Al frente de las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la calle 17 con carrera 62, en el occidente de la capital del país, Estefanía Grajales, una lideresa y veedora de Soacha (Cundinamarca) cumple más de dos días de huelga como protesta por la falta de protección ofrecida por la entidad a pesar de las amenazas recientes en su contra.
Si bien asegura ya sentirse débil y frustrada, manifiesta que no se rendirá hasta que mejoren su esquema de seguridad o la levanten tendida del piso. En ese sentido, Grajales asegura que teme por su integridad y que su problema ha llegado a un punto en que ya no puede ejercer su vocación.
“Cuando me entregaron mi primera dotación de seguridad (chalecos, botón de pánico y un teléfono), a los ocho días se me entraron a la casa, me patearon todo y al no encontrarme, dejaron muertas a mis mascotas con puñaladas en la boca”, indicó la lideresa, quien completa más de 48 horas a las afueras de las oficinas de la UNP.
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Esta mujer ha denunciado ser víctima de ataques físicos y amenazas escritas a través de panfletos por sus denuncias en Soacha en contra de tierreros en zonas marginales, pero también contra la corrupción en las entidades públicas.
En ese sentido, en una ocasión, denuncia que arrendó un servicio de transporte en motocicleta para llegar a su casa; sin embargo, en la mitad del trayecto el conductor la empezó a amenazar y la obligó a saltar de la motocicleta en movimiento.
Por estos hechos, la Personería de Soacha solicitó a la Alcaldía del municipio hace dos años implementar medidas de seguridad; que Grajales asegura no se han implementado de manera completa a la fecha. Además de esto, Estefanía, quien es una mujer trans, asegura que ha recibido tratos homofóbicos y transfóbicos por parte funcionarios de la Alcaldía del Soacha al momento de interponer sus denuncias.
A pesar de esto, sigue en su lucha como lideresa y vocera de la comunidad LGBTI, pues es concejera de paz y veedora municipal por el medio ambiente y los animales. Puesto desde el cual ha gestionado jornadas de esterilización y brigadas de atención veterinaria en zonas de escasos recursos.
Según pudo conocer de manera extraoficial este diario, la comisión encargada de sugerir medidas de protección (que está conformada por varios ministerios del Gobierno Nacional) determinó que su caso no requiere el nivel de protección que solicita Grajales, al considerarlo “ordinario”.
Además, la UNP recordó que no está dentro de sus funciones asignar los esquemas de protección, y que se está procediendo a hacer la trazabilidad del caso para analizar la situación.
Adicionalmente, indicó que la vinculación del programa estará “fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Los interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar, siquiera sumariamente, dicha conexidad”, según la normativa de la entidad.
En contraste, Grajales asegura que ha llegado a considerar salir del país, ante su situación de seguridad que ha afectado su labor social en el municipio.
“Yo lo que necesito es desplazarme, para ejecutar estrategias de visibilización y control en los territorios por temas ambientales y por los animales. En ocasiones, cuando hago denuncias, tengo que pasar semanas sin salir de mi casa. Sin poder movernos, nos están silenciando”, aseguró la lideresa social.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año, 57 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, de los cuales dos vivían en la capital y fueron identificados como el líder campesino Carlos Julio Tautiva Cruz, de la localidad de Sumapaz, y Luisa Isabel Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo en Ciudad Bolívar.
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A pesar de las respuestas entregadas a la sección Bogotá de El Espectador, Estefanía Grajales se mantiene firme en su protesta que asegura representa no solo su caso, sino la realidad de denunciar y ser líder social en Colombia.
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