Luchar por un trabajo teniendo sida

Simón Rodríguez* está hospitalizado. “Mi infierno corre por mi sangre”, dice, y la metáfora parece quedarse corta para lo que ha vivido. Es gay y tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, como se conoce por su acrónimo. Lo porta en la sangre desde hace tres años y desde entonces ha estado cerca de perder la vida tres veces por una gripa. “Pensé que esos días iba a morir, no que viviría muriendo”, dice. Llora, se toma la cabeza, se llena de valor, vuelve a recordar.

“Inicialmente los abusos sexuales sólo los cometía él, pero después fueron otros hombres. Se volvió una rutina. Me amarraron al piso, desnudo, se me ampollaron las manos. Abusaron de mí delante de todos, me quemaron con cigarrillos, todo porque el comandante quería tener una experiencia gay”. Simón Rodríguez, 40 años, recuerda el secuestro que padeció en 2012 durante 45 días en una zona montañosa al oriente de Santander en poder de paramilitares de Puerto Boyacá. En su cautiverio fue infectado con VIH.

“Una noche empezamos a escuchar que los ‘paras’ se iban, que abandonaban el campamento. La gente que también estaba secuestrada empezó a llorar. Se decía que nos iban a matar y que nos echarían al río. A las 4:00 a.m. el comandante paramilitar que me mandó a secuestrar me dijo que a mí no me iban a matar. Yo lloraba mientras escuchaba los tiros. Esa madrugada me dejaron botado, por ahí bajando la montaña, donde encontré transporte para regresar al pueblo”.

Volvió a su pueblo con la amenaza de que sería asesinado si decía algo de lo que había visto o vivido. “El cuerpo queda atormentado, sin esperanza. Pero me llené de valor y traté de olvidar. No volví a ver al comandante; decían que se había ido a Barrancabermeja a liderar una operación de seguridad, pero sus subordinados me decían que me devolviera al campamento. Fue por eso que decidí huir una madrugada”.

Llegó a Bogotá el 14 agosto de 2013. Tres días después recibió la llamada de su victimario. “Me dijo que me iba a decir algo que me iba a cambiar la vida. Dijo que así como me trajo al campamento trajo a muchas trabajadoras sexuales de Barrancabermeja y que ellas le prendieron el sida, por eso creía que yo también lo tenía. Asumí que no era verdad”, agrega.

El 20 de noviembre de 2013 fue contratado para trabajar en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), en el área de recobros en salud, a través de un contrato a término fijo que vencía el 20 de febrero de 2014. En diciembre de 2013 tuvo los primeros síntomas. Estuvo hospitalizado y el 10 de enero de 2014 los médicos confirmaron el crudo diagnóstico: tenía sida, así como sífilis, hepatitis B y C, hepatomegalia, pancreatitis aguda, quiste subaracnoideo cerebral, candidiasis y depresión.

Sin importar el dictamen, cuando regresó al trabajo fue despedido. “Quedé sin seguridad social y no tenía el apoyo de mi familia”. Por eso volvió a Santander. Pero los paramilitares lo ubicaron pronto y le dieron 48 horas para salir. De regreso a Bogotá logró vincularse en el área de recobros de otra empresa prestadora de salud. El 14 de junio de 2014 entró a Capital Salud, la empresa prestadora de salud del Distrito, a través de la temporal Opción Temporal y Compañía SAS (ver recuadro).

Es por este trabajo que su historia no sólo reposa en su afligida memoria, también está contada en varios procesos judiciales que le ha tocado interponer, paradójicamente, contra la EPS de la Bogotá Humana. El 2 de agosto de 2014 sufrió un nuevo quebranto de salud. Pero ante el miedo de perder el puesto regresó antes de que se cumpliera la incapacidad de siete días. Su jefa inmediata le dijo que no era necesario y él le explicó que temía quedarse sin trabajo porque era portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Su temor no era infundado: el 8 de agosto de 2014 le informaron que Capital Salud había solicitado la cancelación de su contrato. Sin embargo, la empresa no pidió autorización del Ministerio de Trabajo para desvincular a personas que padecen una enfermedad ruinosa o catastrófica, como obliga la ley.

