Los líos fiscales y enredos penales: las enfermedades que afectan a las subredes de Salud de Bogotá

La ciudad alista un nuevo modelo de salud, alineado con el Plan Distrital de Desarrollo (PDD), que se discute en el Concejo y que será la hoja de ruta de la administración de Carlos Fernando Galán. Y lo renovarán, porque en materia de salud las preocupaciones y los proyectos atrasados son de vieja data. Desde la grave situación financiera de las cuatro subredes (que administran todos los hospitales públicos del Distrito) hasta los hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales que hizo al Contraloría tienen al Distrito reevaluando la estructura administrativa del sistema.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, ha resaltado la necesidad de adoptar planes financieros más juiciosos y está ad portas de presentar su Modelo de Salud 2024-2028 que, entre otras cosas, incluye alianzas público-privadas para garantizar los servicios de salud y ampliar su cobertura. El PDD, por su parte, promete traer cambios en la gestión administrativa de todos los servicios, cuestión que preocupa a los trabajadores que a la fecha siguen padeciendo los efectos de la presión fiscal a causa de las deudas y la incertidumbre del futuro de las cuatro subredes con los planes de mejora.

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Panorama

El panorama de las cuatro subredes es complejo. A las deudas atrasadas con la que arrancaron el año, que ascienden a $337.298 millones, las auditorías financieras que adelantó la Contraloría de Bogotá a todo el sistema da cuenta de una serie de posibles fallas administrativas (69 casos), posibles malos manejos, que podrían generar detrimento patrimonial (14), y algunos que podrían dar pie a procesos disciplinarios (37), entre ellos algunos que podrían estar cerca de ser delitos. En este último punto, por ejemplo, se resalta el contrato para la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Bravo Páez, en Rafael Uribe Uribe, que está suspendido, afectando a cerca de 132.000 habitantes que esperaban un centro de salud adecuado.

Los casos varían en cada una de las subredes. Sin duda la más golpeada es la Subred Centro Oriente, que opera hospitales y CAPS en seis localidades, incluida la estructura a medio hacer y abandonada del Bravo Páez, que se encuentra en un lío jurídico y se espera pronta resolución.

Según la Secretaría de Salud, esta subred, como las demás, solo presenta pérdidas. Sus cuentas están en rojo, siendo la de Centro Oriente el caso más preocupante, ya que pierde cerca de $5.000 millones al mes. En general, su índice de pérdidas es del -21,7 %; seguida de la Subred Norte, con -16.3 %; la Sur Occidente, -10,1 %, y Sur, -7,2 %.

Hallazgos

Entre procesos particulares administrativos y fiscales, la Contraloría destaca varias fallas en la administración de los recursos en las subredes. Por ejemplo, mientras la Subred Centro Oriente reportó escasez de medicamentos, como lo denunció El Espectador en febrero, las otras habrían perdido más de $ 54 millones en medicamentos vencidos ($39 millones en la Norte y $15 en Centro Oriente). La mayor pérdida se evidenció en los hospitales Simón Bolívar y Fray Bartolomé de las Casas, donde se registraron insumos médico-quirúrgicos vencidos por $31 millones, según detalla el informe.

Entre los hallazgos fiscales más robustos está el único que hicieron en la Subred Sur Occidente, que comprometió recursos por $17.000 millones. Se trata de 23.264 facturas por $13.892.091.497 y 7.326 letras y pagarés por $4.091.175.756, que a pesar de haber transcurrido más de tres años desde la fecha de radicación ante la entidad responsable del pago por la prestación de servicios de salud, no se han adelantado las actividades de cobro.

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“El no cobro de las facturas dentro de los plazos perentorios ocasiona pérdida de recursos en cuantía de $17.901 millones, generando daño patrimonial, que impactan significativamente el modelo de autosuficiencia financiera con que debe operar la entidad”, indica el informe de la Contraloría, que añade que este hallazgo también configura un posible caso “disciplinario, el cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento”.

Otros aspectos que hacen que el ineficiente gasto público se sume a la apretada situación de las subredes son las demoras en los pagos que generan elevados intereses y que, por ejemplo, le costaron $103 millones a la Subred Norte, por no pagar a tiempo lo equivalente en sentencias judiciales. También se resalta el riesgo con $190 millones en la Subred Centro Oriente, por comprar una unidad móvil que tuvo que adecuar para que tuviese los instrumentos que requería.

En febrero de este año los trabajadores de la Subred Centro Oriente manifestaron estar cortos de personal hasta en 40 %, teniendo que hacer rotaciones desgastantes para los trabajadores y dejando a una enfermera y un doctor con más de 40 pacientes a cargo. Esto, aunque no tiene incidencia disciplinaria o fiscal para la subred, configura un hallazgo administrativo relevante, siendo que en la auditoría de la Contraloría se halló que hay más de 500 vacantes sin llenar en esta subred.

“Se evidenció que para diciembre de 2021 tenían 551 vacantes entre definitivas y temporales (…). Al final de cada vigencia las vacantes no disminuyen significativamente, ya que entre la vigencia 2020 a 2021 bajó en 12 y de 2021 a 2022 se redujo en nueve”, dice el informe final. Esto quiere decir que, a inicios de 2023, todavía había 542 vacantes. “Al realizar el análisis de los perfiles establecidos en algunos empleos se evidenció que el mayor número de cargos provistos hacen referencia a aquellos de prestación de servicios referentes a las necesidades de la entidad (Subred Centro Oriente)”, añade el aparte.

