“Masacres fueron cometidas en alianza con altos funcionarios del Estado vestidos de corbata”: Petro

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a la investigación que se abrió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto nexos con paramilitares, asegurando que la justicia debió tomar cartas en el asunto hace bastante tiempo.

De acuerdo con Petro, la justicia debió actuar “hace mucho tiempo porque las masacres en Colombia fueron cometidas en alianza y complicidad con altos funcionarios del Estado vestidos de corbata”.

“Es el poder el que propinó la masacre y el genocidio en Colombia y en esa medida nuestros instrumentos de justicia no han sido capaces, con contadas excepciones, de hacer la investigación de esos genocidios”, afirmó el mandatario.

Petro recordó, además, que en su momento investigó la masacre del Aro, donde Mancuso y helicópteros de la gobernación de Antioquia sobrevolaban la zona verificando la matanza que duró 48 horas.

”En ese entonces los helicópteros dependían del secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, el señor Moreno, que fue después asesinado, y en tierra el jefe de los paramilitares era el señor Villalba, que también fue asesinado. Y por el sistema de comunicaciones de la gobernación de Antioquia llegaron los mensajes del señor Toro y de varios integrantes de la Convivir en donde anunciaban la masacre”, finalizó el mandatario.

La Fiscalía General compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al actual senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en la masacre de El Aro registrada el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia).

Esta solicitud se desprende de las declaraciones entregadas ante una comisión de la Fiscalía General por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', que señaló que el entonces gobernador de Antioquia tuvo conocimiento directo de los hechos. Igualmente el ente investigador compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue su conocimiento en el homicidio del paramilitar Francisco Villalba Hernández -condenado por esta masacre- y quien señaló directamente a Uribe Vélez.

“Me reúno con Villalba y le pregunto si había forma de cesar esas declaraciones contra el gobierno en lo que respecta a lo que sucedió en El Aro. Concretamente, las sindicaciones contra el presidente Álvaro Uribe. Me responde que no, que va a continuar porque es una manera de catarsis, de desahogarse con lo que pasó. Le ofrezco un dinero y mejorar las condiciones, pero que por ninguna circunstancia van a cesar las denuncias”, dijo 'Don Berna'.

Además se pide establecer la veracidad de las denuncias presentadas por una presunta estrategia encaminada a la presión de testigos para que cambiaran y modificaran sus versiones entregadas ante las autoridades judiciales. En dos oportunidades la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha compulsado copias para investigar al exgobernador de Antioquia.

El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del senador del Centro Democrático calificó esta nueva decisión como una "persecución sin precedentes" por parte de la Fiscalía General.
 

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a la investigación que se abrió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto nexos con paramilitares, asegurando que la justicia debió tomar cartas en el asunto hace bastante tiempo.

De acuerdo con Petro, la justicia debió actuar “hace mucho tiempo porque las masacres en Colombia fueron cometidas en alianza y complicidad con altos funcionarios del Estado vestidos de corbata”.

“Es el poder el que propinó la masacre y el genocidio en Colombia y en esa medida nuestros instrumentos de justicia no han sido capaces, con contadas excepciones, de hacer la investigación de esos genocidios”, afirmó el mandatario.

Petro recordó, además, que en su momento investigó la masacre del Aro, donde Mancuso y helicópteros de la gobernación de Antioquia sobrevolaban la zona verificando la matanza que duró 48 horas.

”En ese entonces los helicópteros dependían del secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, el señor Moreno, que fue después asesinado, y en tierra el jefe de los paramilitares era el señor Villalba, que también fue asesinado. Y por el sistema de comunicaciones de la gobernación de Antioquia llegaron los mensajes del señor Toro y de varios integrantes de la Convivir en donde anunciaban la masacre”, finalizó el mandatario.

La Fiscalía General compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al actual senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en la masacre de El Aro registrada el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia).

Esta solicitud se desprende de las declaraciones entregadas ante una comisión de la Fiscalía General por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', que señaló que el entonces gobernador de Antioquia tuvo conocimiento directo de los hechos. Igualmente el ente investigador compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue su conocimiento en el homicidio del paramilitar Francisco Villalba Hernández -condenado por esta masacre- y quien señaló directamente a Uribe Vélez.

“Me reúno con Villalba y le pregunto si había forma de cesar esas declaraciones contra el gobierno en lo que respecta a lo que sucedió en El Aro. Concretamente, las sindicaciones contra el presidente Álvaro Uribe. Me responde que no, que va a continuar porque es una manera de catarsis, de desahogarse con lo que pasó. Le ofrezco un dinero y mejorar las condiciones, pero que por ninguna circunstancia van a cesar las denuncias”, dijo 'Don Berna'.

Además se pide establecer la veracidad de las denuncias presentadas por una presunta estrategia encaminada a la presión de testigos para que cambiaran y modificaran sus versiones entregadas ante las autoridades judiciales. En dos oportunidades la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha compulsado copias para investigar al exgobernador de Antioquia.

El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del senador del Centro Democrático calificó esta nueva decisión como una "persecución sin precedentes" por parte de la Fiscalía General.