Los líos para terminar la Séptima peatonal
De haberse cumplido los plazos, la obra estaría próxima a entregarse. Sin embargo, se calcula que quedaría lista a finales de 2017. Falta de planeación, problemas con algunos permisos y hasta contratistas insolventes han generado los retrasos y que los costos se incrementen.
Redacción Bogotá
Si se hubieran cumplido los plazos proyectados para peatonalizar la carrera Séptima en el Centro y se hubieran ejecutado las dos fases de la obra, una seguida de la otra, la Alcaldía se estaría preparando para entregar en menos de dos meses la nueva cara de este corredor. Sin embargo, por los incumplimientos, prórrogas y retrasos, sólo a finales del próximo año los bogotanos podrían ver la obra terminada.
El plan comenzó el 30 de diciembre de 2013, cuando el IDÚ firmó el contrato de la primera fase (entre las calles 10 y 13), con un plazo de diez meses. La idea era que, una vez culminara esta etapa, de inmediato comenzara la segunda (entre las calles 13 y 26), la cual debía durar dos años. A pesar de que todo estaba planeado, la seguidilla de tropiezos ha impedido que la obra avance al ritmo esperado. Ambas etapas suman un año de retrasos.
El primer tramo
Viales y Obras Públicas Colombia S.A. (filial de una firma española) se encargó de diseñar y construir la primera fase de la peatonalización de la Séptima, entre las calles 10 y 13. Y aunque hay un acta que indica que terminó los trabajos el 25 de agosto del año pasado, a la fecha el contrato sigue sin liquidar. La razón es que la administración adelanta en su contra, desde hace un año, un proceso sancionatorio por haber entregado los trabajos incompletos y no haber pagado casi $200 millones para remunerar al interventor, por las prórrogas que solicitó en el transcurso de la obra.
Hoy surge un elemento que podría enredar más la situación: el contratista se declaró insolvente ante la Superintendencia de Sociedades, al no tener cómo pagar deudas que ascienden a los $2.100 millones. A esta situación llegaron, según sus directivas, por los inconvenientes “para cobrar a tiempo trabajos ejecutados y por imprevistos técnicos ajenos a su labor”. Ante esta realidad, la compañía acaba de ser sometida a un proceso de reorganización en el que el Estado se encargará de reestructurarla para tratar de salvarla de la quiebra.
Las dificultades de la firma española en Colombia se empezaron a notar desde que firmó con el IDÚ, el 30 de diciembre de 2013, el contrato para peatonalizar la primera parte de la carrera Séptima. Así lo deja en evidencia una auditoría que le realizó la Contraloría al IDÚ, en la que descubrió posibles faltas administrativas, fiscales y disciplinarias durante la obra.
El contrato por $10.357 millones estaba planeado para ejecutarse en diez meses (cuatro meses para estudios y diseños y seis para la construcción). Según este plazo, la obra debía entregarse en octubre de 2014. Sin embargo, debido a las suspensiones y a las adiciones de tiempo y dinero, el trabajo se entregó en agosto del año pasado (diez meses después) y terminó costando casi $15.000 millones.
La Contraloría encontró varias faltas que generaron el retraso. Por ejemplo, el acta de inicio de los trabajos, que debía expedirse a más tardar un mes después de la firma del contrato, se tardó hasta el 12 de marzo de 2014 (casi tres meses después), algo que hubiera sido motivo para declarar el incumplimiento del contratista.
A partir de esa fecha empezaron a correr los cuatro meses para los diseños (terminaban el 12 de julio), pero se presentaron suspensiones que alargaron el proceso casi mes y medio, lo que generó que los trabajos comenzaran el 22 de agosto de 2014. La obra, entonces, debía estar lista el 21 de febrero de 2015.
El día llegó, pero la peatonalización seguía en obra negra. Esto obligó al IDÚ a prorrogar los plazos y a meter más dinero. Como la prórroga se dio por petición del contratista, se pactó que Viales y Obras Públicas debía cancelar casi $200 millones para pagar la prórroga que se le debía hacer al interventor. Finalmente, la firma entregó la obra el 25 de agosto del año pasado, pero los trabajos quedaron incompletos.
Al conocer este desenlace, la Contraloría cuestionó que el IDÚ hubiera firmado una prórroga de manera extemporánea, pues lo hizo cuatro días después de vencido el plazo para terminar la construcción (25 de febrero de 2014); también, que le hubiera pagado al contratista pese a que entregó las obras incompletas, y que no le hubiera cobrado los $200 millones para pagar la interventoría.
