Losas de Transmilenio: ¿y los otros qué?

La ratificación de la condena contra el exdirector del IDU Andrés Camargo, por el escándalo de las losas de Transmilenio, plantea la pregunta: ¿y el resto de los involucrados qué? Pese a que, junto con el exfuncionario se vieron salpicadas seis firmas constructoras, nueve firmas interventoras y los principales proveedores de concreto en el país, los únicos sentenciados son él y dos de sus empleados de confianza. A Camargo lo condenaron a cinco años de prisión, de los que ya ha pagado dos, por las irregularidades en la construcción de la troncal de la autopista Norte. Y aunque los hechos fueron similares en otros cuatro contratos, todos están congelados en la Fiscalía y próximos a prescribir.

El lío de las losas se remonta a finales de los 90, cuando la primera administración Peñalosa sacó adelante el proyecto para poner a rodar Transmilenio. Se adjudicaron cinco contratos para construir las troncales de la Fase I: Calle 80, Autonorte y la avenida Caracas (dividida en tres tramos). A estos se sumó uno para la vía a La Calera. Los diseños originales especificaban el material y su resistencia. Sin embargo, se hicieron cambios sobre la marcha, como usar relleno fluido de menor resistencia, lo que afectó la calidad de la vía. Aunque debía durar 20 años, las losas se empezaron a quebrar un año después.

El descalabro llevó a los entes de control a investigar a los responsables de las obras. La Fiscalía vinculó a sus investigaciones a funcionarios del IDU, a los contratistas y a los interventores. Sin embargo, el único proceso que avanzó fue el de la Autonorte, que terminó en la única condena que se conoce, que cobija a Camargo.

Los otros procesados fueron Alberto José Otoya, representante de Conciviles (constructor); Álvaro Silva, representante de Consorcio Integral (interventor), y Miguel Paz Vivero y Diego Jaramillo Porto, de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (Asocreto). Aunque los condenaron en primera instancia, en medio de las dilaciones terminaron libres de culpa por vencimiento de términos.

Otra investigación se abrió por las obras en la Caracas, en las que están vinculadas las firmas Castro Tcherassi y Equipo Universal. Pese a tener los mismos elementos del caso de la Autonorte, la Fiscalía no fue tan diligente. El proceso está en la Fiscalía Tercera Anticorrupción y también aparecen en él Camargo, Jaramillo Porto y Paz Viveros, junto con Francis Alberto Bretton, Gabriel Montoya de Vivero y Alfredo Tcherassi. Según el ente acusador, en marzo el fiscal Carlos Guerrero decidió precluir la investigación, pero el abogado del Distrito apeló y el caso sigue en trámite con los fiscales delegados ante el Tribunal de Bogotá. Por su parte, el caso de las losas en la vía a La Calera está en la Fiscalía 136 y en él también aparecen como procesados Camargo y Jaramillo Porto, junto con Manuel Morales, Carlos Morales, Gustavo Leal y Fabio Villamil. Tras 15 años, sigue en etapa de instrucción.

A comienzos de junio, un juzgado de Bogotá absolvió en primera instancia a Cemex, por su presunta responsabilidad en las fallas de las losas. El Distrito demandó a la cementera porque, a su juicio, ésta vendió mediante engaños el relleno fluido. El juez, sin embargo, consideró que la falla no radicó en ese punto, sino en el cambio de los diseños y la decisión del IDU de reducir la exigencia de la resistencia para el relleno fluido. Aunque simultáneamente se abrió un proceso administrativo contra Cemex y Asocreto, como terceros civilmente responsables, éste prescribió sin que se hubiera establecido si debían indemnizar a la ciudad.

“Han pasado casi catorce años desde que comenzó el lío de las losas y hasta ahora la única decisión ha sido contra Camargo. A pesar de las múltiples advertencias a fiscales y jueces, los otros procesos están próximos a prescribir. Eso ocurriría a principios del otro año. A pesar de que son los mismos hechos que rodearon el proceso contra Camargo, y en el que la Corte ratifica que hubo delitos, el Estado no ha podido armar un caso contra los constructores, interventores y los que suministraron el relleno fluido. Ellos se salvarán, y no porque no sean culpables, sino por la desidia de la Fiscalía, que ya permitió que prescribiera un proceso. Parece que los otros tendrán el mismo destino”, dijo Francisco Javier Sintura, abogado que representa al Distrito.

Los argumentos de la condena contra Camargo

La Corte Suprema cuestionó el argumento de Camargo, que siempre ha dicho que las fallas en las losas de Transmilenio corresponden a aspectos técnicos en los que él no se metía. El alto tribunal afirma que la condena no es por eso sino porque no evitó “la violación de los principios de planeación y responsabilidad en materia de contratación teniendo la capacidad, los medios de control y el conocimiento de la situación para evitarlo”.

