Los últimos contratos para el San Juan de Dios
Petro adjudicó en diciembre adecuaciones en el hospital por $6.726 millones. Peñalosa quiere suspenderlas, pues la Alcaldía aún no es la dueña.
Carlos Hernández Osorio
Cinco contratos de obra por $6.726 millones fue el último legado que dejó el exalcalde Gustavo Petro en el antiguo Hospital San Juan de Dios. Su administración los adjudicó en diciembre, a días de terminar su mandato, con el fin de continuar con los trabajos que permitirían reabrir ese emblemático lugar, a pesar de que en ese momento era claro que bajo su gestión era imposible hacerlo. No solo fue un mensaje de que gobernaría hasta el final, sino una forma de comprometer a su sucesor Enrique Peñalosa con la recuperación del complejo de edificios.
El futuro de esas obras, sin embargo, es poco claro. Es bien sabido que Peñalosa se ha mostrado en desacuerdo con los planes que tenía Petro de recuperar y reabrir el San Juan, pues prefiere invertir en otros centros asistenciales que están en funcionamiento y tienen necesidades apremiantes. A eso se suma que la Alcaldía, formalmente, aún no es la dueña del antiguo hospital, a pesar de que pagó por este $156.300 millones a la Gobernación de Cundinamarca, en una transacción que se llevó a cabo el 30 de diciembre pasado, un día antes de que el exmandatario terminara su periodo.
Esto lo advierte el secretario de Salud de Peñalosa, Luis Gonzalo Morales, y lo confirman dos fuentes que conocen el proceso. La Alcaldía giró la plata, pero la legalización de la compra, que está a cargo de la Oficina de Instrumentos Públicos del Sur , no se ha concretado. La razón: sobre el San Juan pesa una serie de embargos, algo que debe resolverse primero, antes de registrar al Distrito como propietario. Morales considera que si la Alcaldía sigue adelante con la ejecución de los cinco contratos estaría invirtiendo en un predio que no es suyo. La idea, entonces, es suspenderlos.
Para Petro, en cambio, las dudas sobre la propiedad, que nacieron cuando intentó comprar el San Juan por primera vez en 2014, nunca fueron un obstáculo. Lo arrendó para poder meterle plata mientras se definía quién era el dueño. Ese arriendo costó $9.000 millones en 2015, año en el que adecuó un jardín infantil, organizó conciertos y eventos culturales en las instalaciones, pagó vigilancia, mejoró la iluminación y comenzó a adecuar una central de urgencias que no logró abrir. Si a esas y otras obras se les suman los $156.350 millones que le pagó a la Gobernación cuando se definió que esta era la dueña, las inversiones de la Alcaldía en el San Juan sin ser del Distrito podrían alcanzar los $200.000 millones, de acuerdo con cálculos de otra fuente que ha conocido de cerca la contratación de la ERU.
Los pendientes
Son dos las obras que Petro dejó contratadas por medio de la ERU para que se ejecutaran en los meses siguientes a su salida. Se enfocan en la intervención del edificio central, uno de los 24 que integran el complejo hospitalario. La primera, por $2.860 millones, es para seguir interviniendo la zona de hospitalización y hacerle mantenimiento a la cubierta de dicho edificio. La segunda, por $3.044 millones, es para reparar los pisos 1, 2 y 3. Para ambos contratos se firmaron sendas interventorías que ascienden a $506 millones. A estos se les suma un contrato de suministro de materiales por $316 millones. Solo comenzó formalmente la reparación de los pisos, pues la nueva administración de la ERU no ha firmado las actas de inicio de las demás obras, un documento necesario para comenzar la ejecución de los trabajos.
El secretario Morales llama la atención de que, antes de planear y contratar esas obras, se debió hacer el reforzamiento estructural del edificio central, como es lógico. Hay que tener en cuenta que el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que diseñaron el Distrito y la Universidad Nacional durante la anterior administración con el fin de hacer una propuesta para recuperar el San Juan, establece que el edificio central tiene una vulnerabilidad media.
En las próximas semanas debe aclararse tanto el futuro de estos contratos como el de la legalización de la compra, pero es claro que este episodio se suma a la controversia avivada recientemente por la actual Alcaldía, que considera más barato hacer hospitales nuevos que restaurar el San Juan de Dios. Según el PEMP, la recuperación de complejo hospitalario cuesta $720.000 millones, cifra que validó el Ministerio de Cultura, dado que se trata de un monumento nacional.
Las prioridades ahora, de acuerdo con Morales, son otras, como hacer una inversión de $2,5 billones para reconstruir hospitales como el Simón Bolívar y el Santa Clara, terminar la adecuación de urgencias en el de Kennedy y construir una central de urgencias en el sur, entre otros.
Una institución histórica
El Hospital San Juan de Dios data del siglo XVI y llegó al siglo XXI como hospital universitario. Sus trabajadores dejaron de recibir salarios hacia 1999 y cerró sus puertas en 2001, después de una intervención de la Superintendencia de Salud. La Ley 735 de 2002 lo declaró monumento nacional junto con el Instituto Materno Infantil, y le ordenó a la Nación remodelarlo, restaurarlo y conservarlo, así como reabrirlo como hospital universitario. Tras una década de abandono, en 2012 la Alcaldía de Gustavo Petro se propuso recuperarlo, pero se encontró con diversos obstáculos. Su última opción fue expropiarlo a la Gobernación, después de que se resolvió un lío jurídico sobre la propiedad.
