Línea 123, sin geolocalización

En julio pasado, cuando se desató el escándalo por las posibles irregularidades del convenio entre el Fondo de Vigilancia y la ETB para modernizar la línea de emergencia 123, el alcalde Gustavo Petro defendió el proceso hablando de un caso emblemático: la muerte de Rosa Elvira Celis. Recordó que, a pesar de que ella alcanzó a comunicarse con la línea de emergencia, la Policía no la pudo ubicar a tiempo porque la ciudad no tiene un sistema para ubicar dónde se hacen las llamadas. Por eso dijo que, para evitar la repetición de estos episodios, se debía renovar el 123.

Sin embargo, a menos de cuatro meses de su discurso, paradójicamente la geolocalización, que sería la herramienta más novedosa del llamado salto tecnológico, ya no será una obligación para el nuevo operador de la línea de emergencia. Así lo estableció El Espectador, que conoció un oficio que le envió el pasado 16 de octubre la gerente del Fondo de Vigilancia, Fabiola Márquez Grisales, al presidente de la ETB, Saúl Kattán, en el que le da a conocer las nuevas “características técnicas del convenio para la modernización”.

El documento, que viene acompañado de 11 folios, incluye modificaciones sustanciales al anexo técnico, que es la hoja de ruta de cómo debe quedar la nueva plataforma de la línea 123. Como carta de presentación, el oficio dice: “De conformidad con lo acordado en la reunión realizada en las instalaciones de la Alcaldía Mayor el 19 de agosto de 2015, remito, para su conocimiento, aprobación y aplicación, el anexo Características Técnicas del Sistema NUSE 123”.

Al analizarlo, se encuentra que cumple en gran medida con las exigencias que había hecho la ETB y que fueron las mismas que rechazaron los anteriores directivos del Fondo de Vigilancia cuando denunciaron posibles irregularidades y presiones alrededor del proceso. El anexo inicial contemplaba 432 puntos, con exigencias específicas. En el nuevo documento se eliminaron al menos 20 puntos y se modificaron o ajustaron 43.

Y aunque algunos ajustes precisan aspectos necesarios, el cambio sustancial está en la geolocalización. El Fondo eliminó los puntos que obligaban a la ETB a contratar a alguien con los equipos necesarios para ubicar el sitio de donde se hagan las llamadas, especialmente de teléfonos móviles, “sin importar el modelo del equipo celular, antigüedad u operador”. Este punto lo cambiaron, atendiendo el argumento de la ETB según el cual la ubicación de los equipos móviles es obligación de los operadores celulares.

A este cambio se sumaron otros como la reducción de dos plantas digitales de contingencia (una principal y una alterna) a una sola y la de buscar a un contratista con experiencia en ciudades de más 6 millones de habitantes y no de dos millones, como estaba inicialmente.

Pero hay un cambio particular: frente a los sistemas de detección y extinción de incendios; el sistema eléctrico con autonomía y el sistema de control de condiciones ambientales ya no serán para un centro de datos (donde se almacena la información y operación de la Línea 123) con clasificación TIER III (una de las máximas categorías, como se había exigido inicialmente), sino para un centro con clasificación TIER I (que es la básica). Para entender esta modificación es importante aclarar que la clasificación TIER corresponde a los niveles de fiabilidad y disponibilidad del centro de datos. Lo que sugiere es que las redes serán para un centro básico.

Hay otro punto para resaltar. Mientras el primer anexo técnico (con el que se selló el convenio) lo firmaron directivos del Fondo de Vigilancia y la ETB, el nuevo solo lo firma Hernán Silva Calderón, coordinador de la Línea 123, incumpliendo una condición del convenio que señalaba que el anexo técnico solo se podía modificar “con la autorización escrita del supervisor y del interventor contratado por el Fondo”. A pesar de esta advertencia, la modificación se hizo antes de la terminación unilateral del contrato a Infotic, empresa interventora del convenio.

Otrosí

Estas decisiones alrededor del convenio entre el Fondo de Vigilancia (FVS) y la ETB para la modernización de la línea 123 se toman cuatro meses después del escándalo en el que se vio envuelto el FSV, cuando sus entonces directivos denunciaron irregularidades e, incluso, posibles sobornos para hacer las modificaciones y aprobar giros a favor de la ETB sin hacer muchas preguntas y sin exigir cuentas.

El exdirector del Fondo Fernando Arbeláez también habló, en medio del escándalo, de presiones desde el Palacio Liévano para firmar un otrosí al convenio con el fin de seguir adelante sin importar las advertencias de la Contraloría, que hablaban de un posible detrimento y de que el convenio se había firmado sin hacer una licitación, como ordenaba la ley; de las alertas de la interventoría, que señalaba retrasos en el cronograma del proceso y falta de claridad en las cuentas de cobro de la ETB; y la de funcionarios del propio Distrito, que pidieron poner este caso en conocimiento de los entes de control.

Tras el cambio de administración en el Fondo de Vigilancia, los nuevos directivos se han encargado de quitar los obstáculos que se generaron con las denuncias y de cumplir las exigencias de la ETB. La más reciente, conoció este diario, es la estructuración del otrosí, que está listo para la firma entre Fabiola Márquez, gerente del Fondo, y Luis Ignacio Betancur, apoderado de la ETB. En el documento, que fue el principal detonante del escándalo, ahora no solo se ratifica la eliminación de la interventoría y se legaliza el anticipo (que no habían podido legalizar por el incumplimiento del cronograma de la modernización, a cargo de la ETB), sino que ahora el convenio con la ETB ya no será a cinco años (como se previó inicialmente), sino a diez.

Superados los escollos que suscitaron las denuncias de corrupción, solo resta girarle a la ETB (pues ya está el dinero reservado), para cumplir la orden del alcalde Petro de seguir a toda costa con la modernización.

El Espectador, a través de Francisco Javier Díaz, encargado de las comunicaciones del FVS, trató de obtener una entrevista con la gerente de la entidad desde el 29 de octubre, pero al cierre de esta edición no habían respondido.