Licitación de aseo: ¿proceso innecesario?

Ricardo Felipe Herrera Carrillo hizo parte del equipo de empalme que acompañó al alcalde Peñalosa antes de posesionarse. Es experto en aseo y entre las sugerencias que dio aconsejó no abrir la licitación para adjudicar la recolección de basuras y dejar que la libre competencia ajustara el servicio. No obstante, la administración descartó su recomendación y la Uaesp abrió este año una licitación para adjudicar cinco áreas de servicio exclusivo (ASE), por ocho años, a través de contratos que suman casi $5 billones. Herrera Carrillo, alejado de la administración, hoy impulsa una acción popular para tumbar esa licitación. (LEA: Esquema de aseo, con nuevas condiciones)

Detrás de su demanda hay dos razones: una, como ciudadano, que busca proteger el patrimonio de los bogotanos. Dice que la licitación es innecesaria y que, en vez de mejorar el servicio, se lesionan las finanzas de la Empresa de Acueducto (EAAB). Y lo explica de manera coloquial: Así como el mercado de telefonía o de televisión, el de recolección de basuras se debe regir por la libre competencia. Esto indica que cada operador lucha por los clientes y los asegura a través de un contrato. 

“Hoy, de los usuarios de la ciudad, el Acueducto tiene el 80 %, con contratos a término indefinido. Con la licitación buscan repartirlos. Es como si Claro saliera a repartir sus clientes. Y lo peor, en un proceso en el que entrará a competir en desventaja, corriendo el riesgo de quedar por fuera. Eso es ilógico y ahí es donde se daría un posible detrimento para la ciudad. Aunque suene absurdo, si algo dejó la ilegalidad del exalcalde Petro con su cambio de esquema de aseo, fue un gran activo para el Acueducto. Ahora hay que defender ese patrimonio”, explicó Herrera Carrillo. (LEA: Nuevo esquema de aseo de Bogotá será adjudicado en diciembre)

En este punto es donde se conoce la segunda razón detrás de la acción popular. Herrera Carrillo reconoce que es un hombre de negocios y también tiene un interés particular. Explica que, como la EAAB no puede ser operador del servicio de recolección, según un fallo del Consejo de Estado, sí lo puede hacer a través de su empresa Aguas de Bogotá. No obstante, es claro que a esa empresa le falta una inyección de capital para mejorar el servicio. El plan del abogado es abrir una puerta para presentar a un socio privado, sin necesidad de licitación. (LEA: Tribunal anula la facultad del Acueducto de Bogotá para prestar el servicio de aseo)

La acción popular fue radicada en agosto, en los juzgados administrativos. En la demanda pidió al juez una medida cautelar: suspender la licitación, mientras la justicia toma una decisión de fondo. Su argumento es que, dejar avanzar el proceso de contratación podría generar un daño irremediable a la ciudad. Esta semana un hecho le imprimió peso a su petición: la Procuraduría emitió un concepto en el que respalda la solicitud de Herrera. Con esto, la licitación de recolección de basuras sería la tercera licitación abierta en los últimos meses a la que le hacen reparos. 

En la acción popular, el actor cuenta cómo desde el año pasado le ha insistido al alcalde y a las entidades involucradas en el tema, que desistan de la licitación y “revisen con serenidad, rigor y profundidad” el asunto, para tomar decisiones en defensa del patrimonio público. Dice el abogado que las respuestas han sido evasivas y que demuestran arbitrariedad y despreocupación por la cosa pública, lo cual rayaría con una vulneración de la moralidad administrativa. “Le dije a Enrique que, si  insistía en ese camino, yo no tendría otra alternativa que acudir a la justicia”.

Los reproches

En el documento hace referencia a la forma como la EAAB, tras el cambio de esquema de Aseo en 2012, se quedó con el 80 % del mercado de la recolección de basuras y aseguró a clientes con contratos indefinidos. Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio multó al Acueducto y le ordenó desmontar el esquema transitorio y pasar el de libre competencia, los contratos no fueron cuestionados. Es decir, son legales y una importante fuente de ingreso. Pese a esto, dice el demandante, la Uaesp pretende despojar a la empresa de esos contratos con la licitación para implementar las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). 

