El comportamiento del sistema de salud a nivel nacional y sus repercusiones en Bogotá le preocupan al alcalde Carlos Fernando Galán. Deudas de cuatro EPS con los hospitales distritales, que ascienden a los $370.000 millones; la intervención de la Supersalud a la red hospitalaria Centro Oriente, y la agitada discusión en el Congreso por la reforma del Gobierno son tres temas clave en la agenda de este año.
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Su preocupación la manifestó en la presentación del nuevo tablero de datos, que incorporó el Distrito a su sistema Saludata, con 14 nuevos ítems como estados financieros de las subredes; deudas de las EPS; ocupación de camas; desabastecimiento de medicamentos, y otros indicadores necesarios para medir el rendimiento del sistema de salud capitalino. En la presentación lo acompañaron su secretario de Salud, Gerson Bermont, y las tres gerentes de las subredes Norte, Sur y Occidente.
Desde la perspectiva de la administración, hay un “deterioro” del sistema de salud nacional, que impacta los hospitales del Distrito. El aumento de pacientes, que llegan de otras regiones, hace que, en algunos puntos, la ocupación de camas llegue al 95 %, sofocando la operación. Según Galán, en promedio, a la capital antes llegaban entre el 5 % y el 8 % de las remisiones de otras regiones. Hoy, el indicador se duplicó (10 % y 15 %).
“Vemos como a hospitales y clínicas en Bogotá llegan remisiones de ciudades que antes no se veían como Medellín, Cali, Bucaramanga. Esto no ocurría y es un reflejo del deterioro del sistema nacional”, afirmó. Detrás de todo esto, está la incertidumbre que genera la reforma a la salud y las intervenciones de la Superintendencia a algunas EPS, que se refleja en las multimillonarias deudas que tienen estas empresas con las subredes de salud de la ciudad.
Finanzas
Actualmente en Bogotá operan nueve EPS, de las cuales cuatro están intervenidas por Superintendencia de Salud. Esto equivale a que al 46% de la población afiliada en la capital la atiende una EPS intervenida, que son justo las que más deudas acumulan con la red del Distrito. En general, estas entidades les adeudan a los hospitales distritales alrededor de $371.000 millones y la ADRES, por presupuestos máximos, le debe a la EPS Capital Salud casi $67.000 millones. “Eso nos preocupa, porque afecta a los hospitales. El Gobierno Nacional debe atender las inquietudes de los territorios”, dijo Galán.
Pero esto no es solo producto de malos manejos en las entidades. Según el secretario de Salud, Gerson Bermont, también por el desbalance entre gastos e ingresos. Hoy, dice, es insuficiente el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) que reciben las EPS por cada afiliado. Según datos de la plataforma del Distrito, “por cada $100 que reciben para garantizar la tención de sus usuarios, todas están gastando de más. Por ejemplo, Famisanar gasta el 118 %; Compensar, 116 %, y Sura, 112 %, por mencionar algunas.
“La UPC es insuficiente y eso tiene consecuencias en cadena. Esto hace que las contrataciones con los prestadores y las atenciones de los prestadores sean insuficientes. Quién paga los platos rotos son los usuarios, que quedan en lista de espera para una cita; no les entregan todos los medicamentos, o deben esperar hasta seis meses para una cirugía, cuando antes máximo era tres”.
La situación se nota en el aumento de quejas. Por ejemplo, las tutelas para asignación de citas aumentaron de 61 en 2023 a 82, en 2024 o las radicadas para procedimientos médicos, que pasó de 82 en 2023 a 112 en 2024. Sus efectos también se notan en los problemas para conseguir algunos medicamentos. Si bien, según el Distrito, en Bogotá no hay desabastecimiento sino dificultades de las EPS para adquirirlos, de todas formas, hay escasez de 33 productos, la mayoría para enfermedades crónicas, hipertensión y, diabetes. “No tiene nada que ver el desabastecimiento, sino la situación financiera donde las EPS, que no tienen suficientes recursos para contratar todas las moléculas que está dentro del plan básico y no la están entregando”.
Un bálsamo para el Distrito, en medio de este panorama, es la situación de las tres subredes que no están intervenidas (Norte, Sur, Occidente), que después de afrontar millonarias pérdidas y una crítica situación financiera, hoy están en equilibrio financiero. “La subred Norte tuvo en 2023 pérdidas por $54.000 millones. El año pasado, la pérdida se redujo 56% ($18.000 millones). A febrero, podemos asegurar que tres de nuestros hijos (subredes a cargo del Distrito) van por buen camino. Lastimosamente, la Centro Oriente (que está intervenida), se está quedando”, señaló Bermont.
