9 Oct 2018 - 3:00 a. m.

Ley seca en Corabastos: ¿hay punto de equilibrio?

Mientras el Distrito evalúa las observaciones al proyecto de decreto para restringir el consumo de alcohol en la zona, los comerciantes insisten en las afectaciones y dicen tener la fórmula que lograría un punto medio entre seguridad y licor.

Javier González Penagos - Twitter @Currinche

A menos de dos meses de la temporada decembrina y de fin de año, los comerciantes dedicados a la venta de licor en Corabastos y sus inmediaciones no dejan de expresar preocupación por el proyecto de decreto del Distrito, que restringiría el expendio y consumo de alcohol en el sector durante los próximos tres meses. Aunque no desconocen la situación de inseguridad, que llevó a la administración a plantear la medida, hoy están en búsqueda de un punto medio y dicen tener estrategias concretas para alcanzar un equilibrio.

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Antes de explicar sus propuestas, hay que revisar los argumentos de la Secretaría de Seguridad para plantear la ley seca, con la que buscan restablecer el orden público en la zona y mejorar la seguridad. El proyecto prohíbe la venta de licor tanto en establecimientos como en el espacio público de la UPZ 80 de Corabastos, en la localidad de Kennedy. La medida —que regiría las 24 horas— abarca también los barrios El Amparo y María Paz. Sin embargo, excluye cinco sectores que sí tendrían autorización para comercializar alcohol, porque su uso del suelo lo permite y los predios están ubicados frente a vías arteriales.

Según la administración, esta zona integra el top 20 de las más violentas de la ciudad, siendo la número 13 en materia de homicidios y la 17 en lesiones personales. “Esta UPZ concentra el 16 % de los homicidios que ocurren en Kennedy, el 11 % de las lesiones, el 9 % de las riñas y allí se imponen el 10 % de los comparendos por porte de armas y sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público”.

Para el Distrito, el origen de esos homicidios, lesiones y riñas es, esencialmente, el consumo de alcohol, incluso dentro de las mismas instalaciones de Corabastos y desde tempranas horas de la mañana, “atrayendo actividades indeseadas como la prostitución y juegos de azar”. Advierte además que hay vendedores ambulantes, tanto autorizados como no autorizados por las directivas de la Central, que venden licor en puestos de comidas y bebidas.

Toda esta situación no es ajena para los comerciantes y aseguran que también quieren mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, insisten en que la medida es demasiado drástica y no se compadece con sus finanzas. De acuerdo con Óscar Castelblanco, abogado que representa sus intereses, la restricción afectaría a 10.000 personas, entre dueños de 2.000 establecimientos y empleados, que eventualmente serían despedidos, así como pérdidas por casi $2.000 millones al mes.

“La medida es inconstitucional e ilegal, y llevaría a quienes viven de estos establecimientos a la quiebra y a aguantar hambre, pues para muchos es su único ingreso. ¿Cómo van a pagar el arriendo, los servicios públicos o los empleados? Se afectarán derechos fundamentales de personas honestas y la Alcaldía no ha valorado estos aspectos. Dicen que la UPZ de Corabastos es de las más inseguras, pero ¿qué pasa con los otros sectores más violentos? ¿Por qué no comenzaron allá con estas medidas?”, cuestionó Castelblanco.

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De acuerdo con el abogado, todo este pleito no es contra la administración, sino contra la delincuencia. Por ello, los comerciantes proponen crear un frente de seguridad financiado por ellos mismos y que estaría compuesto por 12 guardias de seguridad privada, que trabajarían de forma permanente y en conjunto con autoridades como la Policía. Adicionalmente, plantean crear una asociación que identifique los focos de ilegalidad, la venta fraudulenta de licor y las bandas que insisten en tomarse el sector.

“Le apostamos a mecanismos alternativos de solución de conflictos para conciliar. Queremos ser propositivos y no pelear con la Alcaldía. Desde hace cerca de cuatro meses trabajamos con algunas personas que brindan seguridad a los establecimientos más grandes, pero también necesitamos vincular a los más chicos y a los que menor poder adquisitivo tienen”, agregó el abogado.

Los comerciantes sugieren además que, para minimizar los impactos de la ley seca en sus bolsillos, la restricción solo aplique en determinados horarios y en ciertos días, según los estudios que haya hecho el Distrito frente a las horas en las que más riñas se presentan.

La Secretaría de Seguridad aseguró, en respuesta, que está evaluando 41 observaciones y comentarios que recibió frente al decreto. El jefe de ese despacho, Jairo García, señaló que han entablado mesas de trabajo con los comerciantes y se estudian posibles excepciones a grandes establecimientos dedicados a la distribución de licor.

No obstante, insistió en que el propósito es mejorar el territorio y reducir los índices de violencia en cercanías de Corabastos. “Este decreto se enmarca en un trabajo integral que llevamos haciendo hace un año y medio, el cual abarca desarticulación de bandas y trabajo constante”.

Mientras los comerciantes insisten en llegar a acuerdos y que sus propuestas sean escuchadas para no afectar la dinámica económica del sector, el Distrito manifestó que, si bien está abierto a comentarios, se deben buscar medidas para recuperar la zona. Lograr un punto medio será tarea de las partes, lo que redundará indudablemente en la mejora de uno de los sectores más afectados en materia de seguridad.

 

jgonzalez@elespectador.com 

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