Señala que, actualmente, la EAAB está en una condición  privilegiada en el mercado, prestándole servicio a 1,6 millones de hogares que, mientras no decidan lo  contrario, la empresa tendrá que seguir garantizando el servicio de forma indefinida. Sin embargo, agrega, lo único que amenaza su posición es la licitación, pues de seguir adelante, la EAAB tendría que participar con la incierta y remota posibilidad de ser adjudicataria de una sola de las cinco áreas, pasando de tener el 80 % del mercado a un escaso 20 %, por 8 años, en el mejor de los casos”.

Para demostrar la importancia recalca que entre 2013 y 2016 la EAAB tuvo ingresos por prestación del servicio de aseo cercanos a los $334.755 millones. Por eso Herrera  insiste en que, de conservarse y respetarse el esquema de libre competencia, ni los activos ni el patrimonio de la EAAB se verían vulnerados por una acción de la propia Administración.

En la acción popular pide al juez ordenarle de manera concreta al Distrito que se abstenga de abrir “procedimiento contractual para contratar el servicio público de aseo de Bogotá (...). En caso de haberlo abierto, que se ordene suspender indefinidamente el mismo, en aras de no afectar injustificadamente el patrimonio público de dicha empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial”.

Entre las solicitudes, además, pide al juez designar a un perito independiente la valoración de mercados de empresas de servicios públicos domiciliarios de aseo, para que determine el valor económico del mercado del servicio de aseo que tiene la EAAB, representando en 1,6 millones de contratos con condiciones uniformes (CCU), en 17 localidades. “Dicho dictamen deberá considerar que el mercado en comento se podrá explotar sin límite en el tiempo, bajo el esquema de prestación de libre competencia pura y simple o libre competencia en el mercado, adoptando la modalidad de gestión empresarial que mayores rendimientos y eficiencia le generen, y considerando comparativamente ejemplos de modelos empresariales exitosos en el país, tales como los adoptados por las empresas oficiales en Medellí o Cali”. 

El documento concluye que la acción popular está lejos de querer más favorecimientos para la EAAB, como ocurrió en 2012 con el "Esquema Transitorio del Servicio de Aseo", sino que se le permita, en un escenario de igualdad de libre competencia, que pueda conservar, disputar y defender su mercado y, en consecuencia, sus "ingresos patrimoniales" por cuenta de la prestación del servicio de aseo y, para ello, “pueda tener la oportunidad de adoptar las medidas de gestión empresariales necesarias que le permitan mantener la fidelidad de sus suscriptores y acrecentar las utilidades que recibe por concepto de prestar dicho servicio de manera eficiente”, concluyó.

La respuesta de la Uaesp

Para la entidad distrital la interpretación de Herrera Carrillo no es correcta, "pues la prestación del servicio público de aseo, que hoy en día está a cargo de la EAAB, parte de un contrato interadministrativo celebrado en el 2012 entre la Uaesp y dicha empresa, el cual desde su concepción inicial se soportó en un esquema transitorio condicionando su terminación a la adjudicación de la licitación que concesionaría el servicio de público de aseo en la ciudad de Bogotá bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo" y que está sustentando en la cláusula 33 del contrato adscrito.

Además consideran que el concepto de la Procuraduría no tuvo en cuenta la realidad jurídica de la EAAB, ni la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que consideró ilegal el acto administrativo con el que modificaron las funciones de la empresa para ingresar al mercado de aseo. De esta forma, la Uaesp cree que con la decisión del tribunal "se estarían ocasionando mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger".

Finalmente, de acuerdo con la entidad distrital, con el falo judicial se facultó a la Administración para que adopte las medidas que permitan adecuar y garantizar la continuidad de la prestación del servicio, a través de los actos que estime convenientes y que sean ajustados a los requerimientos, ya que el esquema bajo el que de aseo actual quedaría sin sustento legal en febrero de 2018. "En este orden de ideas, se evidencia que con fundamento en los pronunciamientos judiciales emitidos recientemente, la administración distrital tiene a su disposición todas las alternativas de orden técnico y legal que le permitan garantizar la prestación eficiente del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá".

Por ahora, mientras el Distrito sigue adelante con la licitación, la acción popular sigue su trámite y se espera que en las próximas semanas se conozca si el proceso de contratación sigue su curso o no. 

