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27 Jul 2022 - 7:51 p. m.

Magistrada Nelly Villamizar renunciaría a ser garante de sentencia del río Bogotá

La magistrada Nelly Villamizar, quien es la garante del cumplimiento de la sentencia que ordena recuperar río Bogotá, dice que se siente coaccionada en su independencia judicial. Asegura que estudia con sus abogados pedir que la reemplacen como juez garante de la sentencia y le quiten esa responsabilidad.
Alexánder Marín Correa

Alexánder Marín Correa

Editor de la sección Bogotá
Nelly Villamizar, magistrada del Tribunal de Cundinamarca, realizó el año pasado visitas de verificación de los polígonos mineros de la Sabana.
Nelly Villamizar, magistrada del Tribunal de Cundinamarca, realizó el año pasado visitas de verificación de los polígonos mineros de la Sabana.
Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, conocida como la “madrina” del río Bogotá, luego de 20 años podría dejar de ser la garante del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que ordena recuperar el afluente. Así lo indicó la funcionaria al señalar que analiza, con sus abogados, la posibilidad pedir al Consejo de Estado que la releven de dicha responsabilidad.

La togada dice sentirse coaccionada en su independencia judicial con los recientes pronunciamientos y anuncios de denuncias penales y disciplinarias en su contra. La razón: hoy, una vez más, está en el ojo del huracán por la decisión en la que le ordenó a la CAR Cundinamarca pagarle todo el contrato al encargado de la ampliación de la PTAR Salitre, pese a que hay un pleito por posibles fallas e incumplimientos en la obra.

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Su decisión levantó ampolla. No solo se pronunció la Procuraduría General de la Nación rechazando el auto de la magistrada al considerarla “desafortunada y alejada del ordenamiento jurídico”, ya que “el juez de los derechos colectivos no tiene competencia para pronunciarse y resolver asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales”, sino que se anunciaron denuncias penales y disciplinarias en contra de la funcionaria (como lo hizo la próxima ministra de Ambiente, Susana Muhamad) al considerar que la orden no solo atentaba contra la realidad jurídica del contrato, sino contra la integridad y moralidad pública.

“El estado es que la planta no funciona y, de acuerdo con el Acueducto de Bogotá, varios equipos aún no funcionan y no tienen garantía. Es una planta nueva, en su ampliación, que costó $1,3 billones. Sin embargo, sorpresivamente la magistrada obliga a la CAR a pagarle al contratista. Por lo tanto, antes de que la CAR pague y el contratista se vaya del proceso, y le quede todo este incumplimiento al Acueducto, que terminaremos pagando con nuestra tarifa de agua, hacemos un llamado a los entes de control para que actúen inmediatamente”, dijo Muhamad.

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Ante el revuelo, ella simplemente indicó que no se iba a pronunciar frente a la decisión en particular. No obstante, sí expresó su malestar por lo que está ocurriendo. “Me siento acosada y perseguida. Se están violando los artículos 113 y 228 de la Constitución al denunciarme penal y disciplinariamente. Eso coarta mi autonomía como juez. Aunque no me declararé impedida, voy a dirigirme a todas las Cortes para que resuelvan mi situación y definan si me reemplazan como juez en el caso del río Bogotá”.

“Llevo 20 años manejando este proceso, protegiendo los recursos del río Bogotá, estudiando este caso, porque amo el río como si fuera un hijo. Pero no me queda más que pedirle al Consejo de Estado y a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que me reemplacen como juez garante de este caso. Me siento coaccionada en mi independencia judicial. Me tengo que apoyar en mis abogados”, concluyó.

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Por ahora, la polémica alrededor de la defectuosa PTAR Salitre sigue creciendo. En menos de dos meses termina el contrato y lo que no se logre corregir en este tiempo frente al funcionamiento de la Planta, lo tendrán que pagar los bogotanos.

Otros fallos que levantaron ampolla

No es la primera vez que la magistrada Villamizar emite una decisión de este calibre. Se dio a conocer en 2001 cuando emitió la sentencia que ordena la recuperación del río Bogotá. En su decisión involucró a todas las entidades territoriales, que operan en la cuenca del afluente, a descontaminarlo. Aunque el fallo fue apelado, luego fue ratificado en instancias superiores y desde entonces es la encargada de velar por su cumplimiento, al punto de ganarse el apodo de la “madrina del río Bogotá”.

Sin embargo, otros pronunciamientos han sido más criticados que aplaudidos. Uno de ellos fue el que tomó frente a un álgido proceso como el de la reserva Van der Hammen, luego de que la alcaldía de Enrique Peñalosa radicó ante la CAR una solicitud para recategorizar, realinderar y sustraer parte de la zona de protección para poder construir varias vías y sacar adelante un proyecto ambiental, que incluía suelo urbanizable. En octubre de 2018, ante la supuesta demora de la CAR para responder a la solicitud, Villamizar ordenó “aprobar y acoger completamente” el plan de la Alcaldía. Aunque dos semanas después se tuvo que retractar, le dio un plazo de 120 días a la CAR para responder a la petición del Distrito.

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En noviembre de 2019 emitió un auto en el que vinculó a los 45 concejales de Bogotá en un proceso por posible desacato por haber tumbado el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial que había radicado el exalcalde Peñalosa. Para hacerlo, se basó en una decisión que, a partir de abril de 2019, le daba al cabildo un año para incluir en el POT las variables ambientales de cambio climático y la gestión de riesgos asociados al río. La polémica en su momento radicó en que el plazo no se había vencido.

El año pasado ordenó frenar la autorización de nuevos planes parciales hasta que se ajustaran a los planes de ordenamiento territorial (POT), tanto en Bogotá como en los 46 municipios sobre la cuenca del río Bogotá. Esto, nuevamente, en el marco de la sentencia que ordena recuperar el río Bogotá, y bajo el argumento de que las obras en la región no se estarían planeando con una visión regional, dejando de lado aspectos como acueductos y alcantarillados, vías, hospitales y nuevos colegios.

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Finalmente, en abril del año pasado emitió un auto en el que ordenaba aplazar el paro nacional, con el fin de proteger la vida del personal de la salud y la de las familias, que explicó en su momento: “los médicos están pidiendo que se guarden todas las medidas de seguridad, no hay camas y las UCI están colapsadas y la pretensión es proteger derechos fundamentales y qué hay más esencial que a la vida y la salud pública”.

Si bien algunas de sus decisiones han generado debate, lo cierto es que cada una las ha defendido a su manera, como lo hizo con la más importante de su carrera: la de recuperar el río Bogotá.

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Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista manizaleño, con experiencia en periodismo de datos, judicial, investigación y local. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
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