Dos días después la empresa Opción Temporal terminó su relación laboral diciendo que la función del contrato ya no se requería. Simón Rodríguez se ha desempeñado como auditor de recobros en salud, es decir, es quien aprueba o rechaza los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud ante el Fosyga, para personas como él, contagiadas con enfermedades catastróficas o ruinosas, como el cáncer o el VIH. Una función indispensable en toda empresa de salud. Por eso argumenta que la razón de su despido no es otra que su enfermedad.

El mismo día en que le cancelaron su contrato también lo sacaron de la EPS en la que estaba. Por eso al poco tiempo le suspendieron la entrega de retrovirales. Los retrovirales son pequeñas cápsulas de vida para los pacientes con VIH que hacen más lenta la evolución de cualquier enfermedad porque evita la multiplicación del virus en la sangre. La situación empeoró su salud, como consta en un certificado de incapacidad que le entregó el médico tratante de Saludcoop, donde afirma que esa suspensión durante siete meses impidió el control del virus.

Desempleado, Rodríguez fue asesorado en la Personería de Bogotá y por eso realizó los trámites para ser incluido en el Registro Único de Víctimas, el 14 de septiembre de 2014. Allí recibió una ayuda humanitaria que consistía en un subsidio de mercado y arriendo, y un almuerzo en un comedor comunitario. Pero a la fecha, diez meses después, no ha recibido ninguna reparación como víctima del conflicto armado. Esto pese a que, cuando este diario consultó a la Unidad de Víctimas hace un mes, señalaron que conocían el caso y lo iban a priorizar.

Tras haber contado por primera vez en una entidad todo por lo que había pasado y recibir una orientación jurídica, Rodríguez se llenó de paciencia y valor para tutelar su derecho al trabajo con la ayuda del consultorio jurídico de la Universidad Nacional. El 24 de diciembre de 2014 el Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le dio la razón en primera instancia y ordenó a Saludcoop que entregara de manera inmediata y gratuita los medicamentos retrovirales. Asimismo ordenó su reintegro a Capital Salud.

Pero el reintegro no se produjo, por eso Rodríguez puso un incidente de desacato, que sólo se cumplió el 15 de enero de 2015. Poco después recibió la llamada de María del Socorro Cetina, entonces jefa de talento humano de Capital Salud, quien le ofreció una suma para que renunciara al proceso judicial. Rodríguez hizo sumas y restas y concluyó que el dinero no le alcanzaría para vivir por más de dos años, pagando por su cuenta los tratamientos. “Me dijo que en este país los jueces tenían precio y que el fallo sería favorable a ellos. Al final aseguró: ¿‘Cómo espera que contratemos a alguien con VIH, somos una empresa de salud?’”.

Más allá de poder probar si fueron ciertas estas palabras, el 12 de febrero de 2015 una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca revocó el primer fallo que le había dado la razón a Rodríguez y consideró que “no se demostró que la desvinculación laboral se debió a su condición” de paciente de VIH.

Esto a pesar de que el fallo de primera instancia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional habían sido claros en decir que no es deber del trabajador informar que está infectado por VIH y que, a menos que la función del trabajo haya desaparecido, no se justifica acabar el contrato de término fijo. El caso sigue siendo tan polémico que la Corte Constitucional lo escogió para revisión y se espera, por tiempos de trámite, que la próxima semana se pronuncie al respecto.

Entretanto, la decisión del Tribunal tardó un poco más de lo esperado en tener efecto y sólo se produjo el 12 de junio, cuando a Simón Rodríguez le volvieron a cancelar el contrato de prestación de servicios, con el mismo argumento de que su función había terminado. Casi un mes después, el 6 de julio, cuando el temor de quedar sin servicio de salud se hizo patente, lo llamaron a firmar un nuevo contrato.

La zozobra e intranquilidad laboral que vive Rodríguez es la misma que han vivido, en muchas ocasiones, cerca de 480 trabajadores vinculados a Capital Salud a través de la Opción Temporal y Compañía SAS.

