Los compromisos particulares de algunos secretarios de Peñalosa

Los nombramientos de secretarios y altos funcionarios de la administración Peñalosa se avalan, en muchos casos, por trayectorias en el sector privado o por currículos tecnocráticos en el Gobierno central o en organismos internacionales. Para muchos, seguramente, tales credenciales resultan suficientes y los conflictos de interés y el tráfico de influencias –para hablar de lo más posible– son asuntos menores que no ameritan ni siquiera mínima prevención.

El caso más relevante es el del propio alcalde. Es noticia, conocida y difundida por medios y redes sociales, su vinculación en 2001 al Institute of Transport Development Policy (ITDP) y a su órgano de directores en 2006, lo cual le imprime un evidente sesgo a las soluciones urbanas de transporte que él decida tomar. Esta institución, que preside desde 2009, según su director rjecutivo, Walter Hook, ha “diseñado, apoyado e inspirado” desde 2004 más de 54 sistemas de Transmilenios o Bus Rapid Transit (BRT), como “solución pragmática”.

Resulta difícil pensar que el doctor Peñalosa, como lobista global del ITDP, según lo certifican las cuentas fiscales de esa institución, vaya a jerarquizar otros modos de transporte. Hook dice que los “sistemas de metro son demasiado lentos y caros”, y “poco efectivos para detener la motorización”. Los principales financistas del ITDP, fuera del Banco Mundial, son fundaciones como Ford, Rockefeller, Shell, Packard y Volvo, aportantes para consultorías y promoción. Algunos de ellos extraen beneficio económico directo. Otros lo derivan de calificar tales proyectos, según la OCDE, como “inversión verde” y derechos de emisión.

La hoja de vida de algunos colaboradores, como la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, los pone en plano similar. Apearse de la rica fundación “Empresarios por la Educación” para subirse al timón de la educación pública distrital le implica, al menos, otros paradigmas y algunas privaciones. Apegada a la eficacia de los recursos gastados por alumno, ha invocado “incentivar la demanda” y más ligazón “del sector privado”, mediante las APP o “colegios por concesión”. La entidad que dirigía tiene el concurso de centenares de empresas, entre ellas las de grandes grupos que contribuyeron a la campaña peñalosista en monto cercano a $200 millones.

En Planeación, Andrés Ortiz, empresario de la construcción y fundador de la firma Contexto Urbano, con Nora Aristizábal, exdirectora de Planeación en la administración Peñalosa I, acredita 200 mil m2 de proyectos con diseños que, como dice en la página web, atañen con la “gestión del suelo”, dentro de “integralidad”, “rentabilidad” y “planificación de tierra en búsqueda del mejor valor y aprovechamiento”. Esa firma está vinculada a siete “proyectos actuales” en Bogotá, uno de ellos la APP del coliseo El Campín, otorgada por Petro a un consorcio colombo-chileno. Con esa lógica, ¿cómo se desligará Ortiz de sus querencias para proceder en contenciosos que dichas iniciativas tengan con el Distrito? ¿Hasta dónde subordinará intereses por los que trabajó 26 años cuando su nuevo deber no es ya la máxima plusvalía empresarial? Y es más, ¿cómo actuará frente a planes estructurales como el de desarrollo o el POT?

Jorge Castellanos, el gerente de ETB, fue banquero de inversión en firmas como JP Morgan Chase, Darby y Correval, que estructuran enajenaciones empresariales. En 1999 se posesionó en Fogafín, desde donde dirigió la privatización de bancos públicos y la inyección al sistema financiero de $12 billones para “rescatarlo” en esa crisis, labor tan discutible que dio origen a la famosa frase: “Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”. Carece de experiencia en el sector de comunicaciones y se insinúa más como un gerente vendedor. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, acredita hoja de servicios en la banca extranjera y en equipos económicos oficiales. Precisamente, en 1999, acompañó a Castellanos en el salvamento de marras y ocupa por segunda vez el cargo, ya que en la primera salió por su propuesta “vender la ETB y poner la plata en un CDT”.

