El contralor de Bogotá, Diego Ardila, asumió hace 16 días su cargo y no ha podido ejercerlo con tranquilidad. En lo poco que lleva en su nuevo despacho ha tenido que dar más de una vez explicaciones sobre su relación con el magistrado Ovidio Claros —investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el marco del carrusel de las pensiones—; sobre las circunstancias en las que su esposa, Teresa Castillo, se pensionó cuando trabajaba con Claros en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; y sobre los negocios que su empresa familiar, Arkas Asesores Limitada, hizo con el hoy indagado jurista.
Esto último tiene que ver con la venta de una casa de Ardila a Claros. Un inmueble que estaba en remate y que el contralor había adquirido en 2007, dos años antes, a través de su empresa familiar.
Ardila ha insistido siempre en que se trata de un negocio de derecho privado y en que lo que tiene con Claros es una simple amistad. Sin embargo, este diario conoció nuevas incómodas coincidencias que demuestran lo estrecha que ha llegado a ser dicha relación.
A finales de 2007, María Eugenia Peña, dueña original del inmueble que le vendió Ardila a Ovidio Claros, apeló el proceso de remate de su casa ante el Juzgado 7 Civil del Circuito. Con esto, Peña dio inicio a una batalla jurídica que dilató por un año y medio la cesión efectiva de los derechos de la casa a Arkas Asesores y que terminó siendo dirimida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 18 de septiembre de 2008. Dos semanas antes, Ovidio Claros se había posesionado como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y una semana después la esposa de Ardila había ingresado a la misma sala.
Adicionalmente, documentos conocidos por este diario dan cuenta de que Teresa Castillo ofició como vicepresidenta de Arkas Asesores a tiempo que se desempeñaba como funcionaria de la Rama Judicial. Asunto que habría implicado una presunta inhabilidad, debido a que Arkas, hasta el año 2010, tuvo entre su objeto social la prestación de asesorías jurídicas, actividad prohibida por la ley para los empleados judiciales.
Al respecto, Ardila dice que su esposa nunca desempeñó actividad alguna dentro de la empresa y su presencia en ésta fue una formalidad. “Mi esposa nunca ejerció. Aparece como figura, porque había que tener una suplencia de la gerencia”, asegura.
El contralor pide que lo dejen hacer su trabajo y agrega que hay que puntualizar en que su esposa y Claros estaban en la Sala Disciplinaria cuando el pleito de la casa se dirimió en la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Puede que esto sea una simple casualidad, de la que ahora están pegados quienes no quieren ver a Ardila en este puesto de control. También podría ser un intento de sabotaje, proveniente de aquellos que se sintieron en desventaja y perdieron el inmueble en cuestión. Lo cierto es que después de que el concejal Antonio Sanguino lo citara a comparecer ante la Comisión de Gobierno y la concejal María Victoria Vargas le exigiera revelar su certificado de renta e ingresos, el contralor ha decidido que será ante el pleno del cabildo que rendirá su versión. Habrá que esperar si su elector natural decide aceptar la oferta.