‘Los Tierreros siguen operando’

La captura de 18 de integrantes de la banda delincuencial “Los Tierreros” ha generado temor en la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Diana Montoya, alcaldesa de la localidad, le dijo a El Espectador que el problema con “Los Tierreros” está lejos de resolverse: “me han amenazado porque saben que existen procesos de desalojo. Con las capturas, el tema de las amenazas se ha puesto más problemático. La Unidad Nacional de Protección me asignó un escolta pero mi familia no tiene seguridad”.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General confirmaron la captura de 18 individuos que estaban vinculados a procesos judiciales por invasión de terrenos, fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, hurto, fraude procesal y urbanizaciones ilegales. Dentro de los capturados está Héctor Hernando García, alías Sargento, quien sería el líder de “Los Tierreros”; organización delincuencial que habría estafado a por lo menos 1.200 familias en Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Según la Secretaría de Gobierno, la organización cuenta con un capital cercano a los $20.000 millones.

De acuerdo con la Secretaría, la banda “cobraba una mensualidad por los servicios públicos que ellos mismos instalaban de manera ilegal donde hace varios años llegaron con maquinaria pesada. Empezaron a dividir un terreno abandonado en decenas de lotes, que más tarde ofrecían en venta, especialmente a la comunidad desplazada”. El secretario (e) de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, calificó la operación como “un golpe muy importante porque pone sobre aviso a otras bandas delincuencias que vienen actuando y engañando a la gente”.

Entretanto, el director seccional de Fiscalías de Bogotá, Jorge Eduardo Carranza, manifestó que “esta organización ya había realizado una urbanización ilegal y utilizaba unas estafas masivas en tanto fraude procesales a través de notarías que se prestaban para esta situación. Habían estafado a más de 400 personas”.

El Distrito confirmó que “los delincuentes” capturados “están vinculados en el desalojo de 160 familias que habitaban en la urbanización “Hacienda los Molinos”, ubicada en el barrio Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe. El desalojo en mención ocupó diferentes titulares de prensa a comienzos de 2012. El 18 de enero de ese año, por orden de la inspección de Policía 18E de Rafael Uribe, el Esmad desalojó el predio Hacienda Los Molinos. Un día después, la Corte Constitucional, mediante un auto, suspendió la diligencia hasta que emitiera una sentencia sobre el particular.

En marzo de 2012, la Corte emitió una sentencia con tres órdenes explícitas para la administración. La primera, que el Distrito debería cotejar y comparar los diferentes censos de la población (los de la Secretaría de Integración Social, Fopae y los de la misma comunidad) para establecer cuáles eran las familias para reparar. La segunda, que con base en ese censo reubicara en viviendas dignas a las familias afectadas por el desalojo. Y tercero, que remunerara a las familias afectadas en la operación policial por los bienes perdidos durante la acción de la fuerza.

La semana pasada, el Juez 16 Civil del Circuito, Federico González, ratificó a través de un fallo de tutela que la Administración Distrital había cumplido con los mandatos de la Corte Constitucional. El Distrito ha entregado 50 de las 87 viviendas a las familias afectadas con la orden de desalojo. Este mes, según la Alcaldía, serán entregadas 37 viviendas más. Dentro de las últimas acciones está el cierre de la Ladrillera Molinos del Sur Ltda, que estaba generando contaminación en la zona (el parque zonal Hacienda Los Molinos constituye un potencial ambiental para la recuperación de la estructura ecológica de Bogotá, pues posibilita la conectividad ecológica entre el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y el río Tunjuelo, lo que permitiría el flujo de flora y fauna nativas).

Las acciones del Distrito por recuperar la Hacienda Los Molinos repercuten directamente en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe: “Está la Hacienda Los Molinos Laguna y Hacienda los Molinos Ladrillera. El fallo no cubrió a muchas familias que también han sido víctimas de estafa. Hemos expedido 200 fallos por control urbanístico y tenemos 150 procesos en trámite para revisar el tema de licencias de construcción”. En la actualidad, según Diana Montoya, existen 570 ocupaciones ilegales, de las cuales 350 han sido intervenidas por la Alcaldía Local.

El cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional no basta para resolver el problema en Los Molinos: “Cuando llegué el tema de tierreros estaba bastante avanzado, recibí amenazas porque encontré que estaban engañados a las personas. Hoy me siguen amenazando porque existen procesos de controles urbanísticos y operativos de desalojo. Hay gente que sigue construyendo, que insiste en crear ocupaciones ilegales. Hay concejales que han intentado meterle política a la situación y han empezado a decir con anterioridad cuando son las diligencias de inspección”.

De los 200 fallos por control urbanístico, 199 se refieren a la problemática en el sector Laguna. Según la Policía Metropolitana, "los Tierreros" operan de la siguiente manera: " identifican el terreno; invaden con familias vulnerables; realizan contratos de arrendamiento con fechas anteriores; cercan el terreno e inician labores de adecuación; contratan ingenieros y topógrafos para efectuar loteo y planos; contactan a personas con recursos para venderles cuadras del terreno y venden los lotes mediante contrato con promesa de compraventa de un lote con terreno de posesión".

