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El anuncio de la Administración Distrital sobre la incorporación de 794 nuevos policías para fortalecer la seguridad en Bogotá generó reparos en el Concejo de la ciudad. Desde el cabildo se advirtió que el nuevo pie de fuerza llegará a las localidades sin contar con las motocicletas y cámaras de videovigilancia que ya fueron adquiridos con recursos públicos, debido a retrasos en trámites y gestiones administrativas.
De acuerdo con la denuncia, dada a conocer por la bancada del partido Mira, el plan de distribución de la Alcaldía Mayor advierte que habrá 684 uniformados que cumplirán tareas de seguridad territorial. Las localidades que recibirán el mayor número de agentes son Kennedy (88), Suba (84), San Cristóbal (45), Bosa (43), Rafael Uribe Uribe (40) y Engativá (37). No obstante, los cabildantes calificaron el refuerzo como insuficiente si los uniformados no cuentan con las herramientas operativas básicas para patrullar y monitorear los cuadrantes.
Contratos ejecutados en papel sin operación real
Los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes presentaron un balance basado en los reportes de las propias alcaldías locales, evidenciando rezagos en la entrega e instalación de equipos tecnológicos y de movilidad:
- Santa Fe: Registra 21 motocicletas con verificación técnica aprobada, pero ninguna se encuentra entregada ni en operación, a pesar de ser la zona con mayor tasa de homicidios en 2025 según datos de ProBogotá.
- Rafael Uribe Uribe: Presenta un reporte de ejecución financiera del 100 % en el rubro de cámaras, pero el balance de instalación, adquisición o funcionamiento físico es de cero. Adicionalmente, 18 motocicletas continúan en proceso de adecuación.
- Puente Aranda: Cuenta con 14 motocicletas sin entregar y los contratos de cámaras registran un 100 % de ejecución financiera frente a un 50 % de ejecución física.
- Kennedy: Registra 36 motocicletas con un indicador de ejecución física y financiera del 0 %.
- Engativá y Tunjuelito: Los convenios para la adquisición de cámaras correspondientes a 2025 reportan giros de recursos del 100 %, pero carecen de una instalación acreditada.
“Celebramos que lleguen más policías a Bogotá, pero no podemos permitir que lleguen a las localidades sin herramientas para responder. La seguridad no se mide por anuncios, contratos o dinero girado; se mide con motos en la calle, cámaras funcionando y presencia real en los barrios”, afirmó el concejal Samir Bedoya.
Solicitud de transparencia a la Administración
Ante este escenario, el concejal Fabián Puentes Sierra enfatizó en que la eficiencia no se puede limitar al cumplimiento presupuestal en los documentos. “Hay localidades con el presupuesto ejecutado al 100% en el papel, pero con cero cámaras instaladas y motos que no salen a la calle”, sostuvo.
Así las cosas, la bancada solicitó formalmente a la Administración Distrital el diseño y la publicación de una matriz de trazabilidad e impacto por localidad. Este documento deberá especificar los números de contrato, valores, cantidad de equipos, fechas de compra, estado de operación, niveles de integración al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y sus resultados verificables. Asimismo, exigieron un cronograma público de entrega inmediata que priorice a los sectores que recibirán el nuevo contingente policial y que aún presentan deudas en equipamiento logístico.
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