“Hemos denunciado en muchas ocasiones durante estos dos años que esa contratación es ilegal, violatoria de los derechos de los trabajadores, y que representa una pérdida económica grave para la empresa porque se paga a un terciario el 7% por la contratación que debería asumir la empresa. A estos trabajadores les cortan la continuidad en sus contratos, incluso, lo han hecho con personas en indefensión: mujeres embarazadas o en período de lactancia, e inclusive a personas con enfermedades crónicas. A veces sencillamente despiden injustificadamente diciendo que se ‘acabó la labor u obra en la empresa’, cuando estos trabajadores ejercen funciones permanentes que sólo acabarían con el cierre de la empresa”, sostiene un comunicado reciente del sindicato de Capital Salud.

Consultado por este diario, el gerente de Capital Salud, Alain Jiménez, asegura no tener conocimiento de los casos y dice que las personas de la temporal terminan su período y son contratadas en una o dos semanas máximo. Dice también que desde que entró al cargo, hace ocho meses, ha puesto su interés y compromiso en mejorar las condiciones de los trabajadores, y reconoció que encontró la empresa en una situación compleja y desde entonces ha intentado hacer algunos cambios administrativos que no ha podido socializar en la asamblea de socios porque se suspendió la reunión. No quiso referirse al caso de Rodríguez, pero aseguró que sigue vinculado con ellos, pese al fallo de segunda instancia.

Simón Rodríguez está hospitalizado. Habla de la muerte y de la enfermedad con cercanía. Habla del país que le tocó en suerte y concluye: “No sé por qué tuve que vivir este infierno de violencia, en el monte, en los tribunales. La guerra, la que me tocó, no se libra contra la enfermedad, como debería ser, sino contra las personas que tenemos VIH”.

Una Opción Temporal permanente
A mediados de 2013, Capital Salud tenía unos 600 mil usuarios de Bogotá y Meta. Durante ese semestre, la Superintendencia de Salud eliminó varias EPS del Régimen Subsidiado. Una de las EPS que se eliminó fue Humana Vivir, y sus cerca de 400 mil usuarios pasaron a Capital Salud. Como era lógico, Capital Salud no estaba preparada para atender a un millón de usuarios. Fue cuando se propuso vincular trabajadores para cumplir con estos compromisos a través de una temporal: Opción Temporal SAS. La idea la ambientó el entonces exsecretario de Salud Aldo Cadena. Pero la contratación con la temporal no fue temporal y en cambio fue creciendo. Hoy tienen más de 400 trabajadores y su contratación es cuestionada.

En su momento, la gerente de Capital Salud, Alba Mayorga, tomó la decisión de quitarle el manejo del recurso humano a la cooperativa Talentum. La gerencia argumentó que eso significaría un ahorro económico (Talentum cobraba por la administración el 6%). Pero Opción Temporal entró cobrando el 11%. Ante el desfase y la crisis económica que se desató en la empresa, pasó al 8% y hoy cobra el 7% por esa administración.

Capital Salud, una pugna de poder
Capital Salud es una empresa de economía mixta, eso significa que tiene dineros del Estado y dineros de socios privados. Nació en 2009, durante la administración del alcalde Samuel Moreno. En ese entonces la empresa Salud Total llenó los requisitos para asociarse con el Distrito en la prestación de servicios de salud. En enero de 2011 cambió la razón social de Salud Total a Salud Total SAS. Seis meses después se creó Capital Salud, en julio de 2011. La empresa nació con el 51% de capital de parte del Distrito y el 49% de parte de privados. Pero en el acuerdo marco se le dio casi todo el poder administrativo al socio privado, pese a que el socio público era mayoritario. En la administración actual se empezó una pugna interna en la empresa entre el Distrito y los socios privados por recuperar el poder. Eso se ha expresado en que después de cuatro años de existencia, la empresa ha tenido seis gerentes, dos encargados y cuatro oficiales.

* Por razones de seguridad e intimidad, este diario decidió modificar su nombre y reservar su identidad, así como la descripción detallada de lugares y victimarios.

