21 Jun 2020 - 2:55 a. m.

Las tácticas de los “tierreros”

Apoderarse de un predio va más allá de lotear el terreno a escondidas de las autoridades. Los urbanizadores piratas aprovechan varias tácticas, tanto para acreditar la ocupación y dilatar los desalojos como para seguir los negocios ilegales en estos lugares.

“Los predios son de cinco por diez metros y cuestan hasta $25 millones, dependiendo de qué tan cerca lo quiere de la avenida. No se preocupe si no tiene todo el dinero, tenemos facilidades de pago. Se lo entregamos con la mitad y la otra se puede financiar a seis meses”, asegura uno de los vendedores de un lote aledaño al parque Illimani, en El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar.

La tentadora propuesta la hacen a través de volantes y tarjetas que entregan entre los barrios de Ciudad Bolívar y Usme. Envían por Whatsapp imágenes en las que se ven los lotes divididos, unos junto al parque Illimani y otros en medio de viviendas preconstruidas, en una montaña que, al parecer, es la vereda Quiba. Eso sí, los vendedores incluyen fotos de retroexcavadoras y tubos, para mostrar que los lotes se entregan con todos los servicios.

Sumado a esto se encuentran decenas de publicaciones en Facebook, en las que ofrecen los mismos predios hasta por $9 millones y financiaciones a 24 meses, con chip catastral, promesa de escritura o escritura al porcentaje, entre otras figuras con las que aseguran acreditar la propiedad del terreno. Y si bien, hasta ahí todo parece normal y prometedor, tratándose de un predio aledaño al Transmicable, esto no es más que la venta de lotes en zonas de alto riesgo no mitigable y aledañas a áreas rurales donde no se puede urbanizar.

La tácticas de los denominados “tierreros” son variadas, ya que en principio no siempre son los mismos los que invaden en toda la ciudad. De hecho, entre 2007 y 2016, la Secretaría de Hábitat trasladó 68 procesos a la Fiscalía contra diferentes personas que intentaron urbanizar ilegalmente en la ciudad, sobre todo en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Primero se encuentra el predio. Ya con esto, el líder o los encargados de realizar el proceso se encargan de conseguir inversionistas, para realizar las adecuaciones del terreno que van desde el retiro de árboles hasta la instalación provisional de los servicios públicos, a través de conexiones ilegales. A esto se le debe sumar la contratación de un maquinista, un topógrafo o un arquitecto, para realizar el loteo y la apertura de vías, mientras que un abogado se encarga de la apropiación del terreno y la dilatación de los procesos penales y de desalojo.

Por último, está la organización de un brazo armado, que finalmente se encarga de mantener el control en la zona, los negocios ilegales (microtráfico) que se establezcan allí adentro y de amedrentar tanto a funcionarios como a vecinos, para que los reconozcan como propietarios que habitan allí desde hace tiempo y de esta manera evitar cualquier acción que termine en desalojo.

Hay otros mecanismos de usurpación que incluyen la invasión con violencia y con engaños. Los tierreros suelen buscar predios en zonas de alto riesgo o de protección ecológica, que ya habían sido desalojados o que pertenecen a privados que no pueden controlar algún tipo de invasión, como ocurrió hace poco en Entrenubes. Esto, en muchas ocasiones, les facilita la construcción de canales de alcantarillado o hallar conexiones para instalar de forma ilegal servicios públicos.

Ya una vez dividido el lote, entran a los predios con poblaciones vulnerables, como familias desplazadas, en pobreza extrema, madres cabeza de hogar, niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, a quienes les entregan palos y polisombras para comenzar a construir los cambuches.

Esto lo hacen con el fin de entorpecer cualquier intento de desalojo, pues el Código de Policía establece que en las primeras 48 horas siguientes a la ocupación se podrá expulsar, junto al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía), a quienes inicien la perturbación de los bienes. De lo contrario, conforme a la sentencia 528 de 2011 de la Corte Constitucional, “el desalojo debe realizarse solo si es estrictamente necesario y antes de practicarlo debe intentarse el abandono voluntario del bien”.

