El 24 de mayo de 2008 a las 2:21 p.m. se registró en el centro del país un fuerte sismo que aún hoy sigue generando consecuencias. La construcción más afectada en la ciudad por el temblor fue la ubicada en la carrera 32A marcada con el número 26A-10, un edificio de 15 pisos en el que funcionaba la Contraloría Distrital, que poco tiempo después fue desocupado para adelantar obras de reparación y hoy continúa sin usarse, a pesar de que los trabajos tendrían una duración de apenas dos años.
Así consta en un informe de auditoría especial al reforzamiento estructural del edificio Lotería de Bogotá (de propiedad de la Contraloría Distrital, de la Lotería y del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones), que realizó la Auditoría Fiscal. En el documento se evidencia que las obras pasaron de costar poco más de $5.600 millones a valer alrededor de $10.500 millones, en cinco contratos que fueron adicionados.
Los recursos, autorizados por la Secretaría de Hacienda, salieron del presupuesto de las entidades dueñas y son administrados por una copropiedad privada, que se encarga del edificio (cuyo máximo propietario es la Contraloría, con una participación del 54,27%). Los administradores entregaron los contratos para las obras, que se dividieron en tres fases, por invitación. Sin embargo, la Auditoría Fiscal advierte que, a pesar de estar en manos de un particular, los dineros “no pierden la naturaleza de recursos públicos”.
El documento llama la atención al comparar el presupuesto que para las obras hizo la Universidad Nacional, encargada de ello, y los valores de los contratos, y revela que al cotejar precios unitarios contratados para las etapas del proyecto “se encontró una variación de precios significativa”, por valor de $792 millones.
Detalla el ente de control que en una propuesta inicial de los trabajos se hizo referencia a la posibilidad de que el tiempo de ejecución de éstos disminuyera en la medida la que se pudiesen intervenir las áreas totales de los pisos, pues se requerían arreglos en todo el edificio. No obstante el plazo de ejecución de las obras se extendió hasta febrero de este año.
A tres días de finalizar ese plazo, el ingeniero Iván Alfonso Ferro Betancourt, representante legal de la copropiedad, asegura que en abril estará lista la tercera y última fase, que consiste en arreglos a la fachada y a una plazoleta. Dice que unos 40 hombres, en turnos de 24 horas, trabajan en las adecuaciones. El edificio luce aún como en obra negra. En respuesta, Ferro afirma: “Parece que falta, pero toda la obra está por dentro”.
El ingeniero niega las demoras y los supuestos sobrecostos. Dice que el temblor se presentó en mayo de 2008, los trabajos arrancaron en octubre, pero se suspendieron en febrero del siguiente año, cuando los 500 funcionarios de la Contraloría se mudaron a un inmueble al norte de la ciudad. “Siete meses después comenzamos en forma las obras”. En cuanto al valor total del reforzamiento, explica que “desde un principio éste sumó más de $10 mil millones, en nueve contratos”.
Mientras tanto, la Contraloría sigue pagando un arriendo mensual que asciende a $200 millones. “Es reprochable que el contralor de la ciudad sea responsable de retrasos y sobrecostos en esos arreglos”, opina el concejal Antonio Sanguino, quien ha adelantado varios debates de control político sobre el tema. Queda esperar si en abril estará realmente listo el edificio, como lo asegura el ingeniero Ferro. Un trabajador de la obra tiene una respuesta diferente: “A esto le calculo mínimo unos cinco meses”.
Por El Espectador
