Durante más de quince días el contratista encargado de proveer alimentos a 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado a cargo de la Secretaría de Integración Social ha prestado mal el servicio. Así lo reconoce Harolh Martínez, subsecretario de Integración, quien además afirma que él había revisado las calidades del Consorcio Alimentación Social 2013 antes de que se abriera la subasta que se terminó ganando. Así lo dijo a El Espectador. Sin embargo, la misma secretaría había desestimado a ese oferente en otro proceso celebrado un mes antes y recibido una advertencia de parte de la veeduría ciudadana sobre el contratista.
El 21 de junio pasado, la Secretaría de Integración Social firmó un contrato con el Consorcio Alimentación Social 2013 para la entrega de “crudos” (alimentos para preparación) en 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado de siete localidades. El valor del contrato fue $18.253 millones.
“Nos comunicamos con los jardines y centros de cuidado que dependen del consorcio. En 47 encontramos que no se pueden dar los menús definidos por la secretaría debido a la carencia de alimentos, lo que ha generado la reducción de las porciones, que no se sirva proteína o fruta o sólo se dé agua de panela”, afirmó el concejal Juan Carlos Flórez, quien ha seguido este millonario contrato.
Pero esos no son los únicos cuestionamientos sobre el consorcio, que está conformado por la Fundación Multiactiva Emprendiendo y por la Corporación Ambiente Colombia (Coramcol). De acuerdo con el concejal, el contratista no tiene la experiencia para el manejo logístico que implica el contrato. No está capacitado en el manejo del software que permite definir los gramajes necesarios. No conoce el territorio, al no tener experiencia logística en Bogotá. Y no tiene la experiencia para realizar las compras de alimentos en centrales mayoristas.
La Secretaría de Integración reconoció que el operador ha fallado. Que ha quedado mal tanto en la frecuencia como en las cantidades de alimentos entregados y que ha hecho entregas fraccionadas.
“Esas irregularidades comenzaron el 4 de julio, cuando inició la ejecución del contrato. Por eso, el 15 de julio iniciamos un proceso de seguimiento por posible incumplimiento”, afirmó Harolh Gómez, subsecretario que estuvo al frente del proceso licitatorio. Además, el funcionario dijo que pronto el contratista decidirá a qué firma sugiere para cederle el contrato. Y también, que “el proceso fue transparente. Ellos (el contratista) sí tenían las facultades para concursar en esa licitación”
Sin embargo, El Espectador tuvo acceso al acta de la audiencia que decidió sobre el proceso de selección abreviada que terminó dándole el aval a el consorcio para participar en la subasta que otorgó el contrato.
En ese documento, de la Secretaría de Integración, queda explícito que Lucero Téllez Hernández, en calidad de Veedora Ciudadana, afirmó que la propuesta del consorcio no podía ser tenida en cuenta porque Coramcol no “cumple con el objeto contractual requerido para el presente proceso, toda vez que en los estatutos presentados puede corroborarse que el proponente cuenta con experiencia y conocimiento en el tema ambiental, pero no con suministro de alimentos perecederos y no perecederos. Situación que no puede ser permitida por la entidad pues son conductas que en el pasado han originado hechos de corrupción y no permitieron la participación activa de otras empresas en procesos de selección similares a este en la SDIS”.