La captura de 18 de integrantes de la banda delincuencial “Los Tierreros” ha generado temor en la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Diana Montoya, alcaldesa de la localidad, le dijo a El Espectador que el problema con “Los Tierreros” está lejos de resolverse: “me han amenazado porque saben que existen procesos de desalojo. Con las capturas, el tema de las amenazas se ha puesto más problemático. La Unidad Nacional de Protección me asignó un escolta pero mi familia no tiene seguridad”.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General confirmaron la captura de 18 individuos que estaban vinculados a procesos judiciales por invasión de terrenos, fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, hurto, fraude procesal y urbanizaciones ilegales. Dentro de los capturados está Héctor Hernando García, alías Sargento, quien sería el líder de “Los Tierreros”; organización delincuencial que habría estafado a por lo menos 1.200 familias en Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Según la Secretaría de Gobierno, la organización cuenta con un capital cercano a los $20.000 millones.

De acuerdo con la Secretaría, la banda “cobraba una mensualidad por los servicios públicos que ellos mismos instalaban de manera ilegal donde hace varios años llegaron con maquinaria pesada. Empezaron a dividir un terreno abandonado en decenas de lotes, que más tarde ofrecían en venta, especialmente a la comunidad desplazada”. El secretario (e) de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, calificó la operación como “un golpe muy importante porque pone sobre aviso a otras bandas delincuencias que vienen actuando y engañando a la gente”.

Entretanto, el director seccional de Fiscalías de Bogotá, Jorge Eduardo Carranza, manifestó que “esta organización ya había realizado una urbanización ilegal y utilizaba unas estafas masivas en tanto fraude procesales a través de notarías que se prestaban para esta situación. Habían estafado a más de 400 personas”.

El Distrito confirmó que “los delincuentes” capturados “están vinculados en el desalojo de 160 familias que habitaban en la urbanización “Hacienda los Molinos”, ubicada en el barrio Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe. El desalojo en mención ocupó diferentes titulares de prensa a comienzos de 2012. El 18 de enero de ese año, por orden de la inspección de Policía 18E de Rafael Uribe, el Esmad desalojó el predio Hacienda Los Molinos. Un día después, la Corte Constitucional, mediante un auto, suspendió la diligencia hasta que emitiera una sentencia sobre el particular.

En marzo de 2012, la Corte emitió una sentencia con tres órdenes explícitas para la administración. La primera, que el Distrito debería cotejar y comparar los diferentes censos de la población (los de la Secretaría de Integración Social, Fopae y los de la misma comunidad) para establecer cuáles eran las familias para reparar. La segunda, que con base en ese censo reubicara en viviendas dignas a las familias afectadas por el desalojo. Y tercero, que remunerara a las familias afectadas en la operación policial por los bienes perdidos durante la acción de la fuerza.

La semana pasada, el Juez 16 Civil del Circuito, Federico González, ratificó a través de un fallo de tutela que la Administración Distrital había cumplido con los mandatos de la Corte Constitucional. El Distrito ha entregado 50 de las 87 viviendas a las familias afectadas con la orden de desalojo. Este mes, según la Alcaldía, serán entregadas 37 viviendas más. Dentro de las últimas acciones está el cierre de la Ladrillera Molinos del Sur Ltda, que estaba generando contaminación en la zona (el parque zonal Hacienda Los Molinos constituye un potencial ambiental para la recuperación de la estructura ecológica de Bogotá, pues posibilita la conectividad ecológica entre el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y el río Tunjuelo, lo que permitiría el flujo de flora y fauna nativas).

Las acciones del Distrito por recuperar la Hacienda Los Molinos repercuten directamente en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe: “Está la Hacienda Los Molinos Laguna y Hacienda los Molinos Ladrillera. El fallo no cubrió a muchas familias que también han sido víctimas de estafa. Hemos expedido 200 fallos por control urbanístico y tenemos 150 procesos en trámite para revisar el tema de licencias de construcción”. En la actualidad, según Diana Montoya, existen 570 ocupaciones ilegales, de las cuales 350 han sido intervenidas por la Alcaldía Local.

El cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional no basta para resolver el problema en Los Molinos: “Cuando llegué el tema de tierreros estaba bastante avanzado, recibí amenazas porque encontré que estaban engañados a las personas. Hoy me siguen amenazando porque existen procesos de controles urbanísticos y operativos de desalojo. Hay gente que sigue construyendo, que insiste en crear ocupaciones ilegales. Hay concejales que han intentado meterle política a la situación y han empezado a decir con anterioridad cuando son las diligencias de inspección”.

De los 200 fallos por control urbanístico, 199 se refieren a la problemática en el sector Laguna. Según la Policía Metropolitana, "los Tierreros" operan de la siguiente manera: " identifican el terreno; invaden con familias vulnerables; realizan contratos de arrendamiento con fechas anteriores; cercan el terreno e inician labores de adecuación; contratan ingenieros y topógrafos para efectuar loteo y planos; contactan a personas con recursos para venderles cuadras del terreno y venden los lotes mediante contrato con promesa de compraventa de un lote con terreno de posesión".