El caso del CAPS Bravo Páez

El caso más agudo es la obra estancada de este CAPS. Es el único que presenta incidencias penales y envuelve al Distrito en un lío jurídico que todavía no se ha desenredado. Ubicado en la calle 35B sur No. 25A-37, la obra se convirtió en un “elefante blanco” que está a medio construir desde 2021 y contaba con una inversión de $14.751 millones. El contrato se lo ganó en 2020 el proponente Miroal Ingeniería SAS. Esta firma hoy tiene demandado al Distrito, luego de que se bajara del negocio de construir el CAPS, al verse colgado con los tiempos pactados. La ciudad aún espera un recurso de reposición a dicha demanda.

La empresa, de igual manera, había solicitado prórrogas y adiciones al contrato, que fueron aceptadas por el Distrito. Sin embargo, luego abandonó cuando la obra iba en un 23,5 % de avance y comenzó el pleito. Ahora la empresa constructora dice que la ciudad le debe $13.000 millones de liquidación. El enredo continúa y en el último informe del ente de control se detalla que el interventor de la obra indicó que, “el contratista Miroal Ingeniería SAS, presuntamente incumplió el contrato de obra en un 52,27 %, con respecto al avance”, y cuantificó que la ciudad perdió $750 millones, producto de los atrasos de obra.

De aquí deviene una de las incidencias penales, pues según la Contraloría, desde la gerencia de la Subred Centro Oriente se archivo esta incidencia, argumentando que la firma no debía responder por ese dinero. Según halló la Contraloría, la subred se equivocó al archivar el proceso sancionatorio, argumentando que no tenía capacidades para emprenderlo. El ente de control argumentó extensamente que “no puede ser pasivo ante una situación que se constituyó como daño patrimonial al Estado”.

Pero esta no sería la única falta alrededor del contrato para la construcción del CAPS. Dice el ente, la subred tampoco habría hecho efectiva la cláusula pecuniaria, la cual respaldaba al contrato de la obra y al Distrito, definiendo que ante algún incumplimiento el contratista debía responder por el 20 % de lo que dejó de cumplir o el valor total de la obra. “En consecuencia, estos hallazgos fiscales serán remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de esta Contraloría, a la Personería de Bogotá, D. C. y a la Fiscalía, para lo de su competencia”, concluyó el informe.

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Plan de Desarrollo vs. sindicatos

Estas situaciones expuestas dibujan algunas de las dificultades que enfrenta la salud financiera y administrativa de la ciudad. Por eso este año la Secretaría de Salud ha llevado a cabo planes de contingencia, seguimientos a los gastos y, más relevante para quienes trabajan a diario en la red hospitalaria, propuestas que tocan el sistema de salud distrital, consignadas en el PDD. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) envió el pasado 13 de marzo una carta a la cartera de Salud presentando sus temores ante el artículo 28 del borrador del Plan de Desarrollo de Galán.

Este artículo se titula “Modificación Estructura Administrativa del Sector Salud”. Propone que se faculte “al alcalde mayor de Bogotá, por el término de vigencia del presente Acuerdo, para que modifique la estructura de las Empresas Sociales del Estado del Distrito, la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, y el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, creadas por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 y modificadas por virtud del Acuerdo 761 de 2020”, dice el texto en borrador.

El sindicato ve con preocupación este apartado: “Galán no evidencia una política concreta más allá de unos artículos, que no solucionan la grave crisis e inconvenientes del sector de la red pública de la ciudad. Solicitamos sea suprimido (el artículo) y que contraria lo dicho por la Corte Constitucional, donde las empresas sociales del Estado tienen una rentabilidad social, mas no financiera, situación que debe ser valorada con base en el interés general sobre el particular, donde la salud no puede ser utilizada como una entidad productiva, sino como servicio público esencial”, indica la carta enviada por el sindicato.

¿Qué planea el Distrito?

Ante los grandes retos que enfrenta la ciudad en la gestión de la salud, la Secretaría de Salud se refirió a que uno de los objetivos radica en fortalecer las finanzas. “En lo tiene que ver con el fortalecimiento del sector salud de Bogotá, trabajamos en la aplicación de mecanismos que permitan a las entidades descentralizadas contar con un plan de gestión y sostenibilidad financiera, bajo una estructura de metas, resultados y cumplimiento”.

Agrega la entidad que, para el caso de las subredes, “debemos adelantar un proceso de reorganización. Para ello vamos a darle un modelo de gobierno y administración que permita resolver las deficiencias complejas que enfrentan en materia financiera y operativa”.

Sobre los procesos e investigaciones que lleva la Contraloría, señala la entidad que “somos respetuosos de los órganos de control, de sus procesos, de sus investigaciones, de sus decisiones. Estaremos prestos a trabajar de la mano con ellos, cuando así lo requieran, y en las instancias que correspondan”, respondió la Secretaría a El Espectador.

El secretario Bermont ha enfatizado en que trabajan por un plan de reorganización administrativa, que aún no tiene muchos detalles, salvo que buscará incorporar hospitales privados para mejorar la cobertura de la salud. Mientras esto sucede, el debate continúa en cuanto a qué hacer para mejorar la delicada situación económica de los hospitales públicos bogotanos y las pujas por resolver los líos fiscales y penales que atraviesan el sistema distrital.

“Tenemos la instrucción de parte del señor alcalde Carlos Fernando Galán de elevar la salud pública al más alto nivel, a través de la atención primaria y social. Esta es la ruta con la cual estamos desarrollando todas las acciones desde la Secretaría”, señaló a este diario el secretario de Salud.

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