Bogotá

12 Sep 2013 - 5:45 p. m.

Las torres inclinadas de Suba

Un conjunto residencial podrían colapsar, debido a la afectación por culpa de una presunta mala construcción vecina. El asunto enfrenta a la constructora Colpatria con 31 familias.

Redacción Bogotá

“Los vidrios tienen película de seguridad porque en cualquier momento van a estallar”, dice Álvaro Cuartas, propietario del apartamento 101 del conjunto residencial Salamanca y Calatayud, ubicado en las colinas de Suba. Él y las 31 familias que habitan las torres cuatro, cinco y seis están en evidente riesgo pues, como ellos lo afirman, desde 2007, una edificación empezó a levantarse a escasos diez metros de su propiedad. Desde entonces, tienen que taparse los oídos ante las rechinantes grietas que se abren paso por la noche.

El Espectador hizo presencia en este conjunto de estrato seis, donde hay apartamentos avaluados en 700 millones de pesos. En la mañana del jueves, Carlos Barrera, propietario del 403, empuñaba una bola de golf; no era una afición por el deporte de los grandes campos, sino la prueba fehaciente de que el apartamento de su vecino estaba tan inclinado, que la bola podría rodar de lado a lado en búsqueda de dirección.

Según Efraín Forero, el abogado de los vecinos de Salamanca y Calatayud, “las tres torres hoy tienen una inclinación de 23 centímetros y un desplazamiento de 17 centímetros”. En 2009 cuatro familias fueron reubicadas por parte de la Constructora Colpatria a través de un fallo proferido por el juzgado 71 civil municipal el 13 de Mayo de 2009, que sin embargo fue llevado a cabo en septiembre del mismo año.

Uno de ellos fue Álvaro Prada Gómez, quien con su familia tuvo que marcharse a otro lugar, porque su vivienda se estaba cayendo a pedazos, hoy mira con resignación lo que llama su “patrimonio familiar”. “El sentimiento que todos tenemos es que nos acabaron con el patrimonio, aquí vivíamos muy bien y tranquilos pero a raíz de esto tuvimos que irnos” dijo.

Cuenta que ante la situación, él y sus vecinos decidieron colocar un cartel en una de las ventanas apuntando a la edificación contigua, llamada Portal de Santo Domingo, ese cartel “hacía conocer que nuestra situación era por culpa de las excavaciones que ellos habían hecho allá”, dijo. Sin embargo, entre risas afirmó que “más bien nos pusieron una demanda por daño a la buena imagen”. Esa demanda aún sigue vigente y teme que “le presten más atención a esa tutela que a la nuestra que ya lleva cinco años”.

El abogado y las 31 familias afectadas han interpuesto tres recursos legales que hasta el momento no han sido resueltos. Sólo a través de una tutela se tuvo una respuesta en 2009 y este año esperan que a través de una acción legal grupal se reubique a los afectados, se indemnice por $37 mil millones y se les reconstruya lo que perdieron. “La constructora no se ha notificado y estamos esperando que lo haga”, expresa.
El Espectador ha tratado de comunicarse con el grupo constructor pero no ha sido posible.
 

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