María Consuelo Araújo, excanciller, de la cuerda de Uribe y Peñalosa, provocará un “revolcón” en Integración Social por sus antecedentes en Responsabilidad Social Empresarial, como miembro de la junta de la Fundación Carulla y CEO y presidenta de Gran Colombia Gold, del grupo Pacific. Su misión como funcionaria no se perfila en garantizar derechos sociales a los grupos más vulnerables, sino en hacer pactos de buena voluntad con compañías “solidarias”. Amén de las ventajas tributarias que esto conlleva, su gerencia implica que, por ejemplo, en áreas como Primera Infancia se sustituirán centros públicos de atención por los concursantes en el programa “De cero a siempre”. La política social reposaría en manos privadas.

Al mirar uno a uno los demás miembros del gabinete se encuentra a personas como Andrés Escobar, acordado con la Casa de Nariño como gerente del metro, salido del Grupo Aval y en fideicomiso reciente en una gran constructora; con consultores de la Fundación Volvo; con cabilderos de gremios de la industria aseguradora o, ahora, en EAAB y Aguas Bogotá, con el grupo de la Superservicios de los gobiernos de Uribe, que intervino a Emcali y la exprimió hasta hacerla honrar la deuda financiera de usura que la atosigaba o con idólatras de la Ley 100. Y tal vez lo más feo, lo del secretario de Ambiente, Francisco Cruz, que ha hecho lo imposible por ocultar su cuestionado paso por Aerocafé, al que la Contraloría le tiene abiertas investigaciones.

Se podría desvirtuar lo aquí expuesto como una aversión a que participen estas categorías profesionales en la administración pública. No. Se está alertando sobre el riesgo implícito para el bien común, cuando, como dice Chomsky, “la democracia queda capturada por las empresas”. O como anota Bobbio, sobre “el gobierno detestable” y autoritario que se ejerce en bien propio y no sujeto a leyes. O también, como dijera Gaitán, una “oligarquía” que concentra el poder “en un pequeño grupo que labora para sus propios intereses”. O como los griegos, que nombraron plutocracia al gobierno de los seguidores de Pluto, el dios de la riqueza.

Los nombramientos de secretarios y altos funcionarios de la administración Peñalosa se avalan, en muchos casos, por trayectorias en el sector privado o por currículos tecnocráticos en el Gobierno central o en organismos internacionales. Para muchos, seguramente, tales credenciales resultan suficientes y los conflictos de interés y el tráfico de influencias –para hablar de lo más posible– son asuntos menores que no ameritan ni siquiera mínima prevención.

El caso más relevante es el del propio alcalde. Es noticia, conocida y difundida por medios y redes sociales, su vinculación en 2001 al Institute of Transport Development Policy (ITDP) y a su órgano de directores en 2006, lo cual le imprime un evidente sesgo a las soluciones urbanas de transporte que él decida tomar. Esta institución, que preside desde 2009, según su director rjecutivo, Walter Hook, ha “diseñado, apoyado e inspirado” desde 2004 más de 54 sistemas de Transmilenios o Bus Rapid Transit (BRT), como “solución pragmática”.

Resulta difícil pensar que el doctor Peñalosa, como lobista global del ITDP, según lo certifican las cuentas fiscales de esa institución, vaya a jerarquizar otros modos de transporte. Hook dice que los “sistemas de metro son demasiado lentos y caros”, y “poco efectivos para detener la motorización”. Los principales financistas del ITDP, fuera del Banco Mundial, son fundaciones como Ford, Rockefeller, Shell, Packard y Volvo, aportantes para consultorías y promoción. Algunos de ellos extraen beneficio económico directo. Otros lo derivan de calificar tales proyectos, según la OCDE, como “inversión verde” y derechos de emisión.

La hoja de vida de algunos colaboradores, como la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, los pone en plano similar. Apearse de la rica fundación “Empresarios por la Educación” para subirse al timón de la educación pública distrital le implica, al menos, otros paradigmas y algunas privaciones. Apegada a la eficacia de los recursos gastados por alumno, ha invocado “incentivar la demanda” y más ligazón “del sector privado”, mediante las APP o “colegios por concesión”. La entidad que dirigía tiene el concurso de centenares de empresas, entre ellas las de grandes grupos que contribuyeron a la campaña peñalosista en monto cercano a $200 millones.