Según el fallo, el exdirector del IDU abrió la licitación “a pesar de no haberse elaborado los diseños; permitió la modificación del material del relleno fluido en el pliego de condiciones, tanto en su resistencia como en las áreas en las cuales iba a aplicarse. Y siempre estuvo al tanto de tales incidencias, bien sea por las reuniones de junta directiva o por la información directa que recibía de sus subalternos. Ello condujo a daños graves en la adecuación de la autopista para el proyecto Transmilenio”. Por eso considera probado que Camargo incurrió en la celebración de un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La ratificación de la condena contra el exdirector del IDU Andrés Camargo, por el escándalo de las losas de Transmilenio, plantea la pregunta: ¿y el resto de los involucrados qué? Pese a que, junto con el exfuncionario se vieron salpicadas seis firmas constructoras, nueve firmas interventoras y los principales proveedores de concreto en el país, los únicos sentenciados son él y dos de sus empleados de confianza. A Camargo lo condenaron a cinco años de prisión, de los que ya ha pagado dos, por las irregularidades en la construcción de la troncal de la autopista Norte. Y aunque los hechos fueron similares en otros cuatro contratos, todos están congelados en la Fiscalía y próximos a prescribir.

El lío de las losas se remonta a finales de los 90, cuando la primera administración Peñalosa sacó adelante el proyecto para poner a rodar Transmilenio. Se adjudicaron cinco contratos para construir las troncales de la Fase I: Calle 80, Autonorte y la avenida Caracas (dividida en tres tramos). A estos se sumó uno para la vía a La Calera. Los diseños originales especificaban el material y su resistencia. Sin embargo, se hicieron cambios sobre la marcha, como usar relleno fluido de menor resistencia, lo que afectó la calidad de la vía. Aunque debía durar 20 años, las losas se empezaron a quebrar un año después.

El descalabro llevó a los entes de control a investigar a los responsables de las obras. La Fiscalía vinculó a sus investigaciones a funcionarios del IDU, a los contratistas y a los interventores. Sin embargo, el único proceso que avanzó fue el de la Autonorte, que terminó en la única condena que se conoce, que cobija a Camargo.

Los otros procesados fueron Alberto José Otoya, representante de Conciviles (constructor); Álvaro Silva, representante de Consorcio Integral (interventor), y Miguel Paz Vivero y Diego Jaramillo Porto, de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (Asocreto). Aunque los condenaron en primera instancia, en medio de las dilaciones terminaron libres de culpa por vencimiento de términos.

Otra investigación se abrió por las obras en la Caracas, en las que están vinculadas las firmas Castro Tcherassi y Equipo Universal. Pese a tener los mismos elementos del caso de la Autonorte, la Fiscalía no fue tan diligente. El proceso está en la Fiscalía Tercera Anticorrupción y también aparecen en él Camargo, Jaramillo Porto y Paz Viveros, junto con Francis Alberto Bretton, Gabriel Montoya de Vivero y Alfredo Tcherassi. Según el ente acusador, en marzo el fiscal Carlos Guerrero decidió precluir la investigación, pero el abogado del Distrito apeló y el caso sigue en trámite con los fiscales delegados ante el Tribunal de Bogotá. Por su parte, el caso de las losas en la vía a La Calera está en la Fiscalía 136 y en él también aparecen como procesados Camargo y Jaramillo Porto, junto con Manuel Morales, Carlos Morales, Gustavo Leal y Fabio Villamil. Tras 15 años, sigue en etapa de instrucción.

A comienzos de junio, un juzgado de Bogotá absolvió en primera instancia a Cemex, por su presunta responsabilidad en las fallas de las losas. El Distrito demandó a la cementera porque, a su juicio, ésta vendió mediante engaños el relleno fluido. El juez, sin embargo, consideró que la falla no radicó en ese punto, sino en el cambio de los diseños y la decisión del IDU de reducir la exigencia de la resistencia para el relleno fluido. Aunque simultáneamente se abrió un proceso administrativo contra Cemex y Asocreto, como terceros civilmente responsables, éste prescribió sin que se hubiera establecido si debían indemnizar a la ciudad.

“Han pasado casi catorce años desde que comenzó el lío de las losas y hasta ahora la única decisión ha sido contra Camargo. A pesar de las múltiples advertencias a fiscales y jueces, los otros procesos están próximos a prescribir. Eso ocurriría a principios del otro año. A pesar de que son los mismos hechos que rodearon el proceso contra Camargo, y en el que la Corte ratifica que hubo delitos, el Estado no ha podido armar un caso contra los constructores, interventores y los que suministraron el relleno fluido. Ellos se salvarán, y no porque no sean culpables, sino por la desidia de la Fiscalía, que ya permitió que prescribiera un proceso. Parece que los otros tendrán el mismo destino”, dijo Francisco Javier Sintura, abogado que representa al Distrito.

Los argumentos de la condena contra Camargo

La Corte Suprema cuestionó el argumento de Camargo, que siempre ha dicho que las fallas en las losas de Transmilenio corresponden a aspectos técnicos en los que él no se metía. El alto tribunal afirma que la condena no es por eso sino porque no evitó “la violación de los principios de planeación y responsabilidad en materia de contratación teniendo la capacidad, los medios de control y el conocimiento de la situación para evitarlo”.

Según el fallo, el exdirector del IDU abrió la licitación “a pesar de no haberse elaborado los diseños; permitió la modificación del material del relleno fluido en el pliego de condiciones, tanto en su resistencia como en las áreas en las cuales iba a aplicarse. Y siempre estuvo al tanto de tales incidencias, bien sea por las reuniones de junta directiva o por la información directa que recibía de sus subalternos. Ello condujo a daños graves en la adecuación de la autopista para el proyecto Transmilenio”. Por eso considera probado que Camargo incurrió en la celebración de un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.