Una vez instalados en el lugar, inician las acciones correspondientes para acreditar que residen en el sitio hace tiempo. Por ejemplo, provocan incendios para que lleguen los Bomberos y exista un acta en el que conste quiénes se encontraban en el predio. Asimismo, provocan pleitos para que la Policía haga lo mismo y solicitan la instalación de servicios públicos, para que haya una constancia de que no se pudo instalar al tratarse de un predio ilegal, pero a cambio entreguen un registro que certifique quiénes viven en el lote.

En medio de todas estas maniobras, los tierreros se empiezan a visibilizar dentro de los predios mostrándose como líderes que ayudan a consolidar la invasión, a la par que reciben a nuevas familias que buscan espacios para vivir, a cambio de pagos que disfrazan como contribuciones, ya sea para la instalación de servicios públicos, vías internas o cualquier otro tipo de necesidades dentro del lugar.

Juan*, una de las personas de la reciente invasión en la reserva Entrenubes, asegura que llegó al lugar porque le contaron que allá podría ir a armar cambuche para vivir con sus padres. Ellos son desplazados de la violencia y, para agravar la situación, su padre presenta un carcinoma escamocelular, producto de un tumor que le hizo perder el ojo derecho, por lo que durante la cuarentena ha entrado y salido constantemente del hospital.

Por ello no tienen dinero y lo poco que él puede trabajar lo destinan por completo a la salud del adulto, de setenta años, por lo que costruir un cambuche en un predio de invasión se veía como una salida a uno de sus problemas. “El Distrito no nos ha dado nada ni nos ha ayudado. No tenemos para el arriendo y no sabemos qué hacer”, señala.

Mientras se traslapan los predios y se interponen querellas ante inspecciones y juzgados para comenzar los procesos de apropiación, los tierreros comienzan la segunda parte de la venta bajo dos modalidades: primero se les solicita a quienes ya habitan la zona un nuevo pago muchísimo más alto para recibir completamente el predio. Si no lo hacen, los sacan a la fuerza y venden de nuevo los lotes, hasta tres veces, a bajo costo y recibiendo como pago cosas como neveras, estufas o vehículos.

Al final, los promotores de las invasiones se aprovechan de la ley y de funcionarios involucrados en los procesos de ocupación, para quedarse con los predios o continuar con sus negocios ilegales dentro de estas zonas, pues, como lo han señalado las autoridades, se aprovechan especialmente de sectores como Entrenubes o Quiba, para mantener un control importante de los corredores que conectan a Bogotá con los Llanos Orientales, y de esta manera manejar el ingreso de los estupefacientes que entran a la ciudad y que en muchas ocasiones también se trafican en estas invasiones.

Una fuente vinculada a estos procesos asegura que las denuncias en contra de estas personas muchas veces no prosperan, ya que los tierreros actúan bajo nombres de terceros. Asimismo, es poco común que particulares los denuncien por estafa o invasión, ya que suelen amedrentar con amenazas a funcionarios y habitantes de zonas aledañas, mientras que quienes terminan habitando estos predios, pese a su condición de vulnerabilidad, saben que en cualquier momento serán desalojados. “Muchos saben que están comprando o metiéndose en predios que no pueden, pero los orientan para que el Distrito les reconozca el derecho de reasentamiento, sustentados en la sentencia 908 del 7 de noviembre de 2012”.

En este documento la Corte Constitucional, amparada en el concepto de una vivienda digna, indica que “la administración debe ser especialmente cuidadosa en que no se convierta en un procedimiento que atente contra los derechos de las personas desalojadas, por lo que debe brindarles soluciones de vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas.

Si bien el Distrito tiene identificados 263 polígonos en los que hoy existen al menos 18.519 ocupaciones ilegales o informales, de los cuales más de la mitad se registran en Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, es muy difícil mantener el control de todas las invasiones.

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, manifestó que junto a la Fiscalía han adelantado investigaciones con las que esperan, en los próximos meses, desmantelar algunas de estas bandas, pues enfrentarlas es sin duda el principal reto, en especial en esta época en que los urbanizadores ilegales se aprovechan de circunstancias como la de Juan para sacar ganancias, por lo que tendrán que analizar más acciones preventivas para alertar a potenciales compradores e impedir que sigan cayendo en estos engaños y en estas cadenas ilegales que terminan sosteniendo a otras mafias.

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