Los 10 “elefantes blancos” que han desangrado el erario de Bogotá

Marzo llegó con malas noticias para los habitantes del edificio Hernández Jiménez, ubicado en la carrera 30 con calle 40A, en Bogotá. A través de un acta, la Inspección 13A Distrital de Policía les ratificó a los inquilinos de dos apartamentos, del tercer y cuarto piso, la orden que dio el Idiger el año pasado: desalojar el inmueble para “salvaguardar la vida y la integridad de los residentes”. Estas familias completan una cadena de desalojos que empezaron en 2018, cuando el edificio se empezó a agrietar y a deteriorar.

Marzo llegó con malas noticias para los habitantes del edificio Hernández Jiménez, ubicado en la carrera 30 con calle 40A, en Bogotá. A través de un acta, la Inspección 13A Distrital de Policía les ratificó a los inquilinos de dos apartamentos, del tercer y cuarto piso, la orden que dio el Idiger el año pasado: desalojar el inmueble para “salvaguardar la vida y la integridad de los residentes”. Estas familias completan una cadena de desalojos que empezaron en 2018, cuando el edificio se empezó a agrietar y a deteriorar.

¿La razón detrás del desastre? Una obra aledaña, contratada con dineros públicos, que inició en enero de 2017 y que está abandonada: la que iba a ser la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, que clasifica como uno de los tantos “elefantes blancos” en la capital. Allí no solo se pusieron en riesgo los dineros de los capitalinos, sino la vida de los vecinos. Hoy un vigilante es el único que permanece al frente del edificio de 12 pisos, que sobresale fácilmente de los demás de la cuadra, que tienen entre dos y cuatro niveles.

La construcción se contrató en diciembre de 2016, por $22.000 millones, y fue suspendida por problemas en la excavación y el peso del edificio, que causaron hundimientos en los predios aledaños, según determinó la Sociedad Colombiana de Ingenieros. A la fecha, frente al contrato, la Contraloría de Bogotá estableció un posible detrimento inicial de $1.400 millones, por el uso indebido del anticipo (el 10 % del contrato) y en julio de 2021 la Personería formuló cargos contra el exalcalde local Julián Bernal, porque habría incumplido el pliego de condiciones de la licitación.

Este “elefante blanco” se suma a una lista de 53 obras inconclusas en la capital, de las cuales El Espectador eligió las 10 más representativas (que suman $789.613 millones en contratos públicos) y que a pesar de haber sido diseñadas para mejorar las condiciones de salud, movilidad, recreación y acceso a la administración pública de los ciudadanos, hoy podrían catalogarse como una oda al incumplimiento.

Meissen: nuevo contrato, nuevo incumplimiento

En agosto de 2020, en pleno avance de la pandemia por el covid-19, la Secretaría de Salud anunció la adjudicación de un contrato por $17.047 millones para la terminación y adecuación de la torre dos del hospital de Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar. El anuncio se tomó con beneplácito, pues se trataba de la reactivación de una obra que contrataron en 2010 por $84.399 millones y llevaba ocho años detenida. Un verdadero “elefante blanco”. Según la Contraloría, en este trabajo inicial se hicieron tres hallazgos fiscales por más de $8.600 millones.

En esta oportunidad, a pesar de tener un plazo de 14 meses para entregarla en octubre de 2021, de nuevo se incumplió. La pandemia y el paro nacional fueron las excusas de los retrasos. La construcción cuenta con un avance del 96 % y se espera que a mediados de este año esté lista la torre. Según el sector salud, la obra beneficiará a más de 450 mil habitantes de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, quienes esperan que en junio llegue el esperado día de sacar esta obra de la lista de promesas incumplidas.

Centro día, en medio de la maleza

En otro punto de la ciudad, entre la maleza y el concreto roído por el paso del tiempo se encuentra una estructura raquítica de columnas y bases, que debía ser en enero de 2019 un complejo dotado con gimnasio, piscina, zonas de juego, aula múltiple, enfermería, baños y comedor para brindar atención a más de 600 adultos mayores de la localidad de Bosa, llamado Centro Día Campo Verde. Tres años después de terminado el primer plazo de entrega, y con una inversión de $3.237 millones, el avance de la obra es del 17 %, y está abandonada.

