Hace unas semanas este diario contó la batalla que comenzó la asociación Amigos de la Montaña contra el proyecto de edificios Cerro Verde (en Chapinero), al que le dieron vía libre en plena zona de reserva forestal justo después del fallo del Consejo de Estado que blindó los cerros orientales. Mientras continúa esta pelea, que llegará a instancias legales, una de las dudas que ha quedado es qué pasará con el resto de licencias otorgadas en los últimos 10 años y muchas que podrían estar reviviendo, sin que haya ningún grupo de ciudadanos que vigile estos procesos.
Una de las tareas que el Consejo de Estado ordenó en su fallo fue identificar las licencias concedidas durante ese lapso en los cerros orientales, y se sabe que según datos de la Secretaría de Planeación este conteo puede sobrepasar las 100 licencias. Lo que temen algunos es que muchas de ellas estén en firme o intentando revivir basadas en unos decretos expedidos en la administración de Enrique Peñalosa, que incluyeron usos urbanos en la zona de reserva forestal y fueron expedidos tras las tensiones políticas que generó el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.
Por estos días María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y precandidata a la Alcaldía de la ciudad, señaló en su cuenta de Twitter la existencia de ocho decretos expedidos en la era Peñalosa, que fueron producto de concertaciones entre el Distrito y propietarios de predios. En ellos la administración dio vía libre —jurídica y técnicamente— al desarrollo de una porción del terreno a cambio de sesiones representadas en espacio público, por ejemplo.
Maldonado dijo abiertamente que los decretos han sido un riesgo y una “amenaza” para los cerros. Peñalosa saltó al ruedo y se defendió diciendo en Twitter que estas normas se refieren a “barrios que existían decenas de años antes”. Sin embargo, la exsecretaria insiste en que estas medidas se ordenaron para “terrenos sin desarrollar y no para barrios preexistentes”.
De hecho, la exsecretaria también recuerda que en torno a estas decisiones hubo una fuerte pelea. En junio del año 2000 acababa de ser expedido el POT, que reconoció el bosque oriental como zona de protección, y por ello el entonces director de la CAR, Diego Bravo — opositor de Peñalosa— le envió un concepto advirtiéndole que no firmara los decretos por afectar la zona de reserva. A pesar de la discusión en noviembre fueron expedidos. No obstante, incluyeron una salvedad: un artículo en el que resaltaron que los usos urbanos contemplados en estas normas quedaban condicionados hasta tanto se sustrajera el predio correspondiente del área protegida.
Más allá de este nuevo episodio entre Maldonado y Peñalosa, dos protagonistas de los temas urbanos de la capital que se han enfrentado fuertemente en diversas ocasiones por sus visiones de ciudad, lo cierto es que Planeación Distrital tendrá que decir cuáles licencias fueron otorgadas de acuerdo con los argumentos de estos decretos y cuáles aún intentan salir adelante.
Quienes defienden los cerros consideran que una salvaguarda frente a las licencias amparadas en estos decretos es que el Consejo de Estado dejó claro que no se reconocen derechos adquiridos si los responsables del proyecto conocían la existencia de la reserva, así que en estos casos para muchos resulta obvio que quienes tramitaron la licencia sí conocían que había una zona de protección ambiental.
Se sabe que la administración puede tomar medidas urgentes, como derogar los decretos de 2000 o enviar una circular a las Curadurías indicándoles que en las solicitudes argumentadas con estas normas no se reconocen los derechos adquiridos. Una de estas decisiones podría definirse próximamente, cuando el Distrito determine los límites exactos de la zona de reserva en los cerros, además del censo de licencias, tareas que le dejó el Consejo de Estado.
Una reflexión que queda sobre los proyectos urbanos en los cerros es que hay pocas herramientas ante casos en los que haya presuntas irregularidades, como se ha denunciado en Cerro Verde. Hoy sólo es posible entablar una demanda ante un juez administrativo pidiendo que declare la nulidad de una licencia. Por esta razón Maldonado indica que debería existir “una suspensión preventiva de las licencias por parte de entidades como la Comisión de Veedurías de Curadurías (donde participan la administración, la Personería y delegados de la sociedad civil) en casos de especial importancia como el ambiental, ya que ahora la mayoría de denuncias llegan cuando no se puede hacer nada”.
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