En Planeación, Andrés Ortiz, empresario de la construcción y fundador de la firma Contexto Urbano, con Nora Aristizábal, exdirectora de Planeación en la administración Peñalosa I, acredita 200 mil m2 de proyectos con diseños que, como dice en la página web, atañen con la “gestión del suelo”, dentro de “integralidad”, “rentabilidad” y “planificación de tierra en búsqueda del mejor valor y aprovechamiento”. Esa firma está vinculada a siete “proyectos actuales” en Bogotá, uno de ellos la APP del coliseo El Campín, otorgada por Petro a un consorcio colombo-chileno. Con esa lógica, ¿cómo se desligará Ortiz de sus querencias para proceder en contenciosos que dichas iniciativas tengan con el Distrito? ¿Hasta dónde subordinará intereses por los que trabajó 26 años cuando su nuevo deber no es ya la máxima plusvalía empresarial? Y es más, ¿cómo actuará frente a planes estructurales como el de desarrollo o el POT?

Jorge Castellanos, el gerente de ETB, fue banquero de inversión en firmas como JP Morgan Chase, Darby y Correval, que estructuran enajenaciones empresariales. En 1999 se posesionó en Fogafín, desde donde dirigió la privatización de bancos públicos y la inyección al sistema financiero de $12 billones para “rescatarlo” en esa crisis, labor tan discutible que dio origen a la famosa frase: “Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”. Carece de experiencia en el sector de comunicaciones y se insinúa más como un gerente vendedor. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, acredita hoja de servicios en la banca extranjera y en equipos económicos oficiales. Precisamente, en 1999, acompañó a Castellanos en el salvamento de marras y ocupa por segunda vez el cargo, ya que en la primera salió por su propuesta “vender la ETB y poner la plata en un CDT”.

María Consuelo Araújo, excanciller, de la cuerda de Uribe y Peñalosa, provocará un “revolcón” en Integración Social por sus antecedentes en Responsabilidad Social Empresarial, como miembro de la junta de la Fundación Carulla y CEO y presidenta de Gran Colombia Gold, del grupo Pacific. Su misión como funcionaria no se perfila en garantizar derechos sociales a los grupos más vulnerables, sino en hacer pactos de buena voluntad con compañías “solidarias”. Amén de las ventajas tributarias que esto conlleva, su gerencia implica que, por ejemplo, en áreas como Primera Infancia se sustituirán centros públicos de atención por los concursantes en el programa “De cero a siempre”. La política social reposaría en manos privadas.

Al mirar uno a uno los demás miembros del gabinete se encuentra a personas como Andrés Escobar, acordado con la Casa de Nariño como gerente del metro, salido del Grupo Aval y en fideicomiso reciente en una gran constructora; con consultores de la Fundación Volvo; con cabilderos de gremios de la industria aseguradora o, ahora, en EAAB y Aguas Bogotá, con el grupo de la Superservicios de los gobiernos de Uribe, que intervino a Emcali y la exprimió hasta hacerla honrar la deuda financiera de usura que la atosigaba o con idólatras de la Ley 100. Y tal vez lo más feo, lo del secretario de Ambiente, Francisco Cruz, que ha hecho lo imposible por ocultar su cuestionado paso por Aerocafé, al que la Contraloría le tiene abiertas investigaciones.

Se podría desvirtuar lo aquí expuesto como una aversión a que participen estas categorías profesionales en la administración pública. No. Se está alertando sobre el riesgo implícito para el bien común, cuando, como dice Chomsky, “la democracia queda capturada por las empresas”. O como anota Bobbio, sobre “el gobierno detestable” y autoritario que se ejerce en bien propio y no sujeto a leyes. O también, como dijera Gaitán, una “oligarquía” que concentra el poder “en un pequeño grupo que labora para sus propios intereses”. O como los griegos, que nombraron plutocracia al gobierno de los seguidores de Pluto, el dios de la riqueza.