Simón Rodríguez* está hospitalizado. “Mi infierno corre por mi sangre”, dice, y la metáfora parece quedarse corta para lo que ha vivido. Es gay y tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, como se conoce por su acrónimo. Lo porta en la sangre desde hace tres años y desde entonces ha estado cerca de perder la vida tres veces por una gripa. “Pensé que esos días iba a morir, no que viviría muriendo”, dice. Llora, se toma la cabeza, se llena de valor, vuelve a recordar.

“Inicialmente los abusos sexuales sólo los cometía él, pero después fueron otros hombres. Se volvió una rutina. Me amarraron al piso, desnudo, se me ampollaron las manos. Abusaron de mí delante de todos, me quemaron con cigarrillos, todo porque el comandante quería tener una experiencia gay”. Simón Rodríguez, 40 años, recuerda el secuestro que padeció en 2012 durante 45 días en una zona montañosa al oriente de Santander en poder de paramilitares de Puerto Boyacá. En su cautiverio fue infectado con VIH.

“Una noche empezamos a escuchar que los ‘paras’ se iban, que abandonaban el campamento. La gente que también estaba secuestrada empezó a llorar. Se decía que nos iban a matar y que nos echarían al río. A las 4:00 a.m. el comandante paramilitar que me mandó a secuestrar me dijo que a mí no me iban a matar. Yo lloraba mientras escuchaba los tiros. Esa madrugada me dejaron botado, por ahí bajando la montaña, donde encontré transporte para regresar al pueblo”.

Volvió a su pueblo con la amenaza de que sería asesinado si decía algo de lo que había visto o vivido. “El cuerpo queda atormentado, sin esperanza. Pero me llené de valor y traté de olvidar. No volví a ver al comandante; decían que se había ido a Barrancabermeja a liderar una operación de seguridad, pero sus subordinados me decían que me devolviera al campamento. Fue por eso que decidí huir una madrugada”.

Llegó a Bogotá el 14 agosto de 2013. Tres días después recibió la llamada de su victimario. “Me dijo que me iba a decir algo que me iba a cambiar la vida. Dijo que así como me trajo al campamento trajo a muchas trabajadoras sexuales de Barrancabermeja y que ellas le prendieron el sida, por eso creía que yo también lo tenía. Asumí que no era verdad”, agrega.

El 20 de noviembre de 2013 fue contratado para trabajar en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), en el área de recobros en salud, a través de un contrato a término fijo que vencía el 20 de febrero de 2014. En diciembre de 2013 tuvo los primeros síntomas. Estuvo hospitalizado y el 10 de enero de 2014 los médicos confirmaron el crudo diagnóstico: tenía sida, así como sífilis, hepatitis B y C, hepatomegalia, pancreatitis aguda, quiste subaracnoideo cerebral, candidiasis y depresión.

Sin importar el dictamen, cuando regresó al trabajo fue despedido. “Quedé sin seguridad social y no tenía el apoyo de mi familia”. Por eso volvió a Santander. Pero los paramilitares lo ubicaron pronto y le dieron 48 horas para salir. De regreso a Bogotá logró vincularse en el área de recobros de otra empresa prestadora de salud. El 14 de junio de 2014 entró a Capital Salud, la empresa prestadora de salud del Distrito, a través de la temporal Opción Temporal y Compañía SAS (ver recuadro).

Es por este trabajo que su historia no sólo reposa en su afligida memoria, también está contada en varios procesos judiciales que le ha tocado interponer, paradójicamente, contra la EPS de la Bogotá Humana. El 2 de agosto de 2014 sufrió un nuevo quebranto de salud. Pero ante el miedo de perder el puesto regresó antes de que se cumpliera la incapacidad de siete días. Su jefa inmediata le dijo que no era necesario y él le explicó que temía quedarse sin trabajo porque era portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Su temor no era infundado: el 8 de agosto de 2014 le informaron que Capital Salud había solicitado la cancelación de su contrato. Sin embargo, la empresa no pidió autorización del Ministerio de Trabajo para desvincular a personas que padecen una enfermedad ruinosa o catastrófica, como obliga la ley.

