Los pecados del relleno Doña Juana

Revisar la historia de Doña Juana es encontrar una situación cíclica, que se repite año tras año. Los vecinos, cansados por las enfermedades, las moscas, los malos olores y la contaminación, protestan para exigir una solución. El operador, CGR, se defiende diciendo que ha cumplido y que el problema se debe a causas ajenas a su voluntad. El Distrito aparece, habla con la comunidad y, junto con los entes de control, anuncia investigaciones. Llegan las promesas… todo se calma un tiempo y el ciclo vuelve a arrancar. Ayer se vivió una nueva jornada de protestas, en la que la comunidad exigió que se cierre el relleno. (LEA: 20 años de una tragedia que no se supera)

Según informes de la Uaesp, todo se desprende de una serie de incumplimientos del contratista, quien a su vez se defiende responsabilizando al Distrito, por fallas en los pagos, que retrasaron trabajos, y el cambio de reglas de juego sobre la marcha. Independientemente de quién sea el responsable (algo que se debate en los tribunales), la lista de pecados en la operación es larga y podría explicar parte del problema actual.  (LEA: El drama de vivir a 200 metros de Doña Juana)

Hay al menos 15 situaciones identificadas, de las cuales, en algunas se solicitaron reajustes al operador; otras están en investigación, y dos terminaron este año en sanción, como el incumplimiento en la construcción de chimeneas, claves para liberar los gases que produce la basura y evitar la inestabilidad del terreno, o la impuesta el mes pasado por la “indebida gestión técnica en los procesos de coberturas y control de vectores (moscas), así como la falta de previsión y de acciones suficientes de control”. Vale resaltar que CGR tendría que entregar el contrato de concesión si le imponen una sanción más.   (Galería: Así fue el derrumbe registrado hace 20 años)

A estos casos, se suma la falta de obras, de restauración paisajística y de mantenimiento de taludes; la no implementación de equipos para monitoreo geotécnico del relleno en tiempo real; la falta de maquinaria permanente; la construcción y el mantenimiento de vías, así como deficiencia en su obligación de invertir socialmente en la comunidad. Varios de estos aspectos están en pleito ante un tribunal de arbitramento, para establecer si la culpa es del operador o de la administración. (Vea: Así ha cambiado el relleno Doña Juana en 17 años)

Los incumplimientos son históricos. La situación, a pesar de las denuncias y de las promesas, poco ha cambiado. Derrumbes por mal manejo en la disposición de basuras, la contaminación por lixiviados (líquidos que produce la basura) y las plagas son apenas algunos de los pecados. Sus vecinos señalan que hoy viven el peor momento y el futuro no es promisorio: el botadero sigue creciendo y, a pesar de que la licencia está a cinco años de expirar, no hay alternativas en la ciudad para la disposición de los residuos. Todo apunta a que el Distrito buscará ampliar su vida útil por muchos años más. (LEA: 631.000 personas esperan indemnización tras el derrumbe en Doña Juana)

Lixiviados

Un eterno problema es el manejo de los líquidos que escurren de las basuras. Su acumulación fue una de las causas del derrumbe de hace 20 años y de la contaminación del río Tunjuelo. Pese a que hay una planta de tratamiento, CGR dice que no da abasto y por eso incumple la norma ambiental. Cuestiona que, al firmar el contrato en 2010, el Distrito se comprometió a entregar la planta en óptimas condiciones y a invertir $12.000 millones para adecuarla. Nada de eso ocurrió. En agosto, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Uaesp por un posible detrimento tasado en $4.100 millones, dinero que se giró en 2011 a CGR para optimizar la planta y que, al parecer, no se invirtió, y no hay claridad de qué ocurrió con esos recursos. El choque gira en torno a quién debería ampliar la planta, y luego de seis años no se ha logrado un acuerdo. La solución fue presentar una propuesta a la Comisión Reguladora de Aseo, para que autorice el aumento en la tarifa de aseo y de ahí obtener recursos para la obra, que costaría mínimo $80.000 millones.

Basuras sin cobertura

La disposición de basuras es uno de los líos históricos. La reciente crisis de las moscas se debió a la falta de cobertura en una zona de disposición. Esto llevó a la Personería a abrir un proceso contra funcionarios de la Uaesp, por no haber tomado medidas a tiempo. Además envió a la Procuraduría un informe para que indague por qué la Corporación Autónoma Regional (CAR) no ha aplicado sanciones por incumplimientos ambientales. Según el oficio, las denuncias de los vecinos aumentaron, mientras las condiciones ambientales desmejoraron. Aunque el contrato establece que CGR debe cubrir como mínimo el 90 % de las basuras, no lo ha hecho a cabalidad. Por su parte, la superintendencia de Servicios Públicos le impuso una multa de $1.060 millones por no haber hecho una buena cobertura en la zona donde ocurrió el derrumbe de octubre de 2015. El operador dice que se ha mejorado el trabajo de cobertura de las zonas de disposición con cal y, actualmente, con una geomembrana importada, con la que reemplazaron el plástico. Sin embargo, hay épocas de lluvia o calor en las que es imposible controlar la situación.