La hija ausente
Casi un año ha transcurrido desde que la Supersalud intervino a la subred Centro Oriente, que presentaba pérdidas por $5.000 millones al mes. Al respecto, la posición de la secretaría sigue siendo la misma del año pasado: recuperar su “hija” ausente, ya que las pérdidas se han maximizado, a pesar de la intervención. Sin embargo, tras las mesas de concertación entre el Distrito y la Supersalud, esa posibilidad parece lejana. “Si las pérdidas actuales de esa subred se mantienen, no habrá camino diferente al de la liquidación. Nos asusta también que cuando levanten la intervención, esté en una situación muy compleja para rescatarla”, dijo Bermont.
Y añadió: “Con el exsuperintendente Luis Carlos Leal nos alcanzamos a reunir tres veces, en compañía de los sindicatos. Con el superintendente Giovanny Rubiano nos hemos reunido dos veces y estamos en conversaciones. Hemos emitido la solicitud de devolución de la Subred, ya que se cumple un año de intervención en mayo”. Ese mes, se analizarán las situaciones que generaron la intervención, pero ¿Qué opina el interventor? ¿Se dan las condiciones y la voluntad para devolver la subred?
Una carta conocida por El Espectador, con fecha del 21 de enero, que le envió el interventor de la subred, Luis Óscar Galvez, al superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, informa, cómo cerró el año, el estado financiero de la entidad; además, evalúa si un año de intervención será suficiente o se si se requerirá de más tiempo, pese a que la toma de control de esta red pública hospitalaria ha tenido resultados positivos.
Antes de la intervención, según datos reportados a la Supersalud, la subred presentó perdidas por tres años consecutivos, que desencadenaron la acumulación de cuentas por pagar por $76.000 millones, a lo que se sumaban deudas sin registrar por $29.000 millones, resultantes de sentencias judiciales, con lo que las pérdidas sumaban casi $105.000 millones. Esto, sin contar las cuentas por cobrar por $33.000 millones, de imposible recaudo, ya que eran con entidades que habían extinguido su razón social, cartera que no había sido dada de baja de los estados financieros, para no mostrar mayor déficit.
Dice la carta: “Al momento de la intervención encontramos un desequilibrio financiero entre la operación y el recaudo de más de $8.000 millones mensuales. A la fecha (21 de enero) hemos aumentado el recaudo en $1.330 millones promedio mensual y en la facturación por ventas de servicios de salud en el último trimestre del 2024 se facturó un promedio mensual de $39.200 millones frente a $35.078 millones que se facturaban antes de la intervención. Esto debido a la suscripción de nuevos contratos con COOSALUD, Sanitas, Famisanar, FOMAC, OIM, igualmente al mejoramiento de los procesos de facturación y radicación”.
Según lo anterior, la Supersalud concluyó que la subred centro oriente se encuentra desfinanciada para cubrir las obligaciones adquiridas durante la intervención y presenta un desfinanciamiento mayor para responder a las obligaciones adquiridas antes de la medida de intervención. “Sin embargo, nos encontramos gestionando fuentes externas de financiación, que permitan cumplir con las cuentas que se encuentran pendientes de pago”.
Sobre si la medida podrá terminar este año, habrá que ver. El secretario Bermont solicitó al Superintendente la devolución o cambio de objeto de la intervención, para llegar a un equilibrio en conjunto con la Nación. No obstante, el interventor dejó claro en esa carta que “es necesario informar que la difícil situación financiera de la subred es insuperable en un año de intervención. Es de anotar que las experiencias exitosas de las medidas de intervención pasadas y las actuales de hospitales públicos no han podido subsanar los hallazgos que dieron origen a la medida de intervención en un periodo inferior a tres años”, concluye.
La reforma
“No nos han convocado”, dijo Galán sobre el proyecto de reforma a la salud del Gobierno, una frase que resuena con el debate que se libra con Minambiente por la Sabana. Una narrativa de posiciones opuestas que, en temas de salud, también predomina en el gabinete distrital.
“El llamado es a la Nación, para que incluyan la voz de los territorios, y al Congreso también, para que en esa última ronda que se tendrán en el Senado la República, se escuche la voz de los alcaldes”. Y es que Galán señala que su gabinete no ha sido invitado a la discusión y si, eventualmente, se aprueban algunos artículos de la reforma, a sus ojos, como está proyectado el articulado, “plantea modificaciones que dejan en el limbo algunas responsabilidades frente al sistema de salud en los territorios”.
El jefe de cartera de salud de Bogotá añadió: “efectivamente, la responsabilidad de la salud en los territorios es de la Alcaldía y somos responsables por lo que sucede en el territorio. Pero esto no se maneja per se en el territorio, por eso nos parece importe que el Gobierno y el Congreso abran la puerta para que los municipios, que tenemos la responsabilidad del manejo del sistema de salud a nivel local, tengamos una voz, que sea escuchada frente a lo que hemos enfrentado, y lo que puede implicar una reforma según lo que tenga incluido esa reforma para el sistema de salud”.
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Por Juan Camilo Parra