Las actuaciones de la Contraloría de Bogotá determinaron que hubo dos hallazgos fiscales por $322 millones y por $958 millones, respectivamente, debido a las cuotas de gerencia del proyecto y a la no culminación de la estructura. Para llevar esta obra a feliz término, la Secretaría de Integración Social firmó otro contrato por $6.175 millones, es decir, 48 % más que el valor de la contratación inicial.

Autogol de la Unidad Deportiva El Salitre

Pero si de obras abandonadas se habla, otro “elefante blanco” se regodea en la intersección de la carrera 68 con calle 63, en Engativá: la Unidad Deportiva El Salitre, cuyo estado actual se enmarca en el deterioro y el abandono, pues gran parte de su infraestructura se encuentra sin techo, con escombros a su alrededor y con la humedad carcomiendo el concreto. El contrato para reforzar la estructura del escenario deportivo, que inició en noviembre de 2017 y debía finalizar en diciembre de 2018, por un valor de $13.000 millones, se encuentra en proceso de liquidación.

El ente de control fiscal de Bogotá determinó un hallazgo administrativo por la inadecuada supervisión y seguimiento que debió hacer el Instituto Distrital de Recreación y Deporte al anticipo que entregaron por $4.577 millones. Actualmente, al costo inicial se le sumarán recursos para buscar su finalización: $737 millones del estudio de patología (para determinar qué sirve de la estructura actual) y $259 millones del contrato de interventoría. El retraso de más de tres años, según la Contraloría, afecta a más de 250 mil deportistas y 11 ligas profesionales que entrenaban en el complejo deportivo. Aún no se ve luz al final del túnel.

Sin vía por la estación de bombeo

En un foco de inseguridad terminó convertido lo que sería el by-pass de la estación de bombeo de aguas residuales, en el barrio Britalia (Bosa). Más de tres años de retrasos en la entrega de la obra, esencial para la descontaminación del río Bogotá, terminaron afectando a los vecinos, no solo por la inseguridad que las carcomidas polisombras generan, sino porque no se puede usar la vía pública, en la que tiene lugar la intervención. De hecho, varios de los afectados han interpuesto quejas contra la aseguradora, para que sus viviendas sean reparadas.

Las razones de las demoras se podrían resumir en falta de planeación. Actualmente lleva tres suspensiones, por la complejidad de los diseños y estudios previos, que generó que la ejecución del contrato permaneciera un año y medio suspendida. Se retomó en septiembre de 2021, luego de una auditoría de la Contraloría a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cual amplió la fecha de entrega y adicionó recursos que ascienden a $9.898 millones. El 12 de julio de este año está pactada su finalización, y su porcentaje de avance físico es de 64,3 %. Amanecerá y veremos.

Torre de Kennedy, a salir de urgencias

Por su parte, la que sería la “más moderna torre de urgencias de la ciudad”, en el hospital de Kennedy, lleva 15 años entre procesos jurídicos, cancelaciones de contratos, reparaciones y promesas políticas. Esta obra ya debería estar beneficiando a 2,5 millones de personas, de las localidades de Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda, pero sigue en veremos.

El costo total de este “elefante blanco” se estima en $131 mil millones y, tras la reactivación de la construcción, se espera su entrega en noviembre de 2022, 15 años después de haberse celebrado el primer contrato. La Contraloría de Bogotá aseguró que, en la actualidad, la obra pública tiene un avance del 52 %. Además, el ente de control adelanta procesos de responsabilidad fiscal y realiza auditorías a los contratos y plazos estipulados en la obra.

Comando de Policía: cinco veces su valor inicial

La nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá es otra de esas obras que quitan la tranquilidad. Este proyecto de seguridad, ubicado en la parte suroriental de Ciudad Salitre, inició su construcción en el año 2010, por $43 mil millones, y su entrega estaba programada para 2012. La obra quedó paralizada y su contrato se declaró en incumplimiento. Sin embargo, han pasado doce 12 años y la obra no ha sido entregada, a pesar de la inyección presupuestal que recibió en 2018, cuando se adjudicó otro contrato por $125 mil millones para reactivarla.

