“Si nos sacan es injusto”: el decreto por el que protestaron vendedores ambulantes

Bogotá tiene más de 80 mil vendedores informales.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este jueves, el centro de Bogotá fue protagonista de una protesta por parte de algunos vendedores informales de la ciudad, quienes se dieron cita frente a la sede del Instituto para la Economía Social - IPES y por algunas horas bloquearon la Av. Caracas con calle 19.

Su principal inconformidad radica en el vigente Decreto 315 de 2024, donde establece que el IPES debe emitir un Protocolo de Uso y Aprovechamiento Económico del Espacio Público que reemplaza la Resolución 267 de 2020.

Este instrumento incluye a 34 actividades como las Plazas Distritales de Mercado, actividades artísticas reguladas, agricultura urbana, estacionamiento en vía pública y, por supuesto, vendedores informales ambulantes, por mencionar algunos.

Su temor está infundado en que sean retirados de las calles, luego de haber trabajado por décadas y siendo ese su único sustento económico. Así lo expresó María Consuelo Bernal, vendedora informal, para CityTv. “Señor alcalde, póngase la mano en el corazón y piense en las personas que trabajamos en la calle. Yo ya tengo 60 años y soy discapacitada. Nos va a mandar a aguantar más hambre”.

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En otros casos, su miedo es que les realicen cobros excesivos y al no poder pagarlo, sea otro vendedor, con más capacidad económica, quien termine usando ese espacio público. “Si yo podría pagar 20 mil pesos mensuales, por ejemplo, y llega otro de alguna empresa a pagar $100 mil, me estarían sacando a mí injustamente”, expreso Henry, vendedor informal, a Noticias Caracol.

Por su parte, Sandra, quien lleva 27 años vendiendo ropa en el barrio Quirigua, aseveró que “perderíamos la confianza legítima. Si llevas 10 años, la perdiste. Porque viene un nuevo contrato a 1 o 5 años”, dijo. “Dicen que en un año tenemos que entregar el espacio público voluntariamente. El protocolo viola toda la jurisprudencia que tenemos a favor de nosotros. A quienes somos de comidas rápidas, nos exigen baños públicos, agua potable, congeladores, cuando no tenemos siquiera acceso a luz. Si lo construimos entre todos, estamos dispuestos a hacerlo”, pidió Esmeralda Moreno, representante de vendedores informales y consejera distrital de Chapinero, a CityTv.

Y es que precisamente la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, se manifestó a través de sus redes sociales, aseverando que si bien “hemos insistido en la necesidad de regular el espacio público (...) se está desarrollando la reglamentación sin un ejercicio de concertación requerido por la población afectada. La Administración cuenta con otras herramientas para acercar estas diferencias, como lo es el acuerdo 890 de 2023 de nuestra autoría en el que se proponen, para estos casos, pactos de acción colectiva que deben ser una medida a evaluar para mediar estas circunstancias”.

A su voz, se sumó la ONG Temblores, quienes expresaron su preocupación, recordando que la Corte Constitucional, los reconoció como sujetos de especial protección constitucional, fundamentado en las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran.

“Este decreto vulnera directamente el derecho a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital (...) Es inadmisible que en pro de la recuperación y protección del espacio público se vulneren derechos fundamentales de personas empobrecidas, ordenar el cobro por usar el espacio público a las personas que trabajan en las calles configura una negación sistemática de derechos”.

¿Qué responde el IPES?

Wilfredo Grajales, director del IPES, aseguró que el protocolo para el aprovechamiento para vendedores informales lo están haciendo. “Estamos en la etapa de socialización. Yo creo que la semana entrante ya entramos en la etapa de discusión, de aprobación. Pero en este momento es una propuesta”, dijo.

Respecto a los cobros, aseveró que “no sabemos como se va a hacer ese pago, esa retribución, eso no se ha definido. Está puesto sobre la mesa para ser discutido y se va a hacer sin duda hablando con la comunidad, con los afectados. Luego no creemos que sea ajustado muchas de las cosas que se vienen oyendo y crean zozobra que no debe existir”, sentenció.

Adicionalmente, a través de un comunicado, el IPES explicó que la retribución económica seguirá “un enfoque diferencial que tenga en cuenta las realidades socioeconómicas” de esta población y “dependerá si el vendedor utiliza mobiliario propio o si hace uso de las alternativas ofrecidas por el IPES. También se contempla reducciones o incluso exenciones en la tarifa para personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad”, indicaron.

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Respecto a los permisos para el aprovechamiento del espacio público, la entidad distrital señaló que “no existe ninguna directriz para desalojarlos”. “Estos (permisos) se otorgarán por un período de 1 a 2 años, dependiendo de si el vendedor informal utiliza mobiliario propio o mobiliario de la Entidad. Podrán ser renovados hasta por un plazo máximo de cinco años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el protocolo”.

Según el Decreto 315 de 2024, la conservación del espacio público la definen bajo “acciones de recuperación” que incluyen “las técnicas de gestión y administración, así como las actividades orientadas a rehabilitar el espacio para los fines que fue establecido”.

“El mejoramiento se refiere a la transformación o progreso del espacio público que está en condición precaria o deficiente hacia un estado mejor; y la conservación implica las acciones de protección o cuidado sobre el espacio público, de acuerdo con la gestión de las diferentes actividades de aprovechamiento económico del espacio público, para preservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro”, detalla el decreto.

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