15 Oct 2019 - 11:05 p. m.

Los peros a la elección del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca

A la orden de un juez, de suspender la elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro, ahora se suman las denuncias de asociaciones que hacen parte del proceso, sobre presuntas irregularidades y la posible participación de entidades de papel.

Mónica Rivera Rueda / mrivera@elespectador.com - @Yomonriver

 El Consejo Directivo de la CAR es el responsable de tomar decisiones como la intervención en zona protegidas, como la Van der Hammen. / El Espectador
El Consejo Directivo de la CAR es el responsable de tomar decisiones como la intervención en zona protegidas, como la Van der Hammen. / El Espectador

Los procesos para designar directivos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se están enredando. Por un lado, una tutela tiene frenado el trámite para elegir a los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro en el Consejo Directivo de la entidad. Por el otro, la selección del nuevo director de la Corporación se aplazó hasta noviembre, atendiendo la solicitud del procurador General, Fernando Carrillo. Detrás hay tropiezos y denuncias de posibles irregularidades.

Antes de explicar el tema, hay que entender que el Consejo Directivo es clave en la medida que es el encargado de nombrar al director de la Corporación y tomar decisiones administrativas internas, como la apertura de investigaciones, y otorga las licencias, concesiones, permisos y autorizaciones ambientales. En el caso de Cundinamarca, entre las acciones más destacadas está aprobar la concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y el estudio de intervención en áreas protegidas, como la reserva Van der Hammen.

El consejo lo integran 14 miembros, entre ellos el presidente de la República o su delegado; el ministro de Ambiente; los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá; el alcalde de Bogotá; cuatro alcaldes de municipios de la jurisdicción (cambian cada año), y cinco integrantes de la sociedad civil, que representan a las entidades sin ánimo de lucro, al sector privado y a las comunidades indígenas.

Estas últimas plazas las eligen por votación las organizaciones que se postulan, tras demostrar que llevan mínimo cuatro años constituidas y que tienen como principal objeto la protección del medio ambiente. Lo que cuestionan algunas entidades interesadas en esta elección es que quienes hoy ocupan las plazas llevan 15 años “atornillados” al puesto y buscan su reelección, apoyados por organizaciones, entre ellas, varias sobre las que pesan algunas dudas.

Los reparos

Los cuestionamientos, al parecer, tienen respaldo en la revisión que hizo una comisión de la CAR a las entidades sin ánimo de lucro que participan en el proceso, evidenciando posibles irregularidades. Por ejemplo, descubrieron personas que están en la juntas directivas de muchas organizaciones. Los casos más llamativos: María Fernanda Reyes Barahona, que está en 171 organizaciones, y su hermano David Stivel Reyes Barahona, en 68. Además, Flor Alba Roa de Herrera (en 32), Yherson Daniel Herrera Fuentes (en 46) y Fernando Herrera Saldaña (en 13).

Por si fuera poco, identificaron que 176 entidades registradas tenían el mismo correo (amigosambientalistas01@gmail.com) y que 252 certifican como actividades en pro de la protección del medio ambiente el pago de propaganda en las emisoras Guasca Stereo y Radio Panamericana. Estas coincidencias demostrarían posibles tretas para influir en la elección de los representantes en el Consejo Directivo, motivo que llevó a poner los casos en manos de los entes de control.

Choque

Ante el hallazgo, la CAR inhabilitó a 200 organizaciones, marginándolas de participar en la elección de representantes al Consejo Directivo. Entre los factores que tuvo en cuenta están la falta o radicación extemporánea de documentos; que se trataba de juntas de acción comunal o acueductos regionales, o porque su objeto no era la protección ambiental.

La reacción de los inhabilitados no se hizo esperar. Por ejemplo, la Asociación Ambiental Gaia Esperanza, cuyo representante es David Moyano, interpuso una tutela, al considerar que se habían vulnerado los derechos a la participación, el debido proceso y la igualdad. Esto sirvió para que un juez ordenara la suspensión de la elección de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro, mientras se toma una decisión de fondo. Según Moyano, los argumentos para inhabilitar su organización no serían suficientes para impedirle votar en la elección de representantes, pues, dice, cumple los requisitos de ley, como estar constituidos desde 2015 y que desde entonces se han dedicado a asociar a los cultivadores de material vegetal.

“Por ahora, solo hemos hecho promoción de las medidas de conservación a través de radio. Lo que nos importa no es lo que desarrollamos sino el cambio que queremos lograr, que es abrir un espacio donde las actividades que realiza la corporación tengan fines prácticos, efectivos y eficientes en el territorio. Además, que se nos permita, con la representante Marisol Linares, trabajar aspectos diferenciados como la asociatividad o la economía circular”, dijo Moyano.

La ambientalista Alegría Fonseca señala que a pesar de que se identificaron algunas organizaciones, aún hay muchas “de papel” que siguen habilitadas, por lo que anunció que impugnarán la elección. Ante este panorama, Sabina Rodríguez Van der Hammen, llama la atención sobre la necesidad del cambio en la forma de elegir a estos representantes. “Hoy se evidencia un grupo con 200 organizaciones cuestionadas, que demuestra lo coaptable que es el sistema y cómo la discusión no es técnica sino que responde a intereses particulares”, puntualizó.

Mientras este pleito se resuelve y un juez decide quién tiene la razón, para este miércoles se espera conocer los nombres de los candidatos a nuevo director de la CAR. Solo resta esperar a que el juzgado tome una decisión de fondo para saber qué rumbo tomará la selección de los directivos de la Corporación.

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