El lunes, en el barrio Bilbao, localidad de Suba, se cumplió con el desalojo de 1.130 personas que vivían en 398 unidades habitacionales en cercanías del río Bogotá. A pesar de que los habían notificado para que se retiraran voluntariamente, la mayoría se resistieron a abandonar sus cambuches. Una vez se inició la intervención de la Fuerza Pública, un grupo de habitantes se enfrentaron al Escuadrón Antidisturbios de la Policía. En medio de esta confrontación se produjo un voraz incendio, que consumió más de 100 viviendas y dejó un saldo de 19 personas valoradas por los cuerpos de emergencia y dos trasladados al Hospital de Suba. Se necesitaron seis máquinas extintoras y 46 bomberos para controlar las llamas.
Las versiones sobre el origen de la conflagración varían según quien las entregue. La Secretaría de Gobierno dijo que lo provocaron algunos habitantes de la invasión, para impedir el ingreso de la Policía. Los invasores señalan a los uniformados y dicen que provocaron las llamas para obligarlos a salir de sus casas. Una tercera versión indica que jíbaros le habrían prendido fuego a una casa donde funcionaba un expendio de droga, para ocultar pruebas. Por último, otros hablan de una posible falla eléctrica. La investigación alrededor de los hechos apenas comenzó y ninguna versión se ha descartado.
Tras la operación y la forma como se desarrollaron los hechos en el barrio Bilbao, le llovieron críticas al Distrito. Sin embargo, la administración explicó que el proceso no era caprichoso. El Estado tiene la obligación de recuperar todo terreno que haya sido ocupado ilegalmente por cualquier persona natural o jurídica, especialmente cuando sus ocupantes están en zonas de alto riesgo, como era el caso de la invasión en el barrio Bilbao.
Incluso, el procedimiento no fue una sorpresa para los habitantes del sector. En un esfuerzo para impedirlo, algunos vecinos presentaron cuatro acciones de tutela en contra de la Alcaldía. Sin embargo, el Juzgado 23 Penal Municipal con función de Control de Garantías falló a favor del Distrito y dio luz verde al desalojo.
Varias circunstancias llevaron al Distrito a proceder en la recuperación de terrenos en el barrio Bilbao. Según informó la Secretaría de Gobierno, en la zona había un grave problema de microtráfico e inseguridad. Pero más allá de esta situación, el secretario Miguel Uribe fue enfático al asegurar que el desalojo lo adelantaron para proteger a los ocupantes de la invasión de posibles desbordamientos del río Bogotá.
“La ocupación se encontraba bordeando el jarillón del río, lo que constituía un riesgo para las familias que vivían allí. Algunas personas estaban retirando esta obra de mitigación, lo que aumenta el peligro de un desbordamiento, especialmente en esta temporada de lluvias. Hay que decir que el procedimiento de desalojo cumplió con todas las condiciones para garantizar los derechos de estas familias”, agregó el secretario.
Según cifras de la Alcaldía, en la ciudad hay más de 21.000 ocupaciones ilegales repartidas en 12 localidades, siendo Ciudad Bolívar la más afectada por este fenómeno (con 7.520), seguida por Rafael Uribe Uribe (2.691), Bosa (2.352), Usme (2.202) y Usaquén (1.736). Villas del Río, como era conocida esta invasión en Suba, era la más grande del sector.
Familias en la calle
Aunque el Distrito asegura que parte de los ocupantes de la invasión del barrio Bilbao cuentan con algún tipo de subsidio o propiedad, cientos de personas amanecieron ayer en la calle, evidenciando que un gran número no tienen los recursos para vivir en otro lugar.
Según cifras que entregó Miguel Uribe, entre los habitantes de Villas del Río, al menos 100 personas están inscritas en programas para el acceso a vivienda de la Secretaria del Hábitat; 20 ya recibieron algún subsidio, otorgado por el Gobierno Nacional o la Caja de Vivienda Popular, y “48 son propietarios de mínimo un inmueble”, dijo.
¿Qué pasa con los que no forman parte de esta lista? Andrea Sánchez, de 32 años, vivió los últimos dos en la invasión. Tiene tres hijos, es madre soltera y trabaja como recicladora. El lunes, después del desalojo y perder lo poco que tenía en el incendio, durmió junto a sus hijos en el parque del barrio Bilbao, a unos cuantos metros de donde el Distrito instaló su Puesto de Mando Unificado.
Según indicó, varias familias pasaron la noche en las cercanías de la invasión sin que nadie les prestara ayuda. “No sé si hay gente que tiene casas o subsidios como dice el secretario. Lo único que sé es que aquí vivía gente desde hace más de cinco años y hoy no tienen dónde ir. Hasta el momento el Gobierno sólo nos ha dicho que nos darán un bono de $140.000”.
Ante esta queja, la Secretaría de Gobierno indicó que sí está atendiendo a la población afectada ofreciendo albergue temporal a aquellas personas que no tienen un lugar a dónde ir, así como asistencia, a través de la Secretaría de Integración Social y la Alta Consejería para las Víctimas. Además, para aquellos que sí tienen a dónde ir, les están ofreciendo transporte dentro de la ciudad para garantizar su trasteo.
Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera de Bogotá, señaló que “hay que recordar que detrás de estas invasiones están los tierreros. Hay personas que tienen registradas casas a su nombre y aun así están ocupando terrenos ilegalmente. Esto no se puede permitir. Sobre el tema de las personas que se quedaron en la calle, muchos no aplican a los subsidios, porque tienen una entrada económica”.
Mientras se decide la suerte de las personas desalojadas de la invasión Villas del Río y se esclarece quién es el verdadero responsable del incendio que acabó con lo poco que tenían estas familias, se hace evidente la necesidad de buscar nuevas medidas para solucionar el problema de las invasiones en Bogotá, así como los protocolos de atención a las personas que, literalmente, se quedan en la calle.
Por El Espectador
