientos de árboles de copas altas. La postal de la ciudad abajo se ve casi completa.

Así como se quebraron las vías, una grieta de 20 centímetros de ancho rompió el suelo de la casa de Rosalba Tarquino. Desde la entrada, la fisura se extiende cuatro metros hasta una especie de sala. Esa es la factura que pasaron las corrientes de agua que se encauzan bajo su piso y son una amenaza para la vida de las ocho personas —entre ellos dos niños y dos ancianos— que viven allí. Un riesgo que se hace manifiesto cuando Rosalba Tarquino recuerda que este mes, a unos cuantos metros de su vivienda, la tierra se deslizó y se llevó las casas de varios vecinos.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger), luego de visitar su predio, le recomendó “realizar la revaluación del sistema estructural actual de la vivienda, orientada a mejorar su resistencia y propender por una mejora de su condición estructural y de cimentación”. Cuando quiso atender la orientación, la Secretaría de Planeación le impidió hacer los arreglos en su casa, puesto que está en la zona de reserva y el barrio no ha sido legalizado.

El caso se repite con otras familias y es muestra del limbo en el que están muchos de los pobladores de esos barrios. En 2013, el Consejo de Estado ordenó que se evaluara su situación y se adelantara su normalización, además de que quienes vivieran en predios en “riesgo no mitigable” fueran reubicados. Sin embargo, esos procesos no han concluido. Desde la Secretaría de Planeación explican que, de los 60 barrios informales de esa zona, 34 fueron legalizados antes del fallo. De los restantes, 11 ya terminaron el trámite para la normalización, y a los demás les faltan estudios, particularmente sobre la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado.

“No podemos legalizar si no tenemos garantizados los servicios y la presencia de agua, y no se puede pensar en hacer vías sin garantizar antes los servicios”, asegura Glenda Luna, directora de legalización de esa cartera distrital. Luna explica que los habitantes de 406 predios de esa zona ya han sido reubicados porque sus viviendas estaban en áreas de riesgo no mitigable. Sin embargo, la incertidumbre de los pobladores sobre el tiempo que tendrán que esperar para que sus condiciones de vida mejoren persiste.

Los Fandiño Forero fueron los primeros en llegar a El Triángulo (localidad de San Cristóbal), hace 70 años. Raúl Cárdenas, vicepresidente de la junta del barrio, es pariente de esa familia y ha pasado toda su vida en esas calles. Apenas hace cinco años, cuenta, el Distrito puso agua y montó el alcantarillado. Explica que muchos ranchos siguen pegados ilegalmente a los postes de electricidad porque el servicio no se ha normalizado. No tienen escuela; la más cercana queda en el barrio Manantial.

Tampoco hay bachillerato. A los colegiales les toca caminar tres kilómetros hasta la secundaria más próxima. Según datos de 2014, el ingreso promedio de la población de esa zona apenas ronda la mitad de un salario mínimo mensual. Y el 20 % de la población no tiene ningún nivel de escolaridad, mientras que el 34 % apenas hizo algún grado de primaria.

Ante ese panorama, la Mesa de Cerros Orientales, que agrupa varias organizaciones sociales de ese sector, pide celeridad en la implementación de las órdenes que emitió el Consejo de Estado y, sobre todo, que se escuche a las comunidades, que sus necesidades sean atendidas. De otra parte, desde el Distrito aseguran que están avanzando en esos procesos. Los habitantes de esos barrios sobre las montañas dicen que están cansados de esperar.