El Distrito abrió el 25 de septiembre de 2015 un proceso sancionatorio contra la sociedad por incumplir el contrato. A junio pasado, según el organismo de control, el IDÚ no había tomado una decisión.
Así, a pesar de que los caminantes disfrutan de un nuevo paisaje en esta primera parte de la peatonalización de la Séptima, aún hay obras sin terminar, un proceso sancionatorio sin definirse y dinero por cobrar. Lo peor es que Viales y Obras Públicas Colombia S.A. está al borde de la quiebra y, de no ser exitoso el proceso de reestructuración, no habrá quien responda.
El segundo tramo
Va entre las calles 13 y 26 y es el más costoso: $34.382 millones. El contrato fue adjudicado en marzo de 2015 con un plazo de dos años. A esta altura debería sentirse el molesto polvo de las obras, pero hasta ahora no se ha levantado ni un ladrillo.
El principal inconveniente ha sido burocrático: un grupo de entidades debe avalar los diseños y por ende dar permisos para que la intervención arranque. Ya lo hicieron la ETB, la Secretaría de Ambiente y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero faltan el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio, la Secretaría de Movilidad, Gas Natural, Codensa y el Acueducto.
Este año, con la llegada de la administración Peñalosa, el IDÚ suspendió el contrato más de cuatro meses, mientras se surtían esos trámites. Después de esa espera, lo reanudó el pasado 12 de septiembre y le dio al contratista tres meses y medio más de plazo para adelantar la obra. Es decir, la entrega se proyecta para noviembre de 2017, ocho meses después de lo pactado inicialmente.
Pero hay un ingrediente adicional: como el interventor reclama que le paguen los tres meses y medio de prórroga, que cuestan $293 millones, se acordó que el contratista debe cancelarle dos meses y el IDÚ el otro mes y medio. Aparte de tardarse más, entonces, el contrato será más costoso.
La Contraloría de Bogotá concluyó que todo se debe a la falta de planeación, ya que el IDÚ debió ser preciso al calcular los tiempos de aprobación de los permisos. Sobre todo después de que, durante la primera parte de la peatonalización de la Séptima, surgieron inconvenientes similares.
Hoy, lo que debería ser una obra a punto de la inauguración, es un corredor de contrastes. Aunque esa vía desde hace cuatro años es peatonal, la primera fase, después de las obras, es descongestionada, bella y amena para caminar. En la segunda, por el contrario, todavía se vive el desorden del centro. En esta parte, la Séptima aún huele a fritanga.
Carlos Hernández Osorio /Alexánder Marín Correa
Si se hubieran cumplido los plazos proyectados para peatonalizar la carrera Séptima en el Centro y se hubieran ejecutado las dos fases de la obra, una seguida de la otra, la Alcaldía se estaría preparando para entregar en menos de dos meses la nueva cara de este corredor. Sin embargo, por los incumplimientos, prórrogas y retrasos, sólo a finales del próximo año los bogotanos podrían ver la obra terminada.
El plan comenzó el 30 de diciembre de 2013, cuando el IDÚ firmó el contrato de la primera fase (entre las calles 10 y 13), con un plazo de diez meses. La idea era que, una vez culminara esta etapa, de inmediato comenzara la segunda (entre las calles 13 y 26), la cual debía durar dos años. A pesar de que todo estaba planeado, la seguidilla de tropiezos ha impedido que la obra avance al ritmo esperado. Ambas etapas suman un año de retrasos.
El primer tramo
Viales y Obras Públicas Colombia S.A. (filial de una firma española) se encargó de diseñar y construir la primera fase de la peatonalización de la Séptima, entre las calles 10 y 13. Y aunque hay un acta que indica que terminó los trabajos el 25 de agosto del año pasado, a la fecha el contrato sigue sin liquidar. La razón es que la administración adelanta en su contra, desde hace un año, un proceso sancionatorio por haber entregado los trabajos incompletos y no haber pagado casi $200 millones para remunerar al interventor, por las prórrogas que solicitó en el transcurso de la obra.
Hoy surge un elemento que podría enredar más la situación: el contratista se declaró insolvente ante la Superintendencia de Sociedades, al no tener cómo pagar deudas que ascienden a los $2.100 millones. A esta situación llegaron, según sus directivas, por los inconvenientes “para cobrar a tiempo trabajos ejecutados y por imprevistos técnicos ajenos a su labor”. Ante esta realidad, la compañía acaba de ser sometida a un proceso de reorganización en el que el Estado se encargará de reestructurarla para tratar de salvarla de la quiebra.