Calidad del aire

Las fallas en el manejo de los residuos y no cubrirlos como debe ser es algo que sufren los vecinos en su olfato y su salud. Aunque la licencia ambiental establece condiciones para mitigar los impactos de la operación de Doña Juana, el problema sigue. El reclamo de la gente ha sido respaldado con varios estudios que muestran cómo los gases del relleno, el material particulado, las zonas de residuos descubiertas y la falta de cortinas rompeolores afectan su salud. Según datos de la estación de monitoreo de la CAR, la calidad del aire cerca del relleno supera los niveles permitidos. En la vereda El Mochuelo, en el primer semestre de 2017, hubo niveles muy superiores de material particulado, similares a los de zonas industriales como el barrio Carvajal (Kennedy). “Estos datos confirman el estudio realizado en 2006 por la Universidad del Valle, según el cual el aire presente en el barrio Mochuelo Alto tiene partículas de PM10 muy altas, que inflaman los bronquios y generan enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, entre otros males”, indicó el concejal Jorge Torres, de la Alianza Verde.

Aprovechamiento de residuos

El contrato le permite a CGR aprovechar hasta el 20 % de los residuos que llegan al relleno, pero esto no se cumple. De hacerlo, se reducirían de 6.000 a 4.800 toneladas diarias las basuras a disponer. Según el operador, hoy aprovechan casi el 5 %, el doble de lo propuesto al momento de firmar el contrato en 2010, al usar los residuos mixtos (basura y escombros) para reparar las vías. Agrega que siguen analizando propuestas de empresas que podrían llegar a generar proyectos de aprovechamiento, pero se requieren cuantiosas inversiones que sólo serían viables si se amplía la vida del relleno. Por incumplir este punto, la Uaesp abrió una investigación y aclaró que, en caso de existir multas por el uso de residuos mixtos, el operador sería el único responsable.

Retorne aquí al especial Doña Juana 20 años de la catástrofe ambiental

Revisar la historia de Doña Juana es encontrar una situación cíclica, que se repite año tras año. Los vecinos, cansados por las enfermedades, las moscas, los malos olores y la contaminación, protestan para exigir una solución. El operador, CGR, se defiende diciendo que ha cumplido y que el problema se debe a causas ajenas a su voluntad. El Distrito aparece, habla con la comunidad y, junto con los entes de control, anuncia investigaciones. Llegan las promesas… todo se calma un tiempo y el ciclo vuelve a arrancar. Ayer se vivió una nueva jornada de protestas, en la que la comunidad exigió que se cierre el relleno. (LEA: 20 años de una tragedia que no se supera)

Según informes de la Uaesp, todo se desprende de una serie de incumplimientos del contratista, quien a su vez se defiende responsabilizando al Distrito, por fallas en los pagos, que retrasaron trabajos, y el cambio de reglas de juego sobre la marcha. Independientemente de quién sea el responsable (algo que se debate en los tribunales), la lista de pecados en la operación es larga y podría explicar parte del problema actual.  (LEA: El drama de vivir a 200 metros de Doña Juana)

Hay al menos 15 situaciones identificadas, de las cuales, en algunas se solicitaron reajustes al operador; otras están en investigación, y dos terminaron este año en sanción, como el incumplimiento en la construcción de chimeneas, claves para liberar los gases que produce la basura y evitar la inestabilidad del terreno, o la impuesta el mes pasado por la “indebida gestión técnica en los procesos de coberturas y control de vectores (moscas), así como la falta de previsión y de acciones suficientes de control”. Vale resaltar que CGR tendría que entregar el contrato de concesión si le imponen una sanción más.   (Galería: Así fue el derrumbe registrado hace 20 años)

A estos casos, se suma la falta de obras, de restauración paisajística y de mantenimiento de taludes; la no implementación de equipos para monitoreo geotécnico del relleno en tiempo real; la falta de maquinaria permanente; la construcción y el mantenimiento de vías, así como deficiencia en su obligación de invertir socialmente en la comunidad. Varios de estos aspectos están en pleito ante un tribunal de arbitramento, para establecer si la culpa es del operador o de la administración. (Vea: Así ha cambiado el relleno Doña Juana en 17 años)