Dos días después la empresa Opción Temporal terminó su relación laboral diciendo que la función del contrato ya no se requería. Simón Rodríguez se ha desempeñado como auditor de recobros en salud, es decir, es quien aprueba o rechaza los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud ante el Fosyga, para personas como él, contagiadas con enfermedades catastróficas o ruinosas, como el cáncer o el VIH. Una función indispensable en toda empresa de salud. Por eso argumenta que la razón de su despido no es otra que su enfermedad.

El mismo día en que le cancelaron su contrato también lo sacaron de la EPS en la que estaba. Por eso al poco tiempo le suspendieron la entrega de retrovirales. Los retrovirales son pequeñas cápsulas de vida para los pacientes con VIH que hacen más lenta la evolución de cualquier enfermedad porque evita la multiplicación del virus en la sangre. La situación empeoró su salud, como consta en un certificado de incapacidad que le entregó el médico tratante de Saludcoop, donde afirma que esa suspensión durante siete meses impidió el control del virus.

Desempleado, Rodríguez fue asesorado en la Personería de Bogotá y por eso realizó los trámites para ser incluido en el Registro Único de Víctimas, el 14 de septiembre de 2014. Allí recibió una ayuda humanitaria que consistía en un subsidio de mercado y arriendo, y un almuerzo en un comedor comunitario. Pero a la fecha, diez meses después, no ha recibido ninguna reparación como víctima del conflicto armado. Esto pese a que, cuando este diario consultó a la Unidad de Víctimas hace un mes, señalaron que conocían el caso y lo iban a priorizar.

Tras haber contado por primera vez en una entidad todo por lo que había pasado y recibir una orientación jurídica, Rodríguez se llenó de paciencia y valor para tutelar su derecho al trabajo con la ayuda del consultorio jurídico de la Universidad Nacional. El 24 de diciembre de 2014 el Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le dio la razón en primera instancia y ordenó a Saludcoop que entregara de manera inmediata y gratuita los medicamentos retrovirales. Asimismo ordenó su reintegro a Capital Salud.

Pero el reintegro no se produjo, por eso Rodríguez puso un incidente de desacato, que sólo se cumplió el 15 de enero de 2015. Poco después recibió la llamada de María del Socorro Cetina, entonces jefa de talento humano de Capital Salud, quien le ofreció una suma para que renunciara al proceso judicial. Rodríguez hizo sumas y restas y concluyó que el dinero no le alcanzaría para vivir por más de dos años, pagando por su cuenta los tratamientos. “Me dijo que en este país los jueces tenían precio y que el fallo sería favorable a ellos. Al final aseguró: ¿‘Cómo espera que contratemos a alguien con VIH, somos una empresa de salud?’”.

Más allá de poder probar si fueron ciertas estas palabras, el 12 de febrero de 2015 una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca revocó el primer fallo que le había dado la razón a Rodríguez y consideró que “no se demostró que la desvinculación laboral se debió a su condición” de paciente de VIH.

Esto a pesar de que el fallo de primera instancia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional habían sido claros en decir que no es deber del trabajador informar que está infectado por VIH y que, a menos que la función del trabajo haya desaparecido, no se justifica acabar el contrato de término fijo. El caso sigue siendo tan polémico que la Corte Constitucional lo escogió para revisión y se espera, por tiempos de trámite, que la próxima semana se pronuncie al respecto.

Entretanto, la decisión del Tribunal tardó un poco más de lo esperado en tener efecto y sólo se produjo el 12 de junio, cuando a Simón Rodríguez le volvieron a cancelar el contrato de prestación de servicios, con el mismo argumento de que su función había terminado. Casi un mes después, el 6 de julio, cuando el temor de quedar sin servicio de salud se hizo patente, lo llamaron a firmar un nuevo contrato.

La zozobra e intranquilidad laboral que vive Rodríguez es la misma que han vivido, en muchas ocasiones, cerca de 480 trabajadores vinculados a Capital Salud a través de la Opción Temporal y Compañía SAS.

