Lo que comenzó como una jornada de conmemoración religiosa en el centro de Bogotá terminó en una tensa confrontación jurídica y social. Mientras cientos de feligreses adelantaban el tradicional Viacrucis de Viernes Santo, una movilización de la comunidad trans recorrió la carrera Séptima realizando actos simbólicos en contraposición a la Semana Mayor en puntos estratégicos, generando un fuerte choque entre el derecho a la protesta y la libertad de culto.
Según reportes de la Secretaría de Gobierno, la movilización inició en el Museo Nacional con el objetivo de visibilizar denuncias contra el abuso policial y las estructuras de poder que marcan el ritmo del país, como la Iglesia Católica. La jornada incluyó seis paradas performáticas, destacando un acto en el CAI de San Diego donde se quemó una prenda de vestir, y breves intervenciones en los atrios de las iglesias de Las Nieves, San Francisco y Nuestra Señora de las Aguas.
Sin embargo, la estética del performance —que incluyó indumentaria de látex, cadenas y simbología que varios sectores identificaron como “satánica”— desató la indignación de los asistentes a las liturgias. En la iglesia de San Francisco, en la Av. Jiménez con carrera Séptima, el grupo interrumpió la ceremonia con cánticos y proclamas, lo que obligó a los fieles a intentar cerrar las puertas del templo. Testigos y transeúntes calificaron el acto en redes sociales como una “burla directa y una provocación inaceptable” en la fecha más importante del calendario de celebraciones del catolicismo.
El vacío de protección y el riesgo penal
Más allá del rechazo social, el incidente abre un complejo escenario legal. Expertos han recordado que la Ley 133 de 1994, que reglamenta la libertad religiosa, excluye expresamente expresiones relacionadas con el satanismo del ámbito de protección en Colombia. Esto implica que tales manifestaciones no gozan de las mismas garantías legales que una confesión de fe establecida.
Asimismo, el debate se traslada al Código Penal. Los artículos 201 y 202 sancionan toda conducta que implique la perturbación o afectación de ceremonias religiosas. Bajo este contexto, juristas advierten que estos hechos no podrían ser amparados bajo la libertad de expresión si se acredita que hubo una interrupción efectiva de la celebración eucarística.
Balance oficial
A pesar de las tensiones, la Secretaría de Gobierno informó que la jornada finalizó con normalidad tras la mediación del Equipo de Diálogo Social. El reporte oficial indicó que, al cierre de la tarde en el sector de Las Aguas, la dinámica de la marcha derivó en una actividad de esparcimiento en el espacio público sin que se registraran capturas ni daños materiales a los templos o CAI que fueron parte de la actividad performática.
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Por Redacción Bogotá