Para lograrlo, la alcaldía de Enrique Peñalosa firmó un contrato con el Consorcio Seguridad Urbana Distrito Capital y anunció que para 2020 estaría terminada. En febrero de 2021, la Contraloría de Bogotá encontró que se necesitaba una adición presupuestal de $40 mil millones para concluir los trabajos de este megaproyecto, de 35.000 metros cuadrados. La nueva fecha es diciembre de 2022. Hoy su nivel de avance físico es del 67,17 %, el avance financiero del 74,33 % y el valor del contrato asciende a $175.538 millones.

Freno a la extensión de la Caracas

La construcción de la extensión de la Troncal Caracas Tramo 1 inició en diciembre de 2019 y debería finalizar en enero de 2023. La obra, que a finales de febrero contaba con un avance físico del 20 %, conectará las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. La Contraloría de Bogotá evidenció que parte del atraso se debe a la falta de articulación y diligencia entre las entidades públicas.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció, oficialmente, la entrega del terreno al Distrito por parte del Inpec y aseguró: “El proyecto ha enfrentado situaciones que interrumpen su avance, como el traslado de redes de alta tensión, un hallazgo arqueológico y el atraso en la entrega de predios del corredor de obra. La construcción de la extensión de la Troncal Caracas Tramo 1 inició en diciembre de 2019. El consorcio Caracas Sur, integrado por Mario Alberto Huertas (65 %) e Indugravas Ingenieros Constructores S. A. S. (35 %), es el responsable del proyecto”.

Colegio Bolonia: falta de estudios

La construcción del colegio distrital Bolonia, que tendría 16 aulas para 550 alumnos, debía entregarse el 1° de mayo de 2019 y, a pesar de que hubo adiciones presupuestales por $3.848 millones, el contratista la dejó abandonada en mayo de 2021. Las fallas en los estudios de suelos y diseños de la estructura no permitieron su avance. Lograr su terminación podría demandar recursos adicionales por encima del 50 % del valor inicial del contrato (dado el mayor costo de la cimentación, rellenos y obras de contención), que en su momento se estimó en $12.812 millones.

Planta de tratamiento: poca claridad

La planta de tratamiento Francisco Wiesner, ubicada en La Calera, potabiliza el agua que consume el 70 % de los habitantes de este municipio y de Bogotá. Para aumentar este porcentaje, en 2018 se comenzaron las obras de ampliación, que deberían haber terminado en mayo de 2020. Por esta demora, la Contraloría de Bogotá inició acciones de vigilancia a la empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB).

La Dirección de Reacción Inmediata (DRI) empezó investigación preliminar, el 8 de noviembre de 2021, con el fin de establecer posibles irregularidades en los pagos realizados de acuerdo con lo pactado en el contrato de obra. Esta planta también se encarga de tratar el recurso hídrico que llega del municipio de Chingaza, por lo que las obras de ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento permitirían aumentar la capacidad de agua tratada de 14 a 21 metros cúbicos por segundo.

Lo que viene

Tras el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de la realización de 390 proyectos de obras públicas, entre 2020 y 2024, que demandarán una inversión de $31 billones, es fundamental fortalecer la planeación de las obras; los diseños de factibilidad, que garanticen un buen proyecto, y la selección de contratistas, que respondan efectivamente por los recursos públicos del país. Además, es vital que las entidades de vigilancia y control fiscal presenten garantías para el buen uso de los fondos del Distrito.

Lo cierto es que los llamados “elefantes blancos”, que se repiten en las regiones de Colombia, llenan de indignación a una ciudadanía que, según algunas encuestas, no confían en las instituciones y cuya percepción de corrupción es alta. De hecho, la última encuesta de “Bogotá Cómo Vamos”, realizada en noviembre de 2021, muestra que la percepción ciudadana hacia la Alcaldía Mayor es de entre el 12 y 17 % en las distintas zonas de la capital. Por otro lado, los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción hecho por la Corporación Transparencia por Colombia, en enero de 2022, señalaron que el país obtuvo 39 puntos sobre 100 en una escala donde 0 es corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción.

El malestar reflejado en las encuestas, sumado a que este año en Bogotá se van a iniciar 10 frentes de obra -como el Corredor Verde por la carrera séptima-, que se sumarán a otros que ya están en curso -como Transmilenio por la carrera 68 y el metro de Bogotá-, deben traducirse en un llamado a la acción por parte del Distrito y los entes de control para que, a la vuelta de unos años, la historia no se repita.