Bogotá

25 Sep 2020 - 2:00 a. m.

Los pactos que quedaron tras la invasión en Villa Gloria

El Distrito llegó a cuatro acuerdos con las casi 1.500 familias que se tomaron un predio en el barrio Villa Gloria, en la localidad de Ciudad Bolívar. Entre las promesas está la entrega de arriendos solidarios y la creación de una mesa con el Gobierno Nacional para tratar el tema de las víctimas y los líderes sociales.

Lo que pudo ser un nuevo choque entre el Esmad y la ciudadanía terminó siendo un acto tan organizado y pacífico, que sirvió para sembrar un mensaje: con diálogo también se puede. Se trata de la invasión que protagonizaron 1.500 familias de un predio conocido como Villa Gloria, en la localidad de Ciudad Bolívar. Fuera de haber sido una ocupación tan grande y efectiva a la hora de ejercer presión a la administración, también dejó en evidencia tres problemas que se profundizaron con la cuarentena: los incumplimientos a las víctimas, el desempleo y la pobreza.

Lo más llamativo fue cómo lo que empezó con un ambiente tenso, cuando llegó la Policía, y tenía pinta de convertirse en un episodio similar a los que se registraron a lo largo del año por cuenta de invasiones en predios privados o en riesgo, terminó en buenos términos y compromisos por cumplir.

Ahora el balón está en el campo del Gobierno Nacional, que deberá sentarse en la mesa de diálogo con los voceros de las 21 organizaciones que promovieron la invasión que, en resumen, exigen respuestas a las víctimas y atención a los líderes sociales amenazados. No obstante, la responsabilidad también está sobre el Distrito que, al fin de cuentas, deberá encontrar la forma para que este tipo de actos no se repitan.

Y esto es porque la invasión que hubo en Villa Gloria fue planeada. Líderes en la zona aseguran que desde hace tres meses la estaban organizando, mientras habitantes de las áreas aledañas manifiestan que desde días antes, cualquiera podía ver desde el Transmicable cómo se estaba preparando el terreno. Las razones eran claras: pedir al Gobierno ayudas habitacionales a largo plazo.

Fue así como el lunes pasado, en medio de las marchas convocadas en la ciudad y los anuncios de nuevas medidas de apertura económica, los planes se hicieron realidad y las cerca de 1.500 familias llegaron al predio Cañada Honda para asentarse. Es un terreno árido, con más arena que áreas verdes. Es una zona de cantera coronada por el parque Ilimaní, que aún sigue en construcción y desde donde se observan, en todo su esplendor, las casas de colores pintadas por la anterior administración.

Los invasores se distribuyeron el espacio por organizaciones y cada familia comenzó a construir su cambuche. Algunos levantaron pequeñas carpas, mientras que otros extendieron grandes plásticos negros y polisombras para resguardar a varias personas. “Aquí llegaron dos etnias indígenas, desplazados, madres cabezas de familia, recicladores y víctimas que llevan más de 10 años luchando por una vivienda digna”, dice Albeiro Figueroa, uno de los líderes en el lugar.

Lo siguiente fue organizar la guardia, primero, para evitar la llegada de nuevas personas a la zona, y segundo, como medida de protección ante la amenaza de que el Esmad entrara en cualquier momento a desalojarlos. “Nadie duerme por eso”, es lo que repetían la mayoría de las personas que se asentaron en el predio, quienes de paso explicaron que llegaron allí porque se quedaron sin trabajo, sin con qué comer ni pagar el arriendo.

Los temores de un desalojo crecieron en la tarde del miércoles, cuando llegó el Esmad de la Policía. “Pensamos hacer las cosas de la mejor manera. No en quemar Transmilenio ni saquear centros comerciales. Por eso les pedimos que no nos atacaran”, indicó una de las personas en el predio. Las imágenes pronto trascendieron en redes sociales, por lo que en la tarde el Distrito estableció una mesa de diálogo que se extendió casi hasta la medianoche.

Ayer, la mediación terminó pasado el mediodía y se llegaron a cuatro acuerdos, en los que, además de un censo de las personas en el lugar, el Distrito aseguró que brindaría hospedaje a las personas que no tuvieran dónde pasar la noche; la entrega de arriendos solidarios, antes del 5 de octubre a todos los que cumplieran las condiciones, y la creación de una mesa permanente, para dar soluciones habitacionales, atención y reparación a las víctimas, como protección a los líderes sociales.

“Nuestra propuesta a la nación es que se puedan plantear proyectos de vivienda, gestionando suelo urbano para que podamos construir nuestras casas. Los apartamentos de 28 metros cuadrados, donde nadie cabe, no nos sirven. Necesitamos una vivienda digna donde podamos tener espacios, equipamientos y colegios. Esa es la exigencia que vamos a empezar a discutir. Esperamos que el Gobierno no deje la silla vacía”, dijo Alejandro Nieto, otro de los líderes en la mesa.

Todo esto pone en evidencia algunas de las consecuencias que ha dejado la cuarentena, como pobreza y desempleo (que exige una reacción inmediata), así como la necesidad de atender a las víctimas en la ciudad y de trabajar en una ruta de atención para las invasiones. “Es un reto muy grande, porque en Bogotá hay mucho suelo por cubrir”, manifestó la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, quien asegura que ya se trabaja en conjunto con Ambiente, Idiger y Gobierno para atender estas situaciones.

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