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El hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía es un problema de nunca acabar. Hoy, según datos de la Personería, hay una sobrepoblación del 144%, lo que representa que hay casi tres mil reclusos donde solo hay cama para 1.227.
Y, a pesar de las órdenes de las altas cortes y las propuestas o proyectos de construir nuevos centros de retención, hasta el momento nada ha servido. Ante esto, la administración incluyó en el Plan de Desarrollo una propuesta para encontrar una solución: invertir recursos en un ambicioso plan de descongestión. Sin embargo, no todos los cabildantes la ven con buenos ojos, abriendo la polémica.
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¿Qué solución planteo el gobierno local?
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso una inversión de casi $265.000 millones, destinados a la denominada “descongestión carcelaria”. El plan incluye mecanismos de justicia restaurativa, como estrategia para abordar el problema del hacinamiento.
“Implementar un programa de descongestión carcelaria, tratamiento a personas privadas de la libertad y acompañamiento en el pos egreso”, explica el documento.
Este programa, agrega, busca fomentar la conciliación y mediación entre víctimas y victimarios, evitando así el encarcelamiento como solución a la situación judicial del delincuente. A cambio, se estaría proponiendo una reparación directa del daño a los afectados, por medio del diálogo.
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¿Quién está en contra de la propuesta?
La propuesta, que se basa en tendencias modernas de resolución de conflictos, para otros no es más que sinónimo de impunidad. Como lo señaló el concejal Julián Uscátegui (Centro Democrático), quien expresó su preocupación. Argumentó que implementar esta estrategia podría fomentar aumentar los índices de inseguridad en la ciudad.
El cabildante calcula que, por lo menos, 1.700 personas podrían quedar en libertad, en especial los que cometen delitos como hurto o violencia intrafamiliar. Como solución, Uscátegui propuso utilizar esos recursos en ampliar y adecuar más infraestructura carcelaria. Esto de alguna forma permitiría cumplir con los estándares internacionales en cuanto a la capacidad de custodia de personas privadas de la libertad.
El debate entre la propuesta de Galán y Uscátegui plantea interrogantes fundamentales sobre cómo enfrentar el problema del hacinamiento carcelario en Bogotá y cómo equilibrar la necesidad de justicia con la capacidad del sistema penitenciario, en especial, si se tiene en cuenta que el hacinamiento viene creciendo de forma paulatina desde 2018.
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Por Redacción Bogotá
