Los amigos de Hosman Martínez

El concejal Hosman Martínez ha sido el palo en la rueda para  la Secretaría de Integración Social (SDIS) debido a los fuertes debates de control político que ha liderado en su contra. La principal razón del minucioso seguimiento a la entidad es la oposición del cabildante a la forma en que ésta ha  implementado las políticas  del Plan de Desarrollo. De hecho, hace una semana Martínez denunció que la Secretaría ejecuta contratos con la Cooperativa Multiactiva Surocolombiana de Inversiones, denunciada por corrupción en el informe de contratación elaborado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.   

Harolh Gómez, subsecretario de la entidad, asegura que no ha sido fácil mantener un diálogo constructivo con el concejal Martínez: “Nosotros rompimos relaciones con él, pues moviliza ciertos sectores buscando un cálculo político. Iniciando este año hubo una movilización por parte de los jardines cofinanciados y hay una grabación en donde él aparece anticipando una crisis y eso no es cierto, nosotros no íbamos a cerrar jardines”. Fuentes de la Secretaría le dijeron a este diario que el concejal los ha visitado “para ciertos favores. Que le cuidáramos una gente que tenía ahí, unos comedores, unos jardines. Él decía: ustedes no me están cumpliendo y yo estoy muy callado en el Concejo...”.

El debate trascendió a instancias mayores. En junio de este año la SDIS presentó una denuncia ante la Personería y la Procuraduría en contra de Martínez por haber violado, supuestamente, los protocolos de ingreso y protección en los centros Crecer (donde se atienden niños con discapacidad). El 25 de junio el concejal denunció que la entidad estaba coartando su derecho al control político al no permitirle el ingreso a los centros que hay en Engativá. El concejal justifica su entrada a estos establecimientos: “Los concejales son la primera autoridad política de la ciudad. Me dicen que hay un protocolo. Yo les digo a ellos: ¿hay un acto administrativo que esté por encima de la Constitución?”.

Teniendo este proceso a cuestas, Martínez decidió atacar por otro flanco: “Los demandé ante la Fiscalía porque salieron a decir que Hosman Martínez tenía interés en la contratación de la SDIS. Eso no es cierto”.

Sin embargo, existe otro proceso con el que el concejal Hosman Martínez debe lidiar: la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá le abrió un proceso por un presunto detrimento patrimonial de $16 mil millones cuando él era subdirector local de la Secretaría de Integración Social de Engativá. Respecto a este caso, el concejal asegura que el 4 de junio se notificó ante la Contraloría: “Ya revisé el proceso fiscal y es de orden central. Cuando yo fui subdirector local de Engativá, una de las funciones era la revisión de los contratos que se firman a nivel central, pero el subdirector puede delegar esa supervisión y yo la delegué a una funcionaria: Clarita Jaimes. He tenido mil procesos en la Contraloría. Cuando usted es funcionario público, tiene miles de denuncias”.

Fuentes de la SDIS le dijeron a este diario que “entre 2008 y 2009, cuando fue subdirector local en Engativá, hizo campaña. Casi que su base social y política está en este sector”. Martínez fue electo con 12.189 votos. De éstos, 1.460 corresponden a la localidad de Engativá. Sin embargo, obtuvo más votos en  Fontibón, donde se registraron 2.373. “Soy concejal de toda la periferia suroccidental, de los estratos uno, dos y tres”, señala.

Frente a la denuncia de que ha recomendado personal en la Secretaría de Integración Social y de que ha querido influir en la contratación, Martínez señaló: “Jamás he llamado a pedir la subdirección local de Engativá. Otra cosa es que como estuve adentro, hay por ahí 500 personas que me conocen de planta. Cuando llegué a ser subdirector hice tan buena tarea que conozco gente que trabaja en adultez, con habitantes de calle, tengo gente que trabaja con adultos mayores, con la Subdirección de Familia, en la Subdirección de Infancia y Juventud. En todas las localidades. Imagínese la red de amigos que tengo en la Secretaría. A mí me dan datos: que este comedor va a entregar canasta en tal sitio, por ejemplo. Y dígame, ¿en la Constitución dónde está prohibido hacer amigos?”.

Dentro del material que tiene la SDIS en contra de Martínez está una cronología que contrasta la información que el concejal utiliza y la que la entidad le ha proporcionado vía derechos de petición. El 20 de marzo de 2013, por ejemplo, el concejal señala en su cuenta de Twitter: “Integración Social cierra jardines cofinanciados. Quedan dos mil mujeres sin empleo, grave”. El 15 de marzo del mismo año la entidad le respondió un derecho de petición al concejal diciendo que “sólo tres de los jardines infantiles cofinanciados de 2012 no tuvieron continuidad, dado que la organización asociada tomó la decisión de no continuar siendo operador del servicio en la modalidad de Jardines Cofinanciados”.

Mientras este problema se resuelve, los operadores tanto de comedores comunitarios como de los jardines cofinanciados se encuentran polarizados. Si bien en mayo de este año organizaron protestas en contra de la SDIS, en los últimos meses han preferido guardar silencio. Según la Secretaría, esto se debe a un acuerdo que hicieron con ellos y en el que no participó el concejal Martínez.

