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La Fiscalía General de la Nación investiga las presuntas irregularidades en el convenio suscrito el año pasado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), de cara a modernizar la línea 123.
Según ha trascendido, existe una denuncia formal que da cuenta de las supuestas irregularidades, por lo que el ente investigador abrió una investigación preliminar y ordenó la recolección de documentos. (Lea: Caso 123 llega a la Fiscalía)
La emisora Blu Radio pudo establecer que todas las personas que aparecen vinculadas en el caso, entre ellas el alcalde Gustavo Petro, serán citadas a una entrevista o a interrogatorio en las próximas semanas para que aclaren sus conductas.
Las presuntas irregularidades salieron a flote luego de que el gerente del Fondo, Fernando Arbeláez Bolaño, se negara a cumplir la orden del alcalde de firmar, sin importar razones jurídicas, un otrosí al convenio que hay con la ETB para modernizar la línea 123 y autorizar un giro de $28.000 millones.
Se presume que detrás del convenio hay advertencias de organismos de control, de la interventoría y de funcionarios del propio Distrito, quienes han señalado que el acuerdo con la ETB tendría “irregularidades insubsanables”, que hacen imposible firmar modificaciones y, menos, girar recursos. Es más, según un documento que conoció El Espectador, la sugerencia era la de liquidar el convenio.
Por ejemplo, la Contraloría descubrió una serie de irregularidades insubsanables alrededor del convenio, como violación al régimen de contratación, así como la carencia de anexos técnicos, económicos y financieros.
Además, el Fondo de Vigilancia y Seguridad sostuvo que la interventoría evidenció inconsistencias que harían inviable el convenio como el incumplimiento de las pólizas y “del cronograma pactado para la puesta en marcha de la nueva plataforma”.
Por Redacción Bogotá
