29 Jan 2021 - 2:00 a. m.

Lo que indigna del desalojo en Los Cerezos

Desde hace 30 años, los habitantes de la vereda en los cerros orientales han mantenido una disputa con el Acueducto por la estadía en el predio. Hoy las 12 familias que quedan piden ser reubicadas, pues no se consideran invasores, ya que viven allí desde mucho antes de que la zona fuera de protección.

En las faldas de la montaña donde se encuentra Monserrate, justo por el camino que lleva desde el chorro de Padilla (el primero del que la ciudad se surtió de agua) hasta el nacimiento del río San Francisco, se llega a la vereda Los Cerezos, un grupo de casas de madera y tejas de aluminio, donde viven doce familias y habitan unas 38 personas, la mayoría de las cuales subsisten de trabajos informales.

No hay calles pavimentadas ni una señal que dé razón del caserío, pues la vereda está en medio de los primeros árboles que dan paso del casco histórico y urbano de Bogotá a la reserva forestal del Bosque Oriental, lo que hace que para el Distrito esta sea zona de cuidado ambiental y, sumado a una serie de circunstancias, no sea apta para vivir. Esta es una de las razones que ha dado el Distrito para impulsar el proceso de desalojo que ha venido anunciando en los últimos meses.

Según indican los más viejos de la vereda, en un principio, antes de los años 50, esa zona había sido un barrio, pero debido a la transformación de la ciudad y al Bogotazo, desapareció y unas pocas familias que quedaron, junto a otras que fueron llegando, hicieron un acuerdo con un hombre llamado Marcos Figueroa, que años más tarde vendió la propiedad al Acueducto. Desde allí comenzó el lío.

Lo primero fue una querella del Acueducto en 1991. Según Doris Niño, abogada de las familias, esta acción fue archivada en el 2013, pero en 2017 se inició otra acción policiva esta misma empresa con el objeto que se restituya este predio, pero se inicia contra ocupantes indeterminados a sabiendas de que esta comunidad está identificada. Desconociendo y vulnerando sus derechos fundamentales.

“El Acueducto no hizo nada por veinte años, dejando a la comunidad, que insiste que se asentó antes de que el predio fuera de la empresa. Ahora iniciaron un nuevo desalojo, argumentando otras normas”, agregó Niño.

Intentaron conciliar con el Distrito, buscaron indemnizaciones, una reubicación y hasta respaldo para seguir en la zona como guardabosques, pues han ayudado a habilitar los senderos que hoy son turísticos y en los últimos años han trabajado para evitar la tala de árboles y alimentan a los perros ferales que llegan o abandonan en los cerros.

“En ningún momento hemos afectado la montaña; por el contrario, la queremos cuidar. Estamos pendientes de los muchachitos o los extranjeros para evitar que suban y aunque dicen que esto es una zona de riesgo, estamos a más de cien metros del río y todo el tiempo que hemos vivido acá nunca nos ha llegado el agua hasta las casas ni se ha dado un derrumbe”, indica Paola Tovar, habitante de la zona.

Tovar ha vivido toda su vida en la vereda. Ella es la tercera generación de su familia en el lugar que ahora habita con sus dos hijos. “La comunidad se volvió pequeñita. Antes había más personas, pero a medida que fueron falleciendo se tumbaron las casas y no se dejó ni vender ni ocupar. De hecho, muchas veces intentamos sacar a los habitantes de calle, que han aumentado después del operativo en el Bronx, y a los venezolanos que han intentado ubicarse en la montaña, pero por su parte el Acueducto no ha hecho nada. Las piletas del chorro de Padilla están mal y la Casa del Molino se está cayendo”.

El Distrito ha dicho que solo hace su labor. Al tratarse de un predio copropiedad del Acueducto y un lugar que han considerado en alto riesgo de deslizamiento, es necesario que las familias salgan, pues no solo habrían hecho uso inadecuado de la construcción de viviendas, sino que, además, al carecer de servicios públicos, han estado tomando el agua del nacimiento del río, lo cual está prohibido por la CAR.

Como solución, la Secretaría de Hábitat les ha ofrecido la opción de albergues temporales en la emergencia, así como el pago de un arriendo de $250.000 por tres meses, pero esto es insuficiente para Tovar y las doce familias en la zona, dado que su vida gira en torno al centro y la mayoría son familias numerosas, por lo que no consideran viable encontrar lugares por este precio. En las mesas también se ha hablado de subsidios, pero la condición es que primero tienen que salir del lugar, lo cual temen, porque creen que este proceso puede tardar seis meses o más.

Por ahora, se hizo la caracterización de las familias, donde la Secretaría de Integración identificó a catorce personas mayores que accedieron a subsidio de la vejez y ayudas alimentarias, mientras que tres fueron descartadas de las ayudas de Bogotá Solidaria al evidenciarse que tenían vivienda. Al respecto, la abogada Niño indica que al hacer la identificación, estas tres personas tienen el certificado catastral de sus viviendas en Los Cerezos, por lo que termina siendo contradictorio que los quieran sacar porque el predio es del Estado, pero no reciban ayudas porque sí aparecen como propietarios.

“Lo único que piden es su derecho a la vivienda digna, porque por lo menos tres generaciones han vivido en la vereda, lo cual quiere decir que han estado allí por más de cincuenta años y no pueden decir que son simples invasores; no son perros, es un hecho humanitario. Este es un conflicto de orden social y lo que se pide es que se haga una reubicación”, dice Niño. Algo similar a la que se logró con la vereda Monserrate, que estaba en predios del Parque Nacional.

El pasado 6 de enero, Policía y funcionarios de la Alcaldía local llegaron a la zona a realizar el desalojo, que finalmente se suspendió ante las críticas que esto suscitó en el Concejo, debido a la alerta roja por la pandemia y por errores en el procedimiento, como la ausencia de entidades como el ICBF o la Personería. Si bien el Distrito acordó entablar una mesa de diálogo, la comunidad está atemorizada, pues creen que una vez se acaben las cuarentenas volverán a intentar sacarlos y perderían lo que han mantenido por al menos cuarenta años.

Nota del editor: se modifica el texto porque no se ha dado un fallo judicial sino una acción policiva.

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