Las dificultades de la firma española en Colombia se empezaron a notar desde que firmó con el IDÚ, el 30 de diciembre de 2013, el contrato para peatonalizar la primera parte de la carrera Séptima. Así lo deja en evidencia una auditoría que le realizó la Contraloría al IDÚ, en la que descubrió posibles faltas administrativas, fiscales y disciplinarias durante la obra.
El contrato por $10.357 millones estaba planeado para ejecutarse en diez meses (cuatro meses para estudios y diseños y seis para la construcción). Según este plazo, la obra debía entregarse en octubre de 2014. Sin embargo, debido a las suspensiones y a las adiciones de tiempo y dinero, el trabajo se entregó en agosto del año pasado (diez meses después) y terminó costando casi $15.000 millones.
La Contraloría encontró varias faltas que generaron el retraso. Por ejemplo, el acta de inicio de los trabajos, que debía expedirse a más tardar un mes después de la firma del contrato, se tardó hasta el 12 de marzo de 2014 (casi tres meses después), algo que hubiera sido motivo para declarar el incumplimiento del contratista.
A partir de esa fecha empezaron a correr los cuatro meses para los diseños (terminaban el 12 de julio), pero se presentaron suspensiones que alargaron el proceso casi mes y medio, lo que generó que los trabajos comenzaran el 22 de agosto de 2014. La obra, entonces, debía estar lista el 21 de febrero de 2015.
El día llegó, pero la peatonalización seguía en obra negra. Esto obligó al IDÚ a prorrogar los plazos y a meter más dinero. Como la prórroga se dio por petición del contratista, se pactó que Viales y Obras Públicas debía cancelar casi $200 millones para pagar la prórroga que se le debía hacer al interventor. Finalmente, la firma entregó la obra el 25 de agosto del año pasado, pero los trabajos quedaron incompletos.
Al conocer este desenlace, la Contraloría cuestionó que el IDÚ hubiera firmado una prórroga de manera extemporánea, pues lo hizo cuatro días después de vencido el plazo para terminar la construcción (25 de febrero de 2014); también, que le hubiera pagado al contratista pese a que entregó las obras incompletas, y que no le hubiera cobrado los $200 millones para pagar la interventoría.
El Distrito abrió el 25 de septiembre de 2015 un proceso sancionatorio contra la sociedad por incumplir el contrato. A junio pasado, según el organismo de control, el IDÚ no había tomado una decisión.
Así, a pesar de que los caminantes disfrutan de un nuevo paisaje en esta primera parte de la peatonalización de la Séptima, aún hay obras sin terminar, un proceso sancionatorio sin definirse y dinero por cobrar. Lo peor es que Viales y Obras Públicas Colombia S.A. está al borde de la quiebra y, de no ser exitoso el proceso de reestructuración, no habrá quien responda.
El segundo tramo
Va entre las calles 13 y 26 y es el más costoso: $34.382 millones. El contrato fue adjudicado en marzo de 2015 con un plazo de dos años. A esta altura debería sentirse el molesto polvo de las obras, pero hasta ahora no se ha levantado ni un ladrillo.
El principal inconveniente ha sido burocrático: un grupo de entidades debe avalar los diseños y por ende dar permisos para que la intervención arranque. Ya lo hicieron la ETB, la Secretaría de Ambiente y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero faltan el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio, la Secretaría de Movilidad, Gas Natural, Codensa y el Acueducto.
Este año, con la llegada de la administración Peñalosa, el IDÚ suspendió el contrato más de cuatro meses, mientras se surtían esos trámites. Después de esa espera, lo reanudó el pasado 12 de septiembre y le dio al contratista tres meses y medio más de plazo para adelantar la obra. Es decir, la entrega se proyecta para noviembre de 2017, ocho meses después de lo pactado inicialmente.
Pero hay un ingrediente adicional: como el interventor reclama que le paguen los tres meses y medio de prórroga, que cuestan $293 millones, se acordó que el contratista debe cancelarle dos meses y el IDÚ el otro mes y medio. Aparte de tardarse más, entonces, el contrato será más costoso.
La Contraloría de Bogotá concluyó que todo se debe a la falta de planeación, ya que el IDÚ debió ser preciso al calcular los tiempos de aprobación de los permisos. Sobre todo después de que, durante la primera parte de la peatonalización de la Séptima, surgieron inconvenientes similares.
Hoy, lo que debería ser una obra a punto de la inauguración, es un corredor de contrastes. Aunque esa vía desde hace cuatro años es peatonal, la primera fase, después de las obras, es descongestionada, bella y amena para caminar. En la segunda, por el contrario, todavía se vive el desorden del centro. En esta parte, la Séptima aún huele a fritanga.
Carlos Hernández Osorio /Alexánder Marín Correa