Cinco contratos de obra por $6.726 millones fue el último legado que dejó el exalcalde Gustavo Petro en el antiguo Hospital San Juan de Dios. Su administración los adjudicó en diciembre, a días de terminar su mandato, con el fin de continuar con los trabajos que permitirían reabrir ese emblemático lugar, a pesar de que en ese momento era claro que bajo su gestión era imposible hacerlo. No solo fue un mensaje de que gobernaría hasta el final, sino una forma de comprometer a su sucesor Enrique Peñalosa con la recuperación del complejo de edificios.
El futuro de esas obras, sin embargo, es poco claro. Es bien sabido que Peñalosa se ha mostrado en desacuerdo con los planes que tenía Petro de recuperar y reabrir el San Juan, pues prefiere invertir en otros centros asistenciales que están en funcionamiento y tienen necesidades apremiantes. A eso se suma que la Alcaldía, formalmente, aún no es la dueña del antiguo hospital, a pesar de que pagó por este $156.300 millones a la Gobernación de Cundinamarca, en una transacción que se llevó a cabo el 30 de diciembre pasado, un día antes de que el exmandatario terminara su periodo.
Esto lo advierte el secretario de Salud de Peñalosa, Luis Gonzalo Morales, y lo confirman dos fuentes que conocen el proceso. La Alcaldía giró la plata, pero la legalización de la compra, que está a cargo de la Oficina de Instrumentos Públicos del Sur , no se ha concretado. La razón: sobre el San Juan pesa una serie de embargos, algo que debe resolverse primero, antes de registrar al Distrito como propietario. Morales considera que si la Alcaldía sigue adelante con la ejecución de los cinco contratos estaría invirtiendo en un predio que no es suyo. La idea, entonces, es suspenderlos.
Para Petro, en cambio, las dudas sobre la propiedad, que nacieron cuando intentó comprar el San Juan por primera vez en 2014, nunca fueron un obstáculo. Lo arrendó para poder meterle plata mientras se definía quién era el dueño. Ese arriendo costó $9.000 millones en 2015, año en el que adecuó un jardín infantil, organizó conciertos y eventos culturales en las instalaciones, pagó vigilancia, mejoró la iluminación y comenzó a adecuar una central de urgencias que no logró abrir. Si a esas y otras obras se les suman los $156.350 millones que le pagó a la Gobernación cuando se definió que esta era la dueña, las inversiones de la Alcaldía en el San Juan sin ser del Distrito podrían alcanzar los $200.000 millones, de acuerdo con cálculos de otra fuente que ha conocido de cerca la contratación de la ERU.
Los pendientes
Son dos las obras que Petro dejó contratadas por medio de la ERU para que se ejecutaran en los meses siguientes a su salida. Se enfocan en la intervención del edificio central, uno de los 24 que integran el complejo hospitalario. La primera, por $2.860 millones, es para seguir interviniendo la zona de hospitalización y hacerle mantenimiento a la cubierta de dicho edificio. La segunda, por $3.044 millones, es para reparar los pisos 1, 2 y 3. Para ambos contratos se firmaron sendas interventorías que ascienden a $506 millones. A estos se les suma un contrato de suministro de materiales por $316 millones. Solo comenzó formalmente la reparación de los pisos, pues la nueva administración de la ERU no ha firmado las actas de inicio de las demás obras, un documento necesario para comenzar la ejecución de los trabajos.
El secretario Morales llama la atención de que, antes de planear y contratar esas obras, se debió hacer el reforzamiento estructural del edificio central, como es lógico. Hay que tener en cuenta que el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que diseñaron el Distrito y la Universidad Nacional durante la anterior administración con el fin de hacer una propuesta para recuperar el San Juan, establece que el edificio central tiene una vulnerabilidad media.
En las próximas semanas debe aclararse tanto el futuro de estos contratos como el de la legalización de la compra, pero es claro que este episodio se suma a la controversia avivada recientemente por la actual Alcaldía, que considera más barato hacer hospitales nuevos que restaurar el San Juan de Dios. Según el PEMP, la recuperación de complejo hospitalario cuesta $720.000 millones, cifra que validó el Ministerio de Cultura, dado que se trata de un monumento nacional.
Las prioridades ahora, de acuerdo con Morales, son otras, como hacer una inversión de $2,5 billones para reconstruir hospitales como el Simón Bolívar y el Santa Clara, terminar la adecuación de urgencias en el de Kennedy y construir una central de urgencias en el sur, entre otros.
Una institución histórica
El Hospital San Juan de Dios data del siglo XVI y llegó al siglo XXI como hospital universitario. Sus trabajadores dejaron de recibir salarios hacia 1999 y cerró sus puertas en 2001, después de una intervención de la Superintendencia de Salud. La Ley 735 de 2002 lo declaró monumento nacional junto con el Instituto Materno Infantil, y le ordenó a la Nación remodelarlo, restaurarlo y conservarlo, así como reabrirlo como hospital universitario. Tras una década de abandono, en 2012 la Alcaldía de Gustavo Petro se propuso recuperarlo, pero se encontró con diversos obstáculos. Su última opción fue expropiarlo a la Gobernación, después de que se resolvió un lío jurídico sobre la propiedad.