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Una parte del problema para que la población más vulnerable de Bogotá reciba las ayudas del Distrito, en medio de la pandemia, es la identificación de esas familias que en realidad no tienen los recursos para sobrevivir al confinamiento. Es un asunto del que hasta la propia alcaldesa de Bogotá es consciente. Hay familias que viven en sectores de estrato dos y tres y tienen niveles de ingreso superiores a muchas familias que viven en barrios que están estratificados como cuatro e incluso cinco. “La estratificación de Bogotá es una desgracia, no está conectada con la realidad”, le dijo la mandataria local a este diario.
La idea que tiene esta administración es hacer un censo general, al cual López denomina “empadronamiento social”, el cual serviría para saber con exactitud en cada hogar quién vive y qué ingresos reales tiene. Información valiosa que, dice la alcaldesa, en este contexto hubiera facilitado la focalización de las ayudas. Estos datos serían recopilados en una encuesta multipropósito a cada hogar y sería actualizada constantemente a fin de tener un panorama más real para poner tarifas en los servicios públicos, entregar subsidios e impuesto predial. El Espectador consultó a economistas y expertos en políticas públicas, quienes señalaron los beneficios y debilidades de la ambiciosa propuesta.
Andrés Peñate, economista de los Andes con maestría en Estudios Latinoamericanos del St. Antony´s College de la Universidad de Oxford, opina que la propuesta de alcaldesa López “tiene mucho sentido y es bastante acertada”, porque esta información lograría cerrar brechas sociales y acabaría con “esa suerte de segregación y clasismo que la estratificación generó sin querer en la ciudad”. Y agregó que “esa apuesta hace años era impensable, pero que con los avances tecnológicos para recolectar información demográfica y georreferenciación es posible monitorear la vulnerabilidad de cada familia”.
En Colombia y en Bogotá la estratificación existe desde 1994. El método que se escogió para Bogotá apunta a identificar la capacidad de pago de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de que en su momento fue efectiva, hoy tiene un problema: no permite analizar en detalle el poder adquisitivo de los hogares. En localidades como Suba, Engativá o Fontibón hay hogares de todos los estratos. Se puede dar el caso de un barrio estrato dos, donde todos tienen acceso a subsidios; en la misma cuadra vivir una familia sostenida por un solo miembro, que gana el mínimo, y otra cuyos habitantes tienen trabajo mejor remunerado. En este caso, los auxilios serían desequilibrados.
“La finalidad de la Alcaldía es que esos monitoreos permitan identificar casos, por ejemplo, en los que por alguna crisis como la actual, por el coronavirus, o económica, se pueda actualizar la información y con esta determinar si una familia está viviendo con pocos ingresos económicos. Puede que el miembro de una familia pierda su trabajo y ahora sí necesite un subsidio”, señaló Peñate quien fue exviceministro de defensa y exdirector del DAS.
Uno de los retos que advirtió el experto es que es difícil de implementar en los barrios en donde, por ejemplo, pasen a pagar más en las tarifas de servicios públicos. “La gente siempre va querer pagar menos, pero hay que entender que esta medida pretende que las familias paguen lo correspondiente o que accedan a los subsidios que merecen”. Y añadió que la Alcaldía debe garantizar que esa información, que es del ámbito privado de las familias, no se use con otros fines, tampoco se venda y se garantice su protección ante un eventual hackeo. “Esos riesgos son menores en comparación con el beneficio que generaría”, puntualizó.
Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, señaló que el cambio de modelo que propone López es más sensato con la realidad, pero que implica unos retos técnicos y tecnológicos, porque con el cambio de paradigma, en donde prima quien habita la casa y no el inmueble en sí, implica uno a uno a los bogotanos. También señaló que en las encuestas multipropósito siempre existirá el riesgo de que las personas mientan sobre sus ingresos, por eso propone un sistema mixto, que incluya los datos del avalúo catastral, la capacidad de pago de las familias y la estratificación. También sugiere que, si la ley lo permite, incluir información sobre la seguridad social o la declaración de renta.
Oróstegui también señala que el tema del cambio de modelo puede derivar en un escenario en que la clase media tenga que pagar más por sus servicios o el aumento del impuesto predial y esto provoque una migración a los municipios de la Sabana de Bogotá. “Es un tema sensible sobre todo para la clase media, la cual es el motor económico de la capital. En la ciudad está demostrado que el valor de los inmuebles crece mucho más rápido que los salarios de quienes los habitan. Hay un desafío en cómo identificar la pobreza oculta y en cómo se va monitorear los cambios constantes de ingresos y ubicación de los hogares”, aseguró el politólogo de la Javeriana con mágister en Estudios para el Desarrollo, de la Universidad de Manchester.
Por ahora, la idea está sobre la mesa. Incluirla en el Plan de Desarrollo y luego ponerla en marcha serán los retos que tendrá que sortear la administración en los próximos meses, y ajustarla a las realidades que están saliendo a flote en medio de la emergencia en salud que vive la ciudad.