Los incumplimientos son históricos. La situación, a pesar de las denuncias y de las promesas, poco ha cambiado. Derrumbes por mal manejo en la disposición de basuras, la contaminación por lixiviados (líquidos que produce la basura) y las plagas son apenas algunos de los pecados. Sus vecinos señalan que hoy viven el peor momento y el futuro no es promisorio: el botadero sigue creciendo y, a pesar de que la licencia está a cinco años de expirar, no hay alternativas en la ciudad para la disposición de los residuos. Todo apunta a que el Distrito buscará ampliar su vida útil por muchos años más. (LEA: 631.000 personas esperan indemnización tras el derrumbe en Doña Juana)

Lixiviados

Un eterno problema es el manejo de los líquidos que escurren de las basuras. Su acumulación fue una de las causas del derrumbe de hace 20 años y de la contaminación del río Tunjuelo. Pese a que hay una planta de tratamiento, CGR dice que no da abasto y por eso incumple la norma ambiental. Cuestiona que, al firmar el contrato en 2010, el Distrito se comprometió a entregar la planta en óptimas condiciones y a invertir $12.000 millones para adecuarla. Nada de eso ocurrió. En agosto, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Uaesp por un posible detrimento tasado en $4.100 millones, dinero que se giró en 2011 a CGR para optimizar la planta y que, al parecer, no se invirtió, y no hay claridad de qué ocurrió con esos recursos. El choque gira en torno a quién debería ampliar la planta, y luego de seis años no se ha logrado un acuerdo. La solución fue presentar una propuesta a la Comisión Reguladora de Aseo, para que autorice el aumento en la tarifa de aseo y de ahí obtener recursos para la obra, que costaría mínimo $80.000 millones.

Basuras sin cobertura

La disposición de basuras es uno de los líos históricos. La reciente crisis de las moscas se debió a la falta de cobertura en una zona de disposición. Esto llevó a la Personería a abrir un proceso contra funcionarios de la Uaesp, por no haber tomado medidas a tiempo. Además envió a la Procuraduría un informe para que indague por qué la Corporación Autónoma Regional (CAR) no ha aplicado sanciones por incumplimientos ambientales. Según el oficio, las denuncias de los vecinos aumentaron, mientras las condiciones ambientales desmejoraron. Aunque el contrato establece que CGR debe cubrir como mínimo el 90 % de las basuras, no lo ha hecho a cabalidad. Por su parte, la superintendencia de Servicios Públicos le impuso una multa de $1.060 millones por no haber hecho una buena cobertura en la zona donde ocurrió el derrumbe de octubre de 2015. El operador dice que se ha mejorado el trabajo de cobertura de las zonas de disposición con cal y, actualmente, con una geomembrana importada, con la que reemplazaron el plástico. Sin embargo, hay épocas de lluvia o calor en las que es imposible controlar la situación.

Calidad del aire

Las fallas en el manejo de los residuos y no cubrirlos como debe ser es algo que sufren los vecinos en su olfato y su salud. Aunque la licencia ambiental establece condiciones para mitigar los impactos de la operación de Doña Juana, el problema sigue. El reclamo de la gente ha sido respaldado con varios estudios que muestran cómo los gases del relleno, el material particulado, las zonas de residuos descubiertas y la falta de cortinas rompeolores afectan su salud. Según datos de la estación de monitoreo de la CAR, la calidad del aire cerca del relleno supera los niveles permitidos. En la vereda El Mochuelo, en el primer semestre de 2017, hubo niveles muy superiores de material particulado, similares a los de zonas industriales como el barrio Carvajal (Kennedy). “Estos datos confirman el estudio realizado en 2006 por la Universidad del Valle, según el cual el aire presente en el barrio Mochuelo Alto tiene partículas de PM10 muy altas, que inflaman los bronquios y generan enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, entre otros males”, indicó el concejal Jorge Torres, de la Alianza Verde.

Aprovechamiento de residuos

El contrato le permite a CGR aprovechar hasta el 20 % de los residuos que llegan al relleno, pero esto no se cumple. De hacerlo, se reducirían de 6.000 a 4.800 toneladas diarias las basuras a disponer. Según el operador, hoy aprovechan casi el 5 %, el doble de lo propuesto al momento de firmar el contrato en 2010, al usar los residuos mixtos (basura y escombros) para reparar las vías. Agrega que siguen analizando propuestas de empresas que podrían llegar a generar proyectos de aprovechamiento, pero se requieren cuantiosas inversiones que sólo serían viables si se amplía la vida del relleno. Por incumplir este punto, la Uaesp abrió una investigación y aclaró que, en caso de existir multas por el uso de residuos mixtos, el operador sería el único responsable.

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