El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también cubren derechos políticos, como los invocados por el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Vivanco se refirió al caso de Petro, destituido e inhabilitadopara ejercer cargos públicos por quince años por el presidente Juan Manuel Santos, que acató así una decisión de la procurador Alejandro Ordóñez y rechazó las medidas cautelares pedidas para este caso por la CIDH.
La canciller María Ángela Holguín explicó el miércoles que las medidas cautelares "no son un mandato ni son obligatorias" y que no fueron acogidas por el Gobierno, porque Petro tuvo oportunidad de defenderse en los tribunales y además no estaban de por medio la vida y la integridad del afectado sino sus derechos políticos.
"Quien interpreta la Convención Americana y quien interpreta las medidas cautelares de la Comisión no es la canciller de Colombia, ni el canciller de Venezuela o de Ecuador, es la Comisión Interamericana la que interpreta por qué está otorgando estas medidas y en qué circunstancias proceden", dijo Vivanco a los periodistas en Bogotá.
Vivanco, que presentó un informe de HRW sobre la violencia en la ciudad de Buenaventura, dijo que en Colombia hay una institución para interpretar estas medidas que es la Corte Constitucional.
"En los fallos donde ha interpretado la obligatoriedad de las medidas cautelares de la Comisión, el máximo tribunal del país no distingue que estas medidas son obligatorias solo cuando se está tratando de proteger la vida o integridad de una persona, y que no obliga cuando se trata de proteger, como en este caso, el ejercicio de derechos políticos", dijo.
Vivanco enfatizó que este derecho (político) no es menor, pues "es el corazón de la Convención Americana, de allí emana el resto de los derechos protegidos", manifestó.
Reconoció, sin embargo, que es válido que la canciller tenga su propia interpretación de lo que son las medidas cautelares y cuando se conceden y cuando no, pero, agregó, "creo que quien se está excediendo en sus competencias no es la Comisión, es el Gobierno de Colombia", afirmó.
Dijo también que desde el punto de vista estrictamente jurídico "aquí no había alternativa salvo el cumplir de buena fe con las medidas cautelares adoptadas por la CIDH, que fueron adoptadas en términos unánimes por los siete miembros de la Comisión" con sede en Washington.
Sobre la destitución de Petro por el manejo de la crisis de las basuras de 2012, comentó: "me imagino que aquí prevalecieron razones políticas y no jurídicas para no acatar y para rechazar las medidas cautelares interpuestas por la Comisión".
Petro fue elegido alcalde por voto popular para el periodo 2012-2015 pero una investigación de la Procuraduría consideró que cometió faltas graves en diciembre de 2012 al cambiar de manos privadas a un modelo público el sistema de recolección de basuras de la capital colombiana.
Vivanco criticó "que un funcionario público como el procurador Alejandro Ordóñez simplemente porque discrepa de la gestión de una autoridad elegida, ordene su destitución y su inhabilitación por 15 años".
En referencia a la sanción, dijo que lo ocurrido en Colombia demuestra "el exceso, el abuso de poder por parte de una autoridad nacional" y expresó su deseo "de que todo esto concluya pronto con modificaciones o reformas a las atribuciones de una Procuraduría para ajustarla a los estándares internacionales en materia de derechos Humanos".
Por EFE
