El fin de semana continuaron las protestas en varios sectores de Bogotá, especialmente en sectores populares, en donde se registran cobros desproporcionados por el impuesto.
Mientras en algunos casos en viviendas de estratos cuatro y cinco los recibos están por debajo de cien mil pesos, en otros de estrato dos o tres sobrepasan el millón de pesos, por predios cuyo valor no supera los 60 millones de pesos.
Analistas y expertos consideran que en esas condiciones el impuesto de valorización destruye el concepto básico de la progresividad en la tributación, es decir que deben pagar más los de mayores ingresos y menos los de menores ingresos.
Varios concejales de Bogotá están analizando el tema y adelantan ya una campaña para buscar echar para atrás todo el proceso, tal como sucedió hace cuatro años en la administración de Antanas Mockus.
Por su parte, la Contraloría Distrital envió unos 20 funcionarios al IDU para investigar la metodología de cálculo del tributo y verificar todo el proceso, pues hace dos años envió un control de advertencia a esa entidad y el Contralor, Oscar González Arana, por considerar que se están cometiendo los mismos errores que el organismo advirtió en ese momento.
Por ahora, como medida temporal, el alcalde, Luis Eduardo Garzón, extendió el plazo para el pago del tributo al 28 de enero próximo, medida que no ha acallado el descontento ciudadano por las aparentes inconsistencias en la valorización.