“La ley es para los de ruana”, dice furioso Alejandro Franco, mientras arruga con su mano un papel que contiene el valor del impuesto predial que debe pagar. Su molestia se le pasará hasta que pueda presentar su queja ante el Distrito y el Supercade de la carrera 30, por lo que él considera un abuso: el avalúo catastral y el impuesto predial que debe cancelar por su casa son exorbitantes. Su pretensión es que le disminuyan el valor del tributo.
El lío de Franco es el mismo karma que soportan centenares de bogotanos. Unas 5.000 solicitudes de revisión de avalúo ha recibido en el último año la oficina de Catastro, aunque las reclamaciones, según la entidad, corresponden sólo al 0,02% del total de los predios (2’000.000).
Sin embargo, mientras que unos pelean para que corrijan el impuesto, hay quienes no pagan el tributo o, en el peor de los casos, hay quienes construyeron mejoras sobre terrenos ajenos y no pagan al Distrito el valor adicional generado por las mismas. Ya se conocen casos de colegios, universidades, edificios residenciales y hasta clubes.
Lo que fue denominado como “la montaña rusa de los avalúos catastrales” y el “triángulo de las Bermudas de predios con mejoras sobre terrenos ajenos”, en el marco de una investigación disciplinaria de la Personería de Bogotá, hoy está en instancias penales, ya que el órgano de control le solicitó a la Fiscalía que investigue a Héctor Zambrano, exsecretario de Hacienda, y Ricardo Bonilla, jefe de la cartera, por considerar que existirían graves omisiones en el ejercicio de sus cargos, que habrían evitado el cobro de obligaciones tributarias con el Distrito. Según la Personería, el detrimento a las finanzas de Bogotá por esta posible omisión asciende a $55.000 millones.
Bonilla le aseguró a este diario que “la Personería está revolviendo peras con manzanas”. Según el secretario de Hacienda, “hay predios que pertenecen a entidades del nivel central del Distrito que están exentos de pagar predial y sus mejoras, por ejemplo El Campín, los hospitales públicos, las iglesias y los coliseos barriales, porque sería como pasar plata de un bolsillo a otro”. En el caso de las mejoras con avalúos que no superan los $12 millones, explica Bonilla, no se puede cobrar impuesto.
El funcionario agrega que el problema se debe a un limbo jurídico, ya que “hasta el año pasado la norma decía que se debía cobrar el impuesto predial al dueño del terreno. Pero a partir de este año se permite que el impuesto sea cobrado tanto al propietario como al poseedor. Legalmente tenemos herramientas para cobrar sólo desde este año”. No es retroactivo. Además, Bonilla explica que la falta de existencia jurídica de las mejoras imposibilita el cobro de las mismas. Esto sucede porque el poseedor de las construcciones al no declararlas ante el Distrito esta información no queda registrada en la matrícula inmobiliaria del inmueble.
La Personería de Bogotá, en cambio, se pregunta por qué no cobrarles las mejoras a los dueños de los predios, que seguramente, dicen fuentes cercanas al órgano de control, sí tienen existencia jurídica. “Una cosa es que el propietario del terreno sea víctima de una invasión, y allí se necesitaría una acción judicial. Pero el argumento del Distrito de no cobrar por las mejoras porque no tienen existencia jurídica es una excusa, ya que el Decreto 352 de 2002 conceptuó que el impuesto es gravable sobre la existencia del predio, en ningún momento habló de existencia jurídica”, asegura un funcionario de alto nivel de la Personería.
El órgano de control explicó que esta discusión surge porque la oficina Jurídico-Tributaria del Distrito excedió sus funciones. ¿Cómo? Todo parece indicar que expidió un concepto (1026 de 2004), en el que se incluyó la palabra ‘jurídica’ al modelo que se usaba para hacer efectivo el cobro del impuesto predial.
¿Evasores?
El Espectador investigó algunos predios en los que aparentemente se construyeron mejoras. La Universidad Antonio Nariño, un parqueadero que era usado por Compensar y la concesión que tiene Opaín en el aeropuerto Eldorado (ver balcón), son algunas de las manzanas de la discordia entre la Secretaría de Hacienda y la Personería de Bogotá.
En el de la sede Circunvalar de la Universidad Antonio Nariño, el predio corresponde a una mejora en donde funciona dicha universidad, la cual tiene un avalúo comercial (2011) de $9.485 millones. De acuerdo con la certificación catastral del predio, sólo se han presentado declaraciones y pagos por tres años (2003, 2004 y 2006). Según cálculos de la Personería, el dueño de la mejora le debe al Distrito $250 millones por el impuesto con tarifa dotacional que ha dejado de pagar en estos cinco años. Este diario trató de comunicarse con la universidad; sin embargo, al cierre de la edición no recibió respuesta.
De acuerdo con Hacienda, “la obligación se está cumpliendo por parte del dueño del predio, pero no por quien hizo la mejora. Se inició un proceso de fiscalización para modificar la declaración tributaria. Para 2010 se le agregó a la base gravable el monto por las mejoras. Fue la universidad la que corrigió la declaración por un valor mayor. Esperamos a que ellos voluntariamente hagan las correcciones para 2011 y 2012”.
El segundo caso es el de un predio que pasó a ser propiedad del Distrito y en donde funcionaba un parqueadero que operaba Compensar. Según la certificación catastral, el lote figura como una mejora levantada por la caja de compensación y está avaluada en $23 millones, sin presentarse pago por la misma. El Espectador consultó a Alix Gómez, secretaria general de Compensar, quien aseguró que la Caja tomó en arriendo el predio desde 1997 y que estaba a nombre de la Inmobiliaria Cundinamarquesa. “Nosotros no teníamos más obligación que pagar el canon de arrendamiento y las mejoras fueron construidas por el arrendador. El contrato terminó este año”.
En Bogotá existen 42.504 predios que están en similares condiciones: tienen modificaciones hechas no precisamente por sus dueños. El otro problema, para sumarle a la falta de pago, es que no existe un censo oficial de quienes poseen este tipo de construcciones en donde un pago le corresponde, bajo la teoría de Personería, al propietario y otra al poseedor.
Por Diana Carolina Cantillo E.
