Los sobrecostos de la Contraloría
La entidad habría perdido casi $2 mil millones por haber pagado más de lo debido por un inmueble que alquiló la administración de Miguel Ángel Moralesrussi.
Laura Ardila Arrieta
Ocho meses después de estar investigando el caso, la Auditoría General de la República determinó que la Contraloría de Bogotá incurrió en el detrimento de $1.900 millones por sobrecostos en el arriendo de un edificio al que la entidad tuvo que mudarse luego del temblor que sacudió a la ciudad en mayo de 2008 y que afectó su sede propia.
La historia la contó hace poco más de un año este diario y comienza en julio de 2009, cuando, debido a los arreglos estructurales que se requerían en el inmueble en el que funciona la Contraloría, el entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi (preso por el cartel de la contratación) decidió mudarse junto a sus 500 empleados a un edificio llamado Amalfi, ubicado en la carrera 16 con calle 79.
El ente de control tomó en arriendo dicho edificio de siete pisos y dos niveles de parqueadero durante diez meses, por $2.300 millones, y para diciembre ya había pagado, por anticipado, el total de la deuda con la Fundación Médica Preventiva para el Bienestar Social S.A., dueña del inmueble.
El problema, según el informe definitivo de la Auditoría, conocido por este diario, es que la entidad pagó el canon de arrendamiento por todo el edificio cuando, durante los primeros dos meses, apenas recibió y ocupó dos pisos y dos niveles de parqueadero.
Asimismo, la Contraloría Distrital pagó por anticipado el 100% del contrato, vulnerando la ley de contrataciones, que establece que las entidades estatales podrán pactar pagos anticipados, pero nunca su monto podrá exceder el 50% del valor respectivo del contrato.
La Auditoría también encontró que durante el proceso de selección del edificio a arrendar “no se escogió la oferta más favorable, lo que ocasionó un perjuicio al patrimonio de la entidad”. Esto porque en un principio la Contraloría negoció con los dueños a través de una inmobiliaria que proponía un canon mensual de $120 millones, pero luego aceptó la propuesta directa de la Fundación Médica Preventiva para el Bienestar Social S.A. (sin intermediarios), que dejaba el arriendo mensual en $230 millones.
En concepto de la Auditoría General, en total se habrían perdido $1.868 millones por el sobrecosto y por ello decidió trasladar el hallazgo fiscal a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y abrir un proceso que, por el momento, será en contra de Víctor Armella, quien entonces ejercía como mano derecha y ordenador del gasto de Moralesrussi.
En unos ocho días se emitirá el auto de apertura y Armella tendrá que rendir sus descargos. La entidad nacional está evaluando por ahora si el hallazgo es lo suficientemente contundente como para ordenar el embargo de los bienes del exfuncionario, que de ser encontrado responsable fiscalmente tendría que devolverle esos recursos de su bolsillo a la Contraloría Distrital.
Al respecto, el auditor general, Jaime Ardila, dijo que en este contrato “no se tuvieron en cuenta los principios de economía y transparencia”.
Esta denuncia había sido objeto de un debate a Moralesrussi por cuenta del concejal Antonio Sanguino, quien aseguró: “Se corroboran las denuncias que hice y documenté en el Concejo”.
Ocho meses después de estar investigando el caso, la Auditoría General de la República determinó que la Contraloría de Bogotá incurrió en el detrimento de $1.900 millones por sobrecostos en el arriendo de un edificio al que la entidad tuvo que mudarse luego del temblor que sacudió a la ciudad en mayo de 2008 y que afectó su sede propia.
La historia la contó hace poco más de un año este diario y comienza en julio de 2009, cuando, debido a los arreglos estructurales que se requerían en el inmueble en el que funciona la Contraloría, el entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi (preso por el cartel de la contratación) decidió mudarse junto a sus 500 empleados a un edificio llamado Amalfi, ubicado en la carrera 16 con calle 79.
El ente de control tomó en arriendo dicho edificio de siete pisos y dos niveles de parqueadero durante diez meses, por $2.300 millones, y para diciembre ya había pagado, por anticipado, el total de la deuda con la Fundación Médica Preventiva para el Bienestar Social S.A., dueña del inmueble.
El problema, según el informe definitivo de la Auditoría, conocido por este diario, es que la entidad pagó el canon de arrendamiento por todo el edificio cuando, durante los primeros dos meses, apenas recibió y ocupó dos pisos y dos niveles de parqueadero.
Asimismo, la Contraloría Distrital pagó por anticipado el 100% del contrato, vulnerando la ley de contrataciones, que establece que las entidades estatales podrán pactar pagos anticipados, pero nunca su monto podrá exceder el 50% del valor respectivo del contrato.
La Auditoría también encontró que durante el proceso de selección del edificio a arrendar “no se escogió la oferta más favorable, lo que ocasionó un perjuicio al patrimonio de la entidad”. Esto porque en un principio la Contraloría negoció con los dueños a través de una inmobiliaria que proponía un canon mensual de $120 millones, pero luego aceptó la propuesta directa de la Fundación Médica Preventiva para el Bienestar Social S.A. (sin intermediarios), que dejaba el arriendo mensual en $230 millones.
En concepto de la Auditoría General, en total se habrían perdido $1.868 millones por el sobrecosto y por ello decidió trasladar el hallazgo fiscal a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y abrir un proceso que, por el momento, será en contra de Víctor Armella, quien entonces ejercía como mano derecha y ordenador del gasto de Moralesrussi.
En unos ocho días se emitirá el auto de apertura y Armella tendrá que rendir sus descargos. La entidad nacional está evaluando por ahora si el hallazgo es lo suficientemente contundente como para ordenar el embargo de los bienes del exfuncionario, que de ser encontrado responsable fiscalmente tendría que devolverle esos recursos de su bolsillo a la Contraloría Distrital.
Al respecto, el auditor general, Jaime Ardila, dijo que en este contrato “no se tuvieron en cuenta los principios de economía y transparencia”.
Esta denuncia había sido objeto de un debate a Moralesrussi por cuenta del concejal Antonio Sanguino, quien aseguró: “Se corroboran las denuncias que hice y documenté en el Concejo”.