El concejal Hosman Martínez ha sido el palo en la rueda para  la Secretaría de Integración Social (SDIS) debido a los fuertes debates de control político que ha liderado en su contra. La principal razón del minucioso seguimiento a la entidad es la oposición del cabildante a la forma en que ésta ha  implementado las políticas  del Plan de Desarrollo. De hecho, hace una semana Martínez denunció que la Secretaría ejecuta contratos con la Cooperativa Multiactiva Surocolombiana de Inversiones, denunciada por corrupción en el informe de contratación elaborado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.   

Harolh Gómez, subsecretario de la entidad, asegura que no ha sido fácil mantener un diálogo constructivo con el concejal Martínez: “Nosotros rompimos relaciones con él, pues moviliza ciertos sectores buscando un cálculo político. Iniciando este año hubo una movilización por parte de los jardines cofinanciados y hay una grabación en donde él aparece anticipando una crisis y eso no es cierto, nosotros no íbamos a cerrar jardines”. Fuentes de la Secretaría le dijeron a este diario que el concejal los ha visitado “para ciertos favores. Que le cuidáramos una gente que tenía ahí, unos comedores, unos jardines. Él decía: ustedes no me están cumpliendo y yo estoy muy callado en el Concejo...”.

El debate trascendió a instancias mayores. En junio de este año la SDIS presentó una denuncia ante la Personería y la Procuraduría en contra de Martínez por haber violado, supuestamente, los protocolos de ingreso y protección en los centros Crecer (donde se atienden niños con discapacidad). El 25 de junio el concejal denunció que la entidad estaba coartando su derecho al control político al no permitirle el ingreso a los centros que hay en Engativá. El concejal justifica su entrada a estos establecimientos: “Los concejales son la primera autoridad política de la ciudad. Me dicen que hay un protocolo. Yo les digo a ellos: ¿hay un acto administrativo que esté por encima de la Constitución?”.

Teniendo este proceso a cuestas, Martínez decidió atacar por otro flanco: “Los demandé ante la Fiscalía porque salieron a decir que Hosman Martínez tenía interés en la contratación de la SDIS. Eso no es cierto”.

Sin embargo, existe otro proceso con el que el concejal Hosman Martínez debe lidiar: la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá le abrió un proceso por un presunto detrimento patrimonial de $16 mil millones cuando él era subdirector local de la Secretaría de Integración Social de Engativá. Respecto a este caso, el concejal asegura que el 4 de junio se notificó ante la Contraloría: “Ya revisé el proceso fiscal y es de orden central. Cuando yo fui subdirector local de Engativá, una de las funciones era la revisión de los contratos que se firman a nivel central, pero el subdirector puede delegar esa supervisión y yo la delegué a una funcionaria: Clarita Jaimes. He tenido mil procesos en la Contraloría. Cuando usted es funcionario público, tiene miles de denuncias”.

Fuentes de la SDIS le dijeron a este diario que “entre 2008 y 2009, cuando fue subdirector local en Engativá, hizo campaña. Casi que su base social y política está en este sector”. Martínez fue electo con 12.189 votos. De éstos, 1.460 corresponden a la localidad de Engativá. Sin embargo, obtuvo más votos en  Fontibón, donde se registraron 2.373. “Soy concejal de toda la periferia suroccidental, de los estratos uno, dos y tres”, señala.

Frente a la denuncia de que ha recomendado personal en la Secretaría de Integración Social y de que ha querido influir en la contratación, Martínez señaló: “Jamás he llamado a pedir la subdirección local de Engativá. Otra cosa es que como estuve adentro, hay por ahí 500 personas que me conocen de planta. Cuando llegué a ser subdirector hice tan buena tarea que conozco gente que trabaja en adultez, con habitantes de calle, tengo gente que trabaja con adultos mayores, con la Subdirección de Familia, en la Subdirección de Infancia y Juventud. En todas las localidades. Imagínese la red de amigos que tengo en la Secretaría. A mí me dan datos: que este comedor va a entregar canasta en tal sitio, por ejemplo. Y dígame, ¿en la Constitución dónde está prohibido hacer amigos?”.

Dentro del material que tiene la SDIS en contra de Martínez está una cronología que contrasta la información que el concejal utiliza y la que la entidad le ha proporcionado vía derechos de petición. El 20 de marzo de 2013, por ejemplo, el concejal señala en su cuenta de Twitter: “Integración Social cierra jardines cofinanciados. Quedan dos mil mujeres sin empleo, grave”. El 15 de marzo del mismo año la entidad le respondió un derecho de petición al concejal diciendo que “sólo tres de los jardines infantiles cofinanciados de 2012 no tuvieron continuidad, dado que la organización asociada tomó la decisión de no continuar siendo operador del servicio en la modalidad de Jardines Cofinanciados”.

Mientras este problema se resuelve, los operadores tanto de comedores comunitarios como de los jardines cofinanciados se encuentran polarizados. Si bien en mayo de este año organizaron protestas en contra de la SDIS, en los últimos meses han preferido guardar silencio. Según la Secretaría, esto se debe a un acuerdo que hicieron con ellos y en el que no participó el concejal Martínez.