'Las URI tienen un 264% de hacinamiento'

 Como lo reveló El Espectador en junio de este año, en el que citaba tres informes de la Procuraduría en los que se registraban las precarias condiciones en que vivían las personas internadas en los centros de reclusión; el defensor del pueblo confirmó la crítica situación.

Jorge Otalora aseguró que hay un hacinamiento del 264%, porque, a pesar de que las URI son centros de reclusión temporales —de uno a dos días—, y de personas a quienes aún no se les ha definido su situación judicial, se ha convertido en un espacio donde imputados y personas que están siendo procesadas han pasado hasta más de cinco meses recluidas. Esta situación genera una sistemática violación a los Derechos Humanos por las condiciones en las que se encuentran las personas retenidas”, señaló el defensor del pueblo.

La conclusión de Otalora fue la misma a la de los informes de la Procuraduría: “Hay personas que están durmiendo en el piso, en el pasillo, no tienen acceso a los servicios públicos mínimos, ni a alimentación como corresponde. Algunos de ellos esporádicamente tienen acceso a los baños”. Asimismo hizo un llamado de atención al Ministerio de Justicia, Fiscalía e Inpec para buscar una inmediata solución y descongestionar las URI que tienen una capacidad para 120 personas, y en la actualidad se encuentran recluidas unas 400.

Todas las entidades del Estado se han tirado la pelota para no asumir responsabilidades. El director de Fiscalías de Bogotá, Jorge Eduardo Carranza, desmintió a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, sobre la falta de efectividad de la entidad y afirmó que de los 437 detenidos 313 ya están judicializados y deben ir a un centro de reclusión, situación que es responsabilidad del Inpec y de esa cartera ya que son los encargados de las personas en calidad de imputados.