“Hemos denunciado en muchas ocasiones durante estos dos años que esa contratación es ilegal, violatoria de los derechos de los trabajadores, y que representa una pérdida económica grave para la empresa porque se paga a un terciario el 7% por la contratación que debería asumir la empresa. A estos trabajadores les cortan la continuidad en sus contratos, incluso, lo han hecho con personas en indefensión: mujeres embarazadas o en período de lactancia, e inclusive a personas con enfermedades crónicas. A veces sencillamente despiden injustificadamente diciendo que se ‘acabó la labor u obra en la empresa’, cuando estos trabajadores ejercen funciones permanentes que sólo acabarían con el cierre de la empresa”, sostiene un comunicado reciente del sindicato de Capital Salud.

Consultado por este diario, el gerente de Capital Salud, Alain Jiménez, asegura no tener conocimiento de los casos y dice que las personas de la temporal terminan su período y son contratadas en una o dos semanas máximo. Dice también que desde que entró al cargo, hace ocho meses, ha puesto su interés y compromiso en mejorar las condiciones de los trabajadores, y reconoció que encontró la empresa en una situación compleja y desde entonces ha intentado hacer algunos cambios administrativos que no ha podido socializar en la asamblea de socios porque se suspendió la reunión. No quiso referirse al caso de Rodríguez, pero aseguró que sigue vinculado con ellos, pese al fallo de segunda instancia.

Simón Rodríguez está hospitalizado. Habla de la muerte y de la enfermedad con cercanía. Habla del país que le tocó en suerte y concluye: “No sé por qué tuve que vivir este infierno de violencia, en el monte, en los tribunales. La guerra, la que me tocó, no se libra contra la enfermedad, como debería ser, sino contra las personas que tenemos VIH”.

Una Opción Temporal permanente
A mediados de 2013, Capital Salud tenía unos 600 mil usuarios de Bogotá y Meta. Durante ese semestre, la Superintendencia de Salud eliminó varias EPS del Régimen Subsidiado. Una de las EPS que se eliminó fue Humana Vivir, y sus cerca de 400 mil usuarios pasaron a Capital Salud. Como era lógico, Capital Salud no estaba preparada para atender a un millón de usuarios. Fue cuando se propuso vincular trabajadores para cumplir con estos compromisos a través de una temporal: Opción Temporal SAS. La idea la ambientó el entonces exsecretario de Salud Aldo Cadena. Pero la contratación con la temporal no fue temporal y en cambio fue creciendo. Hoy tienen más de 400 trabajadores y su contratación es cuestionada.

En su momento, la gerente de Capital Salud, Alba Mayorga, tomó la decisión de quitarle el manejo del recurso humano a la cooperativa Talentum. La gerencia argumentó que eso significaría un ahorro económico (Talentum cobraba por la administración el 6%). Pero Opción Temporal entró cobrando el 11%. Ante el desfase y la crisis económica que se desató en la empresa, pasó al 8% y hoy cobra el 7% por esa administración.

Capital Salud, una pugna de poder
Capital Salud es una empresa de economía mixta, eso significa que tiene dineros del Estado y dineros de socios privados. Nació en 2009, durante la administración del alcalde Samuel Moreno. En ese entonces la empresa Salud Total llenó los requisitos para asociarse con el Distrito en la prestación de servicios de salud. En enero de 2011 cambió la razón social de Salud Total a Salud Total SAS. Seis meses después se creó Capital Salud, en julio de 2011. La empresa nació con el 51% de capital de parte del Distrito y el 49% de parte de privados. Pero en el acuerdo marco se le dio casi todo el poder administrativo al socio privado, pese a que el socio público era mayoritario. En la administración actual se empezó una pugna interna en la empresa entre el Distrito y los socios privados por recuperar el poder. Eso se ha expresado en que después de cuatro años de existencia, la empresa ha tenido seis gerentes, dos encargados y cuatro oficiales.

* Por razones de seguridad e intimidad, este diario decidió modificar su nombre y reservar su identidad, así como la descripción detallada de lugares y victimarios.