Ricardo Felipe Herrera Carrillo hizo parte del equipo de empalme que acompañó al alcalde Peñalosa antes de posesionarse. Es experto en aseo y entre las sugerencias que dio aconsejó no abrir la licitación para adjudicar la recolección de basuras y dejar que la libre competencia ajustara el servicio. No obstante, la administración descartó su recomendación y la Uaesp abrió este año una licitación para adjudicar cinco áreas de servicio exclusivo (ASE), por ocho años, a través de contratos que suman casi $5 billones. Herrera Carrillo, alejado de la administración, hoy impulsa una acción popular para tumbar esa licitación. (LEA: Esquema de aseo, con nuevas condiciones)

Detrás de su demanda hay dos razones: una, como ciudadano, que busca proteger el patrimonio de los bogotanos. Dice que la licitación es innecesaria y que, en vez de mejorar el servicio, se lesionan las finanzas de la Empresa de Acueducto (EAAB). Y lo explica de manera coloquial: Así como el mercado de telefonía o de televisión, el de recolección de basuras se debe regir por la libre competencia. Esto indica que cada operador lucha por los clientes y los asegura a través de un contrato. 

“Hoy, de los usuarios de la ciudad, el Acueducto tiene el 80 %, con contratos a término indefinido. Con la licitación buscan repartirlos. Es como si Claro saliera a repartir sus clientes. Y lo peor, en un proceso en el que entrará a competir en desventaja, corriendo el riesgo de quedar por fuera. Eso es ilógico y ahí es donde se daría un posible detrimento para la ciudad. Aunque suene absurdo, si algo dejó la ilegalidad del exalcalde Petro con su cambio de esquema de aseo, fue un gran activo para el Acueducto. Ahora hay que defender ese patrimonio”, explicó Herrera Carrillo. (LEA: Nuevo esquema de aseo de Bogotá será adjudicado en diciembre)

En este punto es donde se conoce la segunda razón detrás de la acción popular. Herrera Carrillo reconoce que es un hombre de negocios y también tiene un interés particular. Explica que, como la EAAB no puede ser operador del servicio de recolección, según un fallo del Consejo de Estado, sí lo puede hacer a través de su empresa Aguas de Bogotá. No obstante, es claro que a esa empresa le falta una inyección de capital para mejorar el servicio. El plan del abogado es abrir una puerta para presentar a un socio privado, sin necesidad de licitación. (LEA: Tribunal anula la facultad del Acueducto de Bogotá para prestar el servicio de aseo)

La acción popular fue radicada en agosto, en los juzgados administrativos. En la demanda pidió al juez una medida cautelar: suspender la licitación, mientras la justicia toma una decisión de fondo. Su argumento es que, dejar avanzar el proceso de contratación podría generar un daño irremediable a la ciudad. Esta semana un hecho le imprimió peso a su petición: la Procuraduría emitió un concepto en el que respalda la solicitud de Herrera. Con esto, la licitación de recolección de basuras sería la tercera licitación abierta en los últimos meses a la que le hacen reparos. 

En la acción popular, el actor cuenta cómo desde el año pasado le ha insistido al alcalde y a las entidades involucradas en el tema, que desistan de la licitación y “revisen con serenidad, rigor y profundidad” el asunto, para tomar decisiones en defensa del patrimonio público. Dice el abogado que las respuestas han sido evasivas y que demuestran arbitrariedad y despreocupación por la cosa pública, lo cual rayaría con una vulneración de la moralidad administrativa. “Le dije a Enrique que, si  insistía en ese camino, yo no tendría otra alternativa que acudir a la justicia”.

Los reproches

En el documento hace referencia a la forma como la EAAB, tras el cambio de esquema de Aseo en 2012, se quedó con el 80 % del mercado de la recolección de basuras y aseguró a clientes con contratos indefinidos. Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio multó al Acueducto y le ordenó desmontar el esquema transitorio y pasar el de libre competencia, los contratos no fueron cuestionados. Es decir, son legales y una importante fuente de ingreso. Pese a esto, dice el demandante, la Uaesp pretende despojar a la empresa de esos contratos con la licitación para implementar las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). 

Señala que, actualmente, la EAAB está en una condición  privilegiada en el mercado, prestándole servicio a 1,6 millones de hogares que, mientras no decidan lo  contrario, la empresa tendrá que seguir garantizando el servicio de forma indefinida. Sin embargo, agrega, lo único que amenaza su posición es la licitación, pues de seguir adelante, la EAAB tendría que participar con la incierta y remota posibilidad de ser adjudicataria de una sola de las cinco áreas, pasando de tener el 80 % del mercado a un escaso 20 %, por 8 años, en el mejor de los casos”.

Para demostrar la importancia recalca que entre 2013 y 2016 la EAAB tuvo ingresos por prestación del servicio de aseo cercanos a los $334.755 millones. Por eso Herrera  insiste en que, de conservarse y respetarse el esquema de libre competencia, ni los activos ni el patrimonio de la EAAB se verían vulnerados por una acción de la propia Administración.

En la acción popular pide al juez ordenarle de manera concreta al Distrito que se abstenga de abrir “procedimiento contractual para contratar el servicio público de aseo de Bogotá (...). En caso de haberlo abierto, que se ordene suspender indefinidamente el mismo, en aras de no afectar injustificadamente el patrimonio público de dicha empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial”.

Entre las solicitudes, además, pide al juez designar a un perito independiente la valoración de mercados de empresas de servicios públicos domiciliarios de aseo, para que determine el valor económico del mercado del servicio de aseo que tiene la EAAB, representando en 1,6 millones de contratos con condiciones uniformes (CCU), en 17 localidades. “Dicho dictamen deberá considerar que el mercado en comento se podrá explotar sin límite en el tiempo, bajo el esquema de prestación de libre competencia pura y simple o libre competencia en el mercado, adoptando la modalidad de gestión empresarial que mayores rendimientos y eficiencia le generen, y considerando comparativamente ejemplos de modelos empresariales exitosos en el país, tales como los adoptados por las empresas oficiales en Medellí o Cali”. 

El documento concluye que la acción popular está lejos de querer más favorecimientos para la EAAB, como ocurrió en 2012 con el "Esquema Transitorio del Servicio de Aseo", sino que se le permita, en un escenario de igualdad de libre competencia, que pueda conservar, disputar y defender su mercado y, en consecuencia, sus "ingresos patrimoniales" por cuenta de la prestación del servicio de aseo y, para ello, “pueda tener la oportunidad de adoptar las medidas de gestión empresariales necesarias que le permitan mantener la fidelidad de sus suscriptores y acrecentar las utilidades que recibe por concepto de prestar dicho servicio de manera eficiente”, concluyó.

La respuesta de la Uaesp

Para la entidad distrital la interpretación de Herrera Carrillo no es correcta, "pues la prestación del servicio público de aseo, que hoy en día está a cargo de la EAAB, parte de un contrato interadministrativo celebrado en el 2012 entre la Uaesp y dicha empresa, el cual desde su concepción inicial se soportó en un esquema transitorio condicionando su terminación a la adjudicación de la licitación que concesionaría el servicio de público de aseo en la ciudad de Bogotá bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo" y que está sustentando en la cláusula 33 del contrato adscrito.

Además consideran que el concepto de la Procuraduría no tuvo en cuenta la realidad jurídica de la EAAB, ni la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que consideró ilegal el acto administrativo con el que modificaron las funciones de la empresa para ingresar al mercado de aseo. De esta forma, la Uaesp cree que con la decisión del tribunal "se estarían ocasionando mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger".

Finalmente, de acuerdo con la entidad distrital, con el falo judicial se facultó a la Administración para que adopte las medidas que permitan adecuar y garantizar la continuidad de la prestación del servicio, a través de los actos que estime convenientes y que sean ajustados a los requerimientos, ya que el esquema bajo el que de aseo actual quedaría sin sustento legal en febrero de 2018. "En este orden de ideas, se evidencia que con fundamento en los pronunciamientos judiciales emitidos recientemente, la administración distrital tiene a su disposición todas las alternativas de orden técnico y legal que le permitan garantizar la prestación eficiente del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá".

Por ahora, mientras el Distrito sigue adelante con la licitación, la acción popular sigue su trámite y se espera que en las próximas semanas se conozca si el